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Congreso Virtual Internacional de Psiquiatría, Psicología y Salud Mental (Interpsiquis)
XXVII edición - 2026

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Trabajo perteneciente al simposio:
Trastorno mental y conducta delictiva: perspectivas clínicas y forenses - Código SPO011
moderada por María del Pilar Paz Otero Ver Resumen

Marco legal, responsabilidad penal y práctica clínica: el rol del psiquiatra en la interfaz salud mental–justicia

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Primer autor/a: María del Pilar Paz Otero
Psiquiatría | España

Demás autor/es: Sandra Puyal González, Estela Lozano Bori, Julia Sánchez Rodríguez, Federico Mayor Zaragoza, Marina Fernández Fariña
Conferencia
Fecha Publicación: 24/05/2026
Área temática: Psiquiatría legal y forense .
Palabras clave: Imputabilidad, responsabilidad penal, juicio de realidad

RESUMEN

La intersección entre salud mental y justicia plantea desafíos complejos que requieren una comprensión sólida del marco legal y de las implicaciones clínicas de la responsabilidad penal. En este contexto, el papel del psiquiatra resulta esencial tanto para la evaluación rigurosa de las condiciones mentales de una persona como para la interpretación de cómo estas pueden influir en su conducta y capacidad de responsabilizarse legalmente por ella. Conceptos como imputabilidad, capacidad de obrar, medidas de seguridad o riesgo de violencia forman parte del núcleo de la práctica forense y orientan las decisiones judiciales relacionadas con individuos que presentan trastornos mentales.

El psiquiatra forense debe integrar conocimientos clínicos actualizados con comprensión del funcionamiento del sistema legal. Su labor incluye valorar la presencia de trastornos mentales que puedan afectar el juicio, el control de impulsos o la percepción de la realidad, así como estimar el nivel de riesgo futuro de conducta violenta o antisocial. Estas evaluaciones tienen un impacto significativo en procesos judiciales, sentencias, medidas de seguridad y recomendaciones de tratamiento.

Asimismo, el profesional debe manejar dilemas éticos relevantes, como la tensión entre confidencialidad y deber de informar, la objetividad pericial o la necesidad de evitar sesgos que puedan influir en sus conclusiones. La colaboración entre servicios sanitarios y el sistema judicial es fundamental para garantizar decisiones proporcionadas, justas y basadas en evidencia. Un enfoque conjunto permite mejorar la precisión de las valoraciones, promover intervenciones más adecuadas y asegurar que la respuesta legal sea coherente con las necesidades clínicas y los derechos de la persona evaluada.

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