Los problemas relacionados con el uso de restricciones persisten como tema de discusión y debate entre los profesionales de la salud mental, y cada vez más, en la sociedad en general.
Aunque el uso de restricciones físicas y farmacológicas sigue siendo controvertido, ahora se reconoce como inevitable y necesario para gestionar alteraciones del comportamiento y agitaci&...
Los problemas relacionados con el uso de restricciones persisten como tema de discusión y debate entre los profesionales de la salud mental, y cada vez más, en la sociedad en general.
Aunque el uso de restricciones físicas y farmacológicas sigue siendo controvertido, ahora se reconoce como inevitable y necesario para gestionar alteraciones del comportamiento y agitación psicomotora que representan un riesgo para el paciente u otros.
Se reconoce ampliamente que las intervenciones coercitivas están asociadas con una incidencia elevada de daño físico y psicológico tanto para los pacientes como para los trabajadores sanitarios, lo que conduce a efectos perjudiciales a corto y largo plazo en la relación paciente-profesional, incluidas fatalidades.
En consecuencia, hay una creciente conciencia sobre la importancia de utilizar estas restricciones en unidades psiquiátricas o de salud mental, así como en centros residenciales y sociales de salud.
El cambio de enfoque, centrado en el imperativo de reconocer la dignidad humana, comenzó a fines del siglo XX y es evidente en las sucesivas declaraciones de organizaciones internacionales. Aunque el objetivo de lograr un sistema de "cero restricciones" sigue siendo distante, es imperativo establecer regulaciones claras que garanticen el respeto de los derechos fundamentales de las personas involucradas.
En este contexto, dada la ausencia de regulaciones específicas a nivel nacional y la proliferación de diversas regulaciones regionales, la Instrucción 1/2022 de la Fiscalía General sobre el Uso de Restricciones Mecánicas o Farmacológicas en Unidades Psiquiátricas o de salud mental y en Centros Residenciales y/o Sociales de Salud para Personas Mayores y/o con discapacidad establece las reglas principales de acción y organización en este ámbito.
En consecuencia, consideramos obligatorio que todos los profesionales de la salud mental que trabajen en España estén familiarizados con ella.
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