El protocolo de coordinación para la atención al alumnado con problemas de salud mental, que han elaborado conjuntamente la Conselleria de Educación y la de Sanidad, da una serie de instrucciones sobre cómo abordar la atención a estos menores tanto en los colegios como en los centros sanitarios. En concreto, el borrador del documento al que ha tenido acceso este diario recoge como destinatario «todo el alumnado escolarizado en centros educativos y que puede presentar una sospecha de trastorno mental o síntomas importantes de estos, aunque el alumno o alumna no esté diagnosticado todavía».
Esta sospecha puede ser en relación a diversos problemas de salud mental: trastorno del espectro del autismo, por déficit de atención e hiperactividad, alimentario, del control de los impulsos y de la conducta, de ansiedad, psicótico... El protocolo está pensado incluso para actuar con alumnos que presenten conductas suicidas (con tentativas de suicidio) o autolesivas.
De lo que se trata, en definitiva, es de coordinar a servicios sanitarios y educativos «desde el primer momento en que se detecte la sospecha de que un alumno puede presentar un problema de salud mental». La detección temprana en ese sentido se revela clave.
Así que en el colegio, ante la primera sospecha, el tutor y el orientador tendrán que convocar a la familia y realizar una «evaluación psicopedagógica» y una derivación a los especialistas sanitarios si procede. Al contrario sucederá lo mismo: si la sospecha de un problema mental se realiza primero en el ámbito sanitario, los facultativos pedirán autorización a la familia para intercambiar información con el colegio, al que se podrá remitir un cuestionario para que cumplimenten los profesores. El orientador educativo podrá informar sobre la conducta y los hábitos del alumno así como detallar las medidas adoptadas por el centro.
La intervención debe ser «transversal» e incluir la vertiente escolar y clínica y «asesoramiento familiar e intervención farmacológica si el facultativo así lo considera». En el caso de las medidas a tomar por el centro educativo, se podrán contemplar medidas de atención a la diversidad, individualizadas o grupales, con personal complementario... Y esto puede incluir la «supervisión de la medicación».
PROTOCOLO
Alcance. El protocolo será aplicable a los centros educativos públicos (se podrán acoger también el resto de centros), los centros de atención primaria (CAP) y las unidades de salud mental infantil y de adolescencia(USMIA).
Destinatarios. «Todo el alumnado escolarizado en centros educativos y que puede presentar una sospecha de trastorno mental o síntomas importantes de estos, aunque el alumno o alumno no esté diagnosticado todavía». Y esto vale, por ejemplo, para trastornos alimentarios, psicóticos, del espectro del autismo, por déficit de atención e hiperactividad, conductas suicidas o autolesivas, etc.
