Un trabajo publicado en JAMA ha mostrado que la mayor utilización de los servicios de telesalud forzada por la situación causada por el COVID-19 podría haber beneficiado a las personas con trastorno por consumo de opioides (OUD, por las siglas en inglés de “opioid use disorder”), medido en términos de mantenimiento de la pauta de tratamiento y reducción del riesgo de sobredosis.
Se trata de un trabajo realizado por varios investigadores de diversos centros públicos estadounidenses, entre ellos el National Center for Injury Prevention and Control, de los CDC de Atlanta, y que incluyó a 175.778 beneficiarios del programa Medicare. Sus conclusiones abren la puerta a la utilización de estas modalidades asistenciales más allá de lo que fue necesario hacer durante pandemia.
La epidemia por consumo de opioides -que como tal está calificada en Estados Unidos- ha supuesto que en los 20 años que van desde 1999 hasta 2019, casi 500.000 personas hayan fallecido por sobredosis de estas sustancias, la misma cifra que se proyecta para la próxima década. Considerada como la principal emergencia sanitaria nacional junto a la pandemia, el gobierno federal ha puesto en marcha diversos programas para reducir en lo posible su impacto. Entre ellos, se han diseñado tratamientos que combinan instrumentos farmacológicos (como buprenorfina, metadona y naltrexona) con el asesoramiento profesional y las terapias conductuales. Este tipo de pautas ha demostrado eficacia en la prevención de las sobredosis relacionadas con opioides.
Acceso a los tratamientos
Sin embargo, estos programas no llegan a todos los pacientes que lo necesitan. Con datos de 2019, menos del 30 % de los adultos en situación de OUD declararon haber empleado terapias sustitutivas en el último año. Se considera que en Estados Unidos hay un severo problema en el acceso a este tipo de tratamientos, y por razones de diverso tipo: administrativas, logísticas, de acceso a profesionales o por efecto de la discriminación social.
En Estados Unidos es posible utilizar tratamientos como la metadona en programas que estén certificados por el gobierno federal. Su uso se estableció, antes de la pandemia, a través de una estrategia asistencial cuya vía de acceso consiste en que los pacientes deben presentar evaluaciones iniciales sobre su estado de adicción, y aprobar un compromiso de incorporación. A partir de su incorporación, se le facilita el tratamiento a con dosis de metadona que se le suministra 6 días a la semana al menos durante 90 días, con supervisión y apoyo clínico.
Las limitaciones de disponibilidad geográfica en el acceso al programa suponen gastos de desplazamiento para bastantes pacientes, especialmente los de zonas rurales, lo que limita su alcance y adherencia. Como alternativa, algunos tratamientos como la buprenorfina pueden ser recetados por profesionales específicamente cualificados (y certificados) para este tipo de intervenciones, que además tienen limitado el número de pacientes que pueden tratar simultáneamente.
Este sistema tuvo que cambiar, forzosamente, durante la pandemia. Las autoridades sanitarias relajaron las regulaciones al objeto de minimizar las interrupciones de los programas, dadas las circunstancias de la limitación de la movilidad social. En marzo de 2020, se permitió la realización del apoyo profesional a través de sistemas de telesalud, incluyendo la valoración para el inicio del tratamiento, y se simplificaron los requisitos de dispensación de los tratamientos sustitutivos. Incluso, se permitió a los pacientes guardar los medicamentos en sus domicilios con un límite de 28 dosis diarias. En abril de 2020, los programas de tratamiento de opioides quedaron exentos de evaluaciones presenciales.
La principal ventaja es la mayor adherencia
El grupo que publica el estudio en JAMA valoró el uso de los servicios de telesalud, la participación en el tratamiento y las sobredosis tratadas médicamente que figuraban en el registro de beneficiarios de Medicare, después de que se adoptaran estas medidas de flexibilidad por la pandemia.
Los investigadores examinaron los datos de dos grupos de pacientes con cobertura de Medicare. Uno fue el tratado por causa de OUD antes de la pandemia, y otro el que fue tratado por el mismo cuadro con posterioridad a la aparición de la pandemia de COVID-19, que fue el que recibió un mayor apoyo basado en la telesalud.
El estudio descubrió que en el grupo pre-pandémico, apenas un 0,6 % tenían antecedentes de uso de atención remota, un porcentaje que aumentó hasta el 19,6 % en el grupo que se incorporó al programa tras la entrada en vigor de las restricciones pandémicas, y cuando el gobierno federal autorizó uso generalizado de la atención remota para los trastornos por uso de sustancias.
Si bien la incidencia total de los eventos de sobredosis fue similar en los dos grupos, en la cohorte que utilizó servicios de telesalud se observó un aumento significativo en la adherencia al programa.
Sin embargo, el acceso a la medicación se considera escasa en ambas ramas, incluso en la población que utilizó servicios de telemedicina, que no llegó al porcentaje que se considera teóricamente necesario para lograr una reducción de las muertes relacionadas con los opioides. Sólo una pequeña fracción de los beneficiarios recibieron sus tratamientos en el 80 % o más de los días que correspondían.
Según el estudio, emplear la telesalud en los problemas relacionados con OUD se asoció con una mejor cumplimentación de la pauta de uso de medicamentos, lo que disipa las dudas sobre si emplear esta modalidad no presencial puede mermar el cumplimiento de los tratamientos. Además, el apoyo mediante telesalud a los problemas relacionados con OUD se asoció con una menor tasa de sobredosis tratadas médicamente.
Este estudio aporta evidencia que muestra que extender el acceso a estos servicios de telesalud podría tener un impacto positivo a largo plazo, y se suma a otros hallazgos anteriores que demuestran que la atención en remoto puede ser tan efectiva como el tratamiento presencial para personas que luchan contra los trastornos por uso de sustancias.
