No resulta descabellado afirmar que, hasta hace bien poco, determinadas enfermedades no existían, entre comillas. El estrés, la depresión y el acoso laboral a buen seguro tenían lugar, pero no se incluían en el catálogo de males ni de causas para solicitar una baja. Por suerte, esta situación ha cambiado, no solo gracias al mayor reconocimiento de derechos de los trabajadores, sino también por la aceptación social de patologías muy graves que conllevan una relevante componente psicológica. Sin embargo, no hay que perder de vista otro fenómeno paralelo protagonizado por individuos sin escrúpulos que se aprovechan de modo fraudulento de estas situaciones sobrevenidas.
Determinar la gravedad de un estado anímico se me antoja una tarea nada fácil. Más aún determinar cómo afecta a las facultades necesarias para ejercer un empleo. Dicho de otro modo, dictaminar acertadamente una baja por depresión
no debe ser siempre sencillo. Ni mucho menos. A ello hay que añadir que la actual normativa prevé la posibilidad de alargar la contingecia hasta un máximo de dieciocho meses, en los que el empresario continúa pagando al enfermo mientras, simultáneamente, se ve obligado a contratar a un suplente.
Aun así, parece comprensible que los facultativos, ante la duda, extiendan el parte y no se arriesguen a incurrir en un error que pueda acarrearles graves responsabilidades. Para colmo, el tratamiento recomendado no suele ser el habitual de guardar reposo y permanecer en el domicilio, sino que se aconseja desarrollar actividades que conlleven diversión y huida de la rutina, unas indicaciones que favorecen que los caraduras hagan de su capa un sayo y, encima, por prescripción facultativa. Lo más lamentable es que la existencia de estos cuentistas desahogados supone que acaban pagando justos por pegadores.
Los abogados laboralistas están al cabo de la calle en lo tocante a ejemplos concretos de tipos que solicitan una baja con la finalidad de negociar su despido, para dedicarse después a otra ocupación que, incluso, han estado llevando a cabo durante ese período de inactividad. Los hay que hasta amenazan a los jefes con instar una baja por depresión si estos no atienden a sus requerimientos. En coyunturas como la referida, la única vía por parte de las empresas para detectar el fraude es controlar los procesos a través de las Mutuas, una medida que es viable transcurridos los quince primeros días de la baja.
En este punto, me gustaría hacer una reflexión. No parece lógico que un trabajador serio y formal decida pagar a un buen empresario con la moneda del fraude más deshonesto, pero la cruda realidad es que, ni todos los empleadores son considerados y respetuosos, ni todos los empleados son cumplidores y responsables. Y tan defendibles son los derechos de un trabajador que no recibe un trato digno en su puesto de trabajo, como los de un empresario que se topa con un sinvergüenza. En definitiva, nos enfrentamos a un fraude en toda regla que, en consecuencia, merece ser perseguido y castigado. Se impone, pues, la responsabilidad en unos tiempos en los que tener trabajo equivale a ser propietario de un tesoro.
Myriam Z. Albéniz.
