Sánchez-Armáss Cappello O. Psicologia.com. 2013; 17:15.
http://hdl.handle.net/10401/6211
Revisión teórica
Readaptación social en menores de edad: una revisión de
estudios empíricos
Omar Sánchez-Armáss Cappello1*, Judith Edith García de Alba Verduzco2*.
Resumen
El desarrollo de estudios empíricos sobre tratamientos en menores infractores ha crecido en los
últimos años en todo el mundo. En los últimos 30 años se han desarrollado diferentes
aportaciones psicológicas sobre la readaptación social en menores de edad. En el presente
ensayo se examina la culpabilidad criminal de menores a partir de una de una perspectiva del
desarrollo. Debido a que la transición entre la adolescencia y la adultez no ocurre a una edad
determinada. Existen numerosas competencias cognitivas y sociocognitivas que continúan
desarrollándose durante la adolescencia. Dado que los adolescentes presentan habilidades
disminuidas para la toma de decisiones, son menos capaces de resistirse a la presión de pares, y
tienen habilidades psicosociales incipientes, la inmadurez propia de esta edad debe considerarse
como una condición mitigante.
Actualmente se cuentan con diversos tratamientos para reducir la reincidencia en menores de
edad. El siguiente ensayo presenta los resultados de estudios meta-analíticos para determinar
cuáles tratamientos son más efectivos para reducir la reincidencia. Finalmente, se concluye que
los programas que se adhieren a los principios de riesgo, necesidad y respuesta al tratamiento,
propuestos por Andrews, Bonta, y Hoge (1990) tienen mejores índices de rehabilitación,
independientemente de que estén dirigidos a adultos o menores. Sin embargo, cuando se trata
de programas dirigidos a menores, es importante que incluyan componentes para el desarrollo
de habilidades cognitivas.
Palabras claves: Menores infractores, readaptación social, meta-análisis, reincidencia,
habilidades psicosociales.
Abstract
The main psychological contributions of past 30 years on the social rehabilitation of juvenile
offenders are presented. The criminal culpability of juveniles is examined from a developmental
perspective. Considering that adolescents present diminished decision-making abilities, are less
able to resist peer pressure, and their psychosocial skills are incipient, the age-related
immaturity should be considered a mitigating condition.
The findings from meta-analytic studies are presented in order to determine the most effective
treatments in the reduction of recidivism. In conclusion, the programs that follow the risk, need,
and responsivity principles, proposed by Andres, Bonta y Hoge (1990) have higher rates of
rehabilitation, independently if they are directed to adults or juveniles. However, for juvenile
rehabilitation programs, it is important to include components for the development of cognitive
skills.
Keywords: Juvenile offenders, social rehabilitation, meta-analysis, recidivism, psychosocial
skills.
Psicologia.com ISSN: 1137-8492
© 2013 Sánchez-Armáss Cappello O, García de Alba Verduzco JE.
1
Sánchez-Armáss Cappello O. 2013; 17:15. http://hdl.handle.net/10401/6211
Recibido: 10/10/2012 Aceptado: 27/03/2013 Publicado: 30/10/2013
* Correspondencia: osanchezarmass@psicologia.uaslp.mx, judith_gav@alumnos.uaslp.edu.mx
1 Departamento de Investigación y Posgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí.
2 Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
2
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El desarrollo de estudios empíricos sobre tratamientos en menores infractores ha crecido en los
últimos años en todo el mundo. En México en el año 2009, el INEGI reportó que 17,576
menores fueron registrados en Consejos Tutelares de Menores Infractores; de ahí que la
readaptación social en menores sea un tópico importante en nuestro país. No existe consenso
sobre la mejor manera de readaptar a los jóvenes que delinquen, ni sobre las intervenciones más
apropiadas para este grupo de edad. Este ensayo revisa los aportes de la psicología,
proporcionando una base empírica para la creación de políticas que propicien un decremento en
la reincidencia juvenil.
Readaptación Social de Menores de Edad
Indudablemente existen diferencias entre la readaptación social de un adulto y un menor. Para
poder conocer cuáles son sus diferencias es necesario hacer una revisión del conocimiento
acumulado en el área del desarrollo humano. La transición entre la adolescencia y la adultez no
ocurre a una edad determinada. Todas las personas maduran a distintas edades y ritmos, y cada
habilidad se desarrolla a diferentes tiempos también. En vez de intentar encontrar la línea
divisoria entre la adolescencia y la adultez, la psicología del desarrollo proporciona evidencia
científicamente verificable sobre el límite inferior de edad bajo la cual es sumamente
improbable que el menor posea los atributos necesarios para poderlo considerar como adulto, y
sobre el límite superior de edad después del cuál es muy improbable que el menor no posea
dichos atributos.
Desarrollo y Competencias
Hay muchas competencias cognitivas y sociocognitivas que continúan desarrollándose durante
la adolescencia; entre ellas encontramos: (a) la habilidad de tomar decisiones lógicas en base a
situaciones hipotéticas (para considerar los costos y beneficios de distintas acciones posibles),
(b) demostrar memoria episódica fiable (para proveer información precisa sobre el hecho
delictivo), (c) extender el pensamiento a futuro (para visualizar las consecuencias de posibles
decisiones y acciones), (d) evaluar distintas perspectivas sociales (para entender los roles y
motivaciones de los distintos participantes de algún evento), y (e) entender y articular los
propios motivos y estado psicológico (para ayudarle al abogado defensor a argumentar el caso).
Los resultados de las investigaciones sobre el desarrollo humano indican que estas habilidades
emergen durante distintas edades, pero que sería altamente improbable que un individuo las
poseyera todas antes de los 12 años de edad. En el otro extremo, las investigaciones sugieren que
la mayoría de los individuos ya cuentan con estas habilidades a los 16 años (Newton y Bussey,
2012; Albert y Steinberg, 2011). Por ejemplo, Grisso (1997) y Kivisto, Moore, Fite, y Seidner,
(2011) mencionan que los menores de 15 años, puntúan por debajo de los adultos cuya
competencia es cuestionada por los expertos basados en medidas estandarizadas de
competencia. Por lo tanto, y en base a la evidencia empírica existente, se debería evaluar la
competencia de manera individual de los menores entre los 13 y los 16 años de edad para decidir
si cuentan o no con los atributos necesarios para ser considerados como adultos.
Culpabilidad e Inmadurez
El sistema jurídico estadounidense asume que los delincuentes son responsables de sus actos y
por consiguiente deben ser castigados. Sin embargo, aquellas personas que son culpables pero
menos responsables de sus actos (e.g., por uno o más factores mitigantes, como el estado mental
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al momento de cometer el crimen) reciben un castigo proporcionalmente menor (National
Council of Juvenile and Family Court Judges, 2005). Es por esto que resulta importante evaluar
qué tan válido es considerar que los menores son menos responsables que los adultos por las
mismas acciones cometidas dada su relativa inmadurez.
Scott y Grisso (1997) consideran que para que un individuo sea completamente responsable de
un acto, tiene que haber cometido el acto de manera voluntaria, consciente, y con la habilidad
para formar expectativas razonables sobre las consecuencias potenciales o probables. La
mayoría de las investigaciones que han estudiado las diferencias entre edad y la habilidad para
tomar decisiones se han enfocado a los procesos cognitivos implicados sin considerar factores
sociales y emocionales (Baskir, 2006). Los resultados encontrados indican que hay pocas
diferencias cognitivas entre adultos y adolescentes de 12 años en adelante. En base a estos
resultados, algunas personas argumentan que las diferencias por edad en la toma de decisiones
se deben a distintas preocupaciones, y no a distintas habilidades. Es decir, si es más probable
que los adolescentes se comporten de manera antisocial, es porque tienen distintos valores y
prioridades que los adultos, no porque tengan diferentes habilidades intelectuales. Sin embargo,
para poder tomar una decisión sobre el grado de responsabilidad de un individuo, se necesitan
tomar en cuenta sus habilidades emocionales e interpersonales, y no sólo sus capacidades
cognitivas (Bryan-Hancock, y Casey, 2011). Entre estas habilidades psicosociales encontramos,
por ejemplo, el control de impulsos, controlar las propias acciones en presencia de otros que
ejercen presión para delinquir, o retirarse de una situación potencialmente problemática.
Muchas de estas habilidades han sido evaluadas en investigaciones bajo el término de "juicio,"
ya que las deficiencias en estas áreas interferirían con la habilidad de un individuo para actuar
con la suficiente madurez como para considerar que tiene el mismo nivel de responsabilidad que
un adulto (Cauffman y Steinberg, 2000; Newton y Bussey, 2012).
Steinberg y Cauffman (1996, 2000) consideran que estos factores psicosociales caen dentro de
tres categorías generales: (a) responsabilidad (la capacidad para tomar decisiones de manera
independiente y autosuficiente), (b) perspectiva (la capacidad para evaluar una decisión dentro
de un contexto temporal e interpersonal más amplio), y (c) templanza (la capacidad para
restringir y controlar los propios impulsos). Estos autores exploraron las relaciones entre el
juicio y varios aspectos de madurez psicosocial en una muestra mayor de 1000 individuos. En
esta investigación, examinaron las diferencias en la madurez psicosocial de personas entre 12 y
48 años de edad, y su actuación en una serie de actividades de toma de decisiones para evaluar
la probabilidad de presentar conductas antisociales. Se encontraron tres resultados: (1) Es
significativamente menos probable que los adultos emitan comportamientos antisociales en
comparación a los adolescentes; (2) los adultos mostraron consistentemente mayor
responsabilidad, perspectiva y templanza que los adolescentes; y (3) es más probable que los
individuos con mayor madurez psicosocial tomen decisiones socialmente responsables en
comparación a aquellos menos psicosocialmente maduros. Una vez controladas las diferencias
en responsabilidad, perspectiva y templanza, la edad dejó de ser un predictor significativo de
juicio. Es decir, los adolescentes toman decisiones más pobres que los adultos porque los
adolescentes son más inmaduros psicosocialmente.
Muy pocos individuos demuestran el grado de madurez psicosocial típico de un adulto antes de
los 12 años, y muchos individuos, aún a los 17 años de edad, no poseen la madurez psicosocial o
el juicio de un adulto. En contraste, los niños de nueve años de edad ya cuentan con
comportamientos intencionales y conocen la diferencia entre acciones "buenas" y "malas"
(Bryan-Hancock, C., y Casey, 2011). Por lo tanto, no hay ningún motivo por el cual se deba
considerar que un niño de nueve años no es responsable de sus actos. Sin embargo la
responsabilidad de una acción no es una condición dicotómica, sino gradual.
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La evidencia empírica indica que la gran mayoría de individuos menores de 13 años no tienen
ciertas habilidades intelectuales y psicosociales necesarias para poderlos considerar
completamente responsables de sus acciones. Es así que cuando un individuo menor a 17 años
comete un delito, se debería considerar su nivel de inmadurez psicosocial como posible factor
mitigante.
Readaptación y Desarrollo
Es una concepción equivoca considerar la edad como único factor que determina la probabilidad
de reincidencia. De hecho, Gendreau, Goggin, y Little (1997) reportan que los predictores con
mayor peso sobre el índice de reincidencia son las necesidades criminogénicas, el historial
criminal o historia de comportamiento antisocial, edad, género y factores familiares. Sin
embargo, una pregunta frecuente en el campo de la criminalística es si ¿existe algún punto en el
desarrollo humano después del cual los individuos ya no sean buenos candidatos para un
proceso de rehabilitación? Esta es una pregunta muy importante ya que no tiene mucho sentido
invertir los recursos del sistema penal destinados a la rehabilitación en individuos cuya
probabilidad de cambio sea mínima, en cambio sí lo tiene dirigir esos recursos hacia aquellos
que tienen mayor probabilidad de responder positivamente a las intervenciones o tratamientos.
La mayoría de los datos sobre la estabilidad de los rasgos de personalidad sugieren que de la
adolescencia en adelante se hace cada vez menos probable que los individuos cambien. Es decir,
parece haber una disminución en la maleabilidad de los individuos a lo largo del desarrollo. Sin
embargo es muy importante resaltar que los datos sobre la estabilidad de las características de la
personalidad no nos informan sobre la posibilidad del cambio, ya que sólo mencionan que esos
rasgos no cambian si el medio ambiente se mantiene igual (van der Knaap, Alberda, Oosterveld,
y Born, 2011).
La evidencia sobre el desarrollo del comportamiento antisocial parece paradójica a primera
vista. Hay datos sólidos que indican que entre más joven sea el menor cuando comienza a emitir
conductas antisociales o violentas, es más probable que sus conductas persistan hasta la adultez
(Moffitt, 1993). Particularmente, los menores que cometieron su primer delito durante la
preadolescencia tienen menos probabilidades de desistir que aquellos menores que cometieron
su primer ofensa durante los últimos años de la adolescencia (Natsuaki, 2007). Sin embargo,
antes de sacar conclusiones sobre estos resultados, se debe considerar que estos datos describen
el curso natural del comportamiento antisocial y violento; no se refieren a la eficacia de los
programas de intervención. La literatura dentro de la psicología del desarrollo describe
ampliamente que las conductas problemáticas tienden a auto-mantenerse, a menos de que sean
corregidas (Steinberg y Avenevoli, 2000).
En general, dentro de la literatura del desarrollo, no hay bases suficientes para hacer
generalizaciones acerca de las diferencias en la probabilidad de cambio como función de la edad.
Efectividad de los Medios de Readaptación Social
Las evaluaciones generales sobre la eficacia de tratamientos para delincuentes han avanzado
significativamente, gracias a la implementación de estudios meta-analíticos, en los cuales se
agregan los resultados de varias investigaciones para examinar y comparar el tamaño de los
efectos (las magnitudes de las diferencias) entre grupos de control y grupos de tratamiento.
Lipsey en 1999 realizó uno de los estudios meta-analíticos más grandes examinando la
efectividad de los programas para delincuentes. Incluyó 443 investigaciones que evaluaran
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tratamientos o intervenciones diseñadas para reducir, prevenir o tratar la delincuencia o
problemas de conducta antisocial similar a la delincuencia. Dentro de los resultados reportados
por Lipsey encontramos que: (a) En el 64.3% de las investigaciones incluidas, la tasa de
reincidencia fue menor para el grupo de tratamiento que para el grupo de control; (b) El 45% de
todos los participantes bajo tratamiento reincidió, comparado al 50% de los participantes que
no recibieron tratamiento; (c) la tasa de reincidencia varía entre el 32 y el 38% para los
programas más efectivos aquellos que brindaban empleo y terapia multimodal o conductual.
En el 2000, Lipsey, Wilson y Cothern analizaron 200 investigaciones experimentales y cuasiexperimentales y encontraron una tasa promedio de reincidencia del 12% para los menores
expuestos a servicios de rehabilitación. Un estudio meta-analítico de 26 investigaciones
realizadas en Estados Unidos, Canada e Inglaterra, reportó una reducción en la tasa de
reincidencia del 14%, encontrando que los programas más efectivos incorporaron técnicas
conductuales y cognitivo-conductuales (Tong y Ferrington, 2006).
A pesar de la gran variedad de programas en existencia, se han identificado las características
básicas que comparten todos los programas con mayor eficacia. En general, los programas que
se adhieren a los principios de intervención eficaz tienen: (a) una estructura claramente definida
que incluye componentes conductuales; (b) seleccionan el tipo e intensidad de servicio según el
nivel de riesgo de reincidencia del infractor; (c) utilizan medios apropiados para determinar el
riesgo y los factores que contribuyen al comportamiento criminal de cada infractor; (d) ofrecen
servicios diferenciados según las características individuales del infractor (e.g., estilo de
aprendizaje, y personalidad); (e) atienden las necesidades criminológicas de sus clientes; (f)
aplican contingencias con firmeza y justicia; (g) contratan personal especializado que establece
relaciones positivas con los infractores; y (h) proveen servicios de prevención de reincidencia
para los clientes que terminan el programa (Bonta, 1997; van der Knaap, Alberda, Oosterveld, y
Born, 2011; Lowenkamp y Latessa, 2006).
Otra de las características importantes de cualquier programa efectivo es que debe estar basado
en principios teóricos sólidos derivados de los resultados de investigación (Applegate, Turner,
Sanborn, Latessa, y Moon, 2000). De hecho, McGuire (2008) encontraron que los programas
basados en modelos teóricos son cinco veces más eficaces que los programas ateóricos. Entre las
distintas estrategias de intervención comúnmente utilizadas, los programas basados en los
principios cognitivo-conductuales consistentemente han demostrado tener los menores índices
de reincidencia (Lipsey, Wilson, y Cothern, 2000). La terapia cognitivo-conductual opera bajo
la premisa de que los pensamientos y las emociones son los precursores del comportamiento.
Por lo tanto, las estrategias cognitivo-conductuales procuran modificar los esquemas cognitivos
criminológicos para corregir las conductas antisociales (Wilson, Bouffard, y Mackenzie, 2005).
Específicamente, las terapias cognitivo-conductuales más eficaces en la reducción de conductas
criminales son las que utilizan "role-playing", modelamiento, reforzamiento, desarrollo de
habilidades interpersonales y de solución de problemas (Andrews, et al., 1990; McGuire, 2008).
Condiciones para una efectiva readaptación social. Actualmente se ha desarrollado poca
investigación explorando la relación entre la encarcelación y la reincidencia en menores
infractores. Consecuentemente, se resumirán primero los estudios del impacto de la
encarcelación en adultos para luego discutir su impacto en los menores.
Relación entre encarcelación y reincidencia en adultos. Los estudios que han
examinado la relación entre la encarcelación y la reincidencia en adultos proveen resultados
mixtos. Algunos estudios encuentran que no tiene un efecto disuasivo, otros reportan que
incrementa el riesgo a reincidir, y hay un tercer grupo de estudios que sugieren que la relación
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entre el encarcelamiento y la reincidencia es muy compleja y que para poder entender esta
relación es fundamental tomar en cuenta varios factores, como características personales,
historia criminal, y tipo de ofensa (Song y Lieb, 1993; Smith, Goggin, y Gendreau, 2002).
La encarcelación no disminuye la probabilidad de reincidencia. Smith y Akers
(1993) encontraron que los índices de reincidencia entre un grupo de prisioneros y un grupo de
delincuentes en un programa comunitario eran esencialmente iguales. Marion (2002) comparó
los índices de reincidencia de un grupo que terminó un programa comunitario de corrección y
de un grupo de prisioneros liberados. No encontró ninguna diferencia en el número de rearrestos entre los dos, concluyendo que los programas comunitarios proveen el mismo nivel de
protección pública que el encarcelamiento a un menor precio. Cohen, Eden, y Lazar (1991)
siguieron a un grupo de 202 ofensores Israelíes una vez que completaron su sentencia.
Aproximadamente a la mitad de ellos se les había condenado a prisión y a la otra mitad a
libertad condicional. Los investigadores encontraron que el tipo de sentencia (libertad
condicional o prisión) no estaba relacionado con la reincidencia. Sin embargo, dado el alto
índice de reincidencia en ambos grupos, los autores concluyeron que ninguna de las dos
sentencias resultaron particularmente efectivas. Cullen, Jonson y Nagin (2011), tras una
evaluación de la evidencia empírica recabada en la última década, también concluyen que
existen pocas pruebas de que la prisión tenga un efecto disuasivo y en cambio encontraron que
hay algo de evidencia que sustenta los efectos criminogénicos de la prisión.
El encarcelamiento incrementa el riesgo a la reincidencia. Bartell y Winfree, Jr.
(1977) examinaron el nivel de reincidencia de 100 individuos sentenciados por robo, y
encontraron que aquellos que fueron encarcelados tenían mayor riesgo de reincidir que aquellos
que habían recibido libertad condicional. Petersilia, Turner y Peterson (1986) equipararon a un
grupo que recibió prisión y a un grupo que recibió libertad condicional en cuanto a
características personales e historia criminal. Encontraron que en un periodo de dos años se rearrestó a más prisioneros (72%) que individuos bajo libertad condicional (63%) y que se
reencarceló a más prisioneros (47%) que a los de libertad condicional (31%). En el 2002 Spohn y
Holleran concluyeron que los ofensores encarcelados vuelven a ofender más y más rápido que
aquellos que reciben sentencias comunitarias, particularmente para aquellos cuyo delito está
relacionado con substancias ilegales. Smith, Goggin, y Gendreau (2002) realizaron un estudio
meta-analítico evaluando los efectos de distintas sentencias sobre la reincidencia que incluyó 111
investigaciones. Encontraron que las sentencias más severas no tienen un efecto disuasivo, de
hecho, las sentencias más severas parecen incrementar los índices de reincidencia. Estos
hallazgos fueron consistentes para varios subgrupos de ofensores, incluyendo adultos y
menores, hombres y mujeres, caucásicos y minorías étnicas. Bales y Piquero (2012) evaluaron
los efectos del encarcelamiento sobre la reincidencia en 79,000 prisioneros; concluyendo que el
encarcelamiento tiene un efecto criminogénico.
Examinando la relación compleja entre la encarcelación y la reincidencia.
Sherman (1993) sugiere que en vez de evaluar simplemente el impacto disuasivo de la prisión,
los investigadores deberían de intentar identificar a grupos de ofensores que sean más probables
de disuadir y a aquellos que no. Por ejemplo, Walker, Farrington y Tucker (1981) exploraron
esta relación con 2,069 prisioneros varones en Inglaterra. Encontraron que el encarcelamiento
fue más efectivo que la libertad condicional para los primo-delincuentes. Sin embargo, para
aquellos con cuatro o menos ofensas, la libertad condicional fue más efectiva. Para los
individuos con cinco o más ofensas, el tipo de sentencia no impactaba significativamente los
índices de reincidencia. Orsagh y Chen (1988) examinaron la relación entre el tiempo de la
sentencia y la reincidencia para distintos tipos de ofensas, y encontraron que el efecto del
tiempo de la sentencia sigue una curva en forma de U. Para aquellos que cometieron
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robo/asalto, la duración de la sentencia estaba positivamente relacionado con la probabilidad de
re-ofender. Para aquellos que cometieron robo/hurto, la duración de la sentencia tuvo un efecto
disuasivo. El tiempo óptimo de sentencia fue de 1.3 años para los ofensores más jóvenes y de 1.8
años para los ofensores de mayor edad. Después de este tiempo el índice de reincidencia
incrementa junto con la sentencia. DeJong (1997) evaluó cómo los lazos sociales de los reos
mitigan el efecto disuasivo del encarcelamiento. La autora encontró que el encarcelamiento era
menos disuasivo para aquellos con menos lazos sociales (e.g., matrimonio, empleo, preparatoria
terminada). En otras palabras, la probabilidad de reincidencia es mayor para estos individuos
que para los prisioneros que tienen más lazos sociales.
Relación entre encarcelación y reincidencia en menores. Las investigaciones con esta
población también han producido resultados mixtos. Algunos estudios indican que la prisión
tiene un efecto disuasivo en los jóvenes, mientras que otros concluyen que el encarcelamiento
no tiene un efecto disuasivo o que incrementa la reincidencia.
La encarcelación disminuye la probabilidad de reincidencia. Murray y Cox (1979)
compararon la frecuencia de arrestos antes y después de algún programa correctivo, y
encontraron que los menores encarcelados exhibían mayores reducciones en el número de
arrestos. Inclusive entre aquellos que fueron sentenciados a programas comunitarios; los
menores que participaron en programas más restrictivos fueron arrestados en menos ocasiones.
Gottfredson y Barton (1993) compararon los índices de reincidencia de jóvenes con
características personales y criminales semejantes. Seiscientos setenta y tres jóvenes
encarcelados y 254 menores sentenciados a algún programa comunitario. Durante dos años y
medio después de concluida la sentencia, los menores encarcelados fueron re-arrestados
significativamente menos veces que aquellos en programas comunitarios. Garrido, Anyela, y
Sánchez-Meca (2006) en su estudio meta-analítico, encontraron que la tasa de reincidencia de
los jóvenes internados que recibieron algún tipo tratamiento se reduce en un 7% en
comparación a la tasa de reincidencia del grupo control.
La encarcelación no disminuye la probabilidad de reincidencia. El meta-análisis de
Lipsey (2009) examinando el impacto de varios programas de rehabilitación, comparó los
índices de reincidencia de 196 investigaciones. Controlado las variaciones metodológicas, Lipsey
encontró que el encarcelamiento no reduce significativamente los índices de reincidencia.
Wooldredge (1988), controlando varios factores individuales y medioambientales, encontró que
la mejor estrategia para reducir la reincidencia es una combinación entre tratamiento
comunitario y libertad condicional; y que entre más tiempo dure el encarcelamiento el índice de
reincidencia aumenta. Schneider y Ervin (1990), utilizando metodologías cuantitativas y
cualitativas, encontraron que la encarcelación y la libertad condicional son menos efectivas que
los programas comunitarios de readaptación social. También concluyen que el tiempo de
encarcelamiento está relacionado positivamente con la reincidencia. Lin (2007) reporta que la
encarcelación no suprime ni acelera la reincidencia por sí sola. Sin embargo, encontró que el
encarcelamiento reduce la probabilidad de reincidencia para aquellos jóvenes que tienden a
faltar frecuentemente a la escuela.
Readaptación Social en Adultos
La readaptación social de una persona depende de varios factores, entre los cuales la
implementación de las políticas y programas de intervención es muy importante. Por ejemplo,
Aos, Millar y Drake (2006) hicieron un estudio meta-analítico de programas de readaptación
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para adultos. Evaluaron sistemáticamente 291 investigaciones rigurosas realizadas en EUA y en
otros países de habla inglesa. A continuación en la Tabla 1 se presenta el porcentaje de reducción
en el índice de reincidencia por tipo de tratamiento:
Tabla 1
Reducción En La Reincidencia Según Programa
Programa
Reducción en la
reincidencia
Ofensas Generales
Terapia cognitivo-conductual
8.2%
Supervisión intensiva con enfoque en vigilancia
0.0%
Supervisión intensiva junto con tratamiento comunitario
Monitoreo electrónico
Entrenamiento y asistencia laboral en la comunidad
21.9%
0.0%
4.8%
Industria correccional en prisión
7.8%
Educación para adultos en prisión
5.0%
Educación vocacional en prisión
12.6%
Ofensas Relacionadas con Drogas
"Comunidades Terapéuticas" en prisión con seguimiento
comunitario
6.9%
"Comunidades Terapéuticas" en prisión sin seguimiento
comunitario
5.3%
Tratamiento cognitivo-conductual en prisión
6.8%
Tratamiento para adicciones en prisión
6.0%
Tratamiento para adicciones en la comunidad
12.4%
Ofensas Sexuales
Tratamiento cognitivo-conductual en prisión
Tratamiento cognitivo-conductual para ofensores de bajo
riesgo en libertad condicional
14.9%
31.2%
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En el 2005, Cuppleditch y Evans siguieron, durante dos años, a 16,000 adultos liberados de
prisión y 27,000 ofensores adultos que comenzaron una sentencia comunitaria, encontrando
que:
· El 58.5% de la muestra reincidió.
· El 38% de la muestra reincidió dentro de los primeros seis meses, y el 65% de aquellos
que reincidieron a lo largo de los dos años, lo hizo dentro de los mismos seis meses.
· El índice de reincidencia decrece significativamente con la edad. Mientras que el 69.1%
de los ofensores entre 18 y 20 años reincidieron, solo el 40.5% de aquellos mayores de 35
reincidieron.
· Los índices de reincidencia varían significativamente según el tipo de ofensa. Por
ejemplo, el robo de vehículos (85.2%) y la violación de fianza (80.2%) son las ofensas con mayor
reincidencia, mientras que las ofensas sexuales (con niños; 16.9%) y el manejar bajo la
influencia del alcohol (30.9%) son las de menor índice a dos años. Sin embargo, es importante
mencionar que los ofensores no se especializan. Es decir, el que alguien haya sido sentenciado
originalmente por robo, no quiere decir que vuelva a ser sentenciado por robo, o que haya
tenido un historial de convicciones por robo.
· La reincidencia aumenta rápidamente junto con el número de ofensas previas o
convicciones. Por ejemplo, 13.5% de los primodelincuentes reincide, comparado al 77.6% de los
sujetos con más de 10 ofensas.
Medios de Readaptación Social más Usados en Menores
Libertad condicional. La libertad condicional es el medio de readaptación social más
utilizado en Estados Unidos de América, por ejemplo, el reporte nacional de delincuentes y
víctimas juveniles del 2006 menciona que la sanción más severa para el 62% (n=385,400) de
menores infractores en el 2002 fue la libertad condicional (Snyder y Sickmund, 2006).
La libertad condicional se utiliza para menores que delinquen por primera vez, delincuentes de
bajo riesgo, y como alternativa a la reclusión de delincuentes más serios. Durante el periodo de
supervisión bajo libertad condicional, un delincuente juvenil permanece en la comunidad y
continúa sus actividades normales, siempre y cuando cumpla con ciertas condiciones, como por
ejemplo reunirse frecuentemente con su supervisor, respetar un toque de queda, completar un
periodo de servicio a la comunidad, o pagar una restitución.
A pesar del amplio uso que se le da a la libertad condicional, hay relativamente pocos estudios
que comparan los índices de reincidencia entre aquellos que están o no bajo libertad condicional
(Ellis y Marshall, 2000, Gottsfredson y Mitchell-Herzfeld, 1982). Los estudios meta-analíticos
sugieren que la supervisión no reduce la reincidencia, a menos de que esté acompañada de
intervenciones terapéuticas (Sherman, et al., 1997; MacKenzie, 1997; Petersilia, 1998). Solomon
en el 2006 reporta que el 62% de los ex-prisioneros liberados sin libertad condicional volvieron
a ser arrestados al menos una vez dos años después de su liberación, en comparación al 61% de
los prisioneros liberados por buena conducta bajo libertad condicional.
Tratamientos residenciales. Existe gran diversidad de tratamientos residenciales en los
Estados Unidos de América. Algunos lugares se parecen mucho a las prisiones de adultos,
mientras que otros se esfuerzan por parecer "hogareños." A diferencia de los sistemas
correccionales para adultos, los centros privados en Estados Unidos de América juegan un papel
substancial en la custodia a largo plazo de jóvenes delincuentes. De hecho, hay dos veces más
centros privados que centros públicos en los Estados Unidos de América, a pesar de que los
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centros privados retienen a menos de la mitad de los jóvenes delincuentes (Snyder y Sickmund,
2006).
El reporte nacional estadounidense de delincuentes y víctimas juveniles del 2006 menciona que
el 23% de menores adjudicados en el 2002 fueron sentenciados a algún programa residencial.
Entre los distintos tipos de programas se encuentran: centros de detención, albergues, centros
diagnósticos, hogares grupales, campamento militarizado, campamentos en ranchos/naturaleza,
y centros de alta seguridad. Los hogares grupales son los programas más numerosos, de hecho
constituyen el 38% de los programas disponibles y albergan a 12% de los jóvenes infractores.
Los centros de detención son el segundo tipo de institución más común (26%), y albergan al
40% de jóvenes delincuentes.
La evaluación de los tratamientos residenciales es complicada dada la diversidad de programas
(incluyendo sus objetivos, intervenciones e implementación), y la inconsistencia en los
mecanismos de regulación utilizados por cada Estado. Dada esta inconsistencia se han
reportado programas en donde no se protege la salud, integridad y seguridad de los jóvenes, y/o
que implementan tratamientos deficientes (Behar, Friedman, Pinto, Katz-Leavy, y Jones, 2007).
Proveer servicios sin fundamento empírico no solo no reduce la probabilidad de reincidencia,
sino que incrementa la propensión a comportamientos antisociales (Lowenkamp y Latessa,
2006).
La implementación de técnicas meta-analíticas permite a los investigadores revisar un gran
número de evaluaciones a programas específicos para determinar si los programas
residenciales, en general, efectivamente modifican las conductas de jóvenes delincuentes. Garret
(1985) analizó 111 evaluaciones de programas residenciales con un grupo control y un diseño
pre-post-test, encontrando que los programas residenciales producían mayores cambios
positivos. Específicamente, encontró que aquellos programas conductuales que enfatizan el
desarrollo de "habilidades para la vida" (habilidades para resistir el uso de sustancias,
habilidades de auto-regulación y habilidades sociales) son los que producen mayores resultados
positivos. Gordon, Moriarty y Grant en el 2000 también encontraron un menor porcentaje de
reincidencia para los menores que asisten a un programa residencial.
Programas de desvío (Diversion Programs). Estos programas representan una respuesta
informal del sistema de justicia juvenil utilizada para menores que infringen la ley por primera
vez. Generalmente estos programas requieren que el menor "no se meta en problemas," que
asista a programas de intervención terapéutica y que haga servicio comunitario. Estos
programas típicamente proveen altas "dosis" de tratamiento y supervisión para asegurar la
seguridad de la comunidad y reducir la probabilidad de reincidencia.
El meta-análisis realizado por Gensheimer, Mayer, Gottschalk, y Davidson en 1986 concluye que
las intervenciones tienen mayor impacto entre más jóvenes sean los menores, y mayor contacto
tengan con su supervisor. Whitehead y Lab (1989) describieron los programas de desvío, como
la intervención correccional con mayor potencial dentro del sistema jurídico. Ezell (1992)
encontró que aquellos programas que combinan supervisión y tratamiento reducen su tasa de
reincidencia entre 10 y 20 por ciento. Pearson, McDougall, Kanaan, Bowles, y Torgerson (2010),
reportaron que este tipo de programas son eficaces y costo-efectivos para población de bajo y
medio riesgo.
Tratamiento familiar. Dentro de los programas de desvió existe el tratamiento familiar que
usualmente se refiere a terapias grupales, familiares, grupos de padres, sesiones educativas y
proyectos de servicio a la comunidad, y ejercicios de empatía.
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Myers, Burton, Sanders, Donat, Cheney, Fitzpatrick, et al. (2000), realizaron un proyecto
llamado Back-on-Track para menores infractores que delinquían por primera vez. En un año de
seguimiento, los resultados mostraron Back-on-Track fue eficaz para reducir la reincidencia
criminal y los costos asociados a la rehabilitación de jóvenes infractores. Se estima un ahorro
para la sociedad de aproximadamente $1,800 por jóvenes matriculados después de 1 año. En
cuanto a la reducción de reincidencia criminal estos datos son corroborados por el meta-análisis
de Schwalbe, Gearing, MacKenzie, Brewer, y Ibrahim (2012) quienes reportaron una reducción
significativa.
Justicia restaurativa. La justicia restaurativa es una nueva perspectiva en el campo de la
criminología y victimólogia (Galeano, 2005). La justicia restaurativa es definida en un sentido
amplio, como "la filosofía y el método de resolver conflictos que atienden prioritariamente a la
protección de la víctima y al restablecimiento de la paz social, mediante el diálogo comunitario y
el encuentro personal entre los directamente afectados, con el objeto de satisfacer de modo
afectivo las necesidades puestas de manifiesto por los mismos; devolviéndoles una parte
significativa de la disponibilidad sobre el proceso y sus eventuales soluciones, procurando la
responsabilización del infractor y la reparación de las heridas personales y sociales provocadas
por el delito" (Ríos Martín citado en Ferreirós, Sirvent, Simons, y Amante, 2011, p. 78).
McGarrell y Hipple (2007) estudiaron a 782 adolescentes de de menos de 15 años que
cometieron un delito por primera vez. Formaron un grupo control y grupo experimental
aleatoriamente. Al grupo experimental se le aplicó el método de justicia restaurativa, en donde a
través de conferencias familiares, el agresor, la víctima, un facilitador capacitado, y los
partidarios de ambos individuos participan en un debate sobre el suceso que se produjo y los
perjuicios que se causaron a la víctima y a los implicados. En seguida se determina cómo el
agresor puede reparar el daño provocado. El objetivo de estas conferencias es construir un
sentido más íntimo de la rendición de cuentas y la restitución a la sociedad, esperando que con
ello disminuya la probabilidad de reincidencia en los menores. Los resultados mostraron que el
grupo experimental tuvo 23% menos detenciones. Aunque esta diferencia no fue significativa en
comparación al grupo control, se encontraron diferencias significativas en el número de delitos
después de la décimo sexta semana de post-tratamiento. Schwalbe, Gearing, MacKenzie,
Brewer, e Ibrahim (2012), realizaron un meta-análisis que evaluó los efectos y la calidad de
ejecución de programas juveniles de readaptación. Encontraron que en los estudios de justicia
restaurativa que contaban con la participación activa de los investigadores tenían una reducción
significativa de la reincidencia. Por lo que concluyen que la justicia restaurativa y las
intervenciones familiares son las intervenciones más prometedoras.
Características de programas efectivos. Andrews, Bonta y Hoge (1990) describen tres
principios importantes que se encuentran en los programas que reducen la reincidencia de los
delincuentes: (1) principio de riesgo, (2) principio de necesidad, y (c) principio de respuesta al
tratamiento.
Principio de riesgo. Un programa efectivo debe diferenciar a los ofensores según su
probabilidad de reincidencia para ofrecerles un servicio adecuado a ese riesgo. Los ofensores de
alto riesgo requieren servicios más intensos mientras que los ofensores de bajo riesgo requieren
menos servicios. Los autores indican que hay evidencia que sugiere que los servicios intensos
dirigidos a ofensores de bajo riesgo pueden llegar a incrementar la reincidencia. Por lo tanto,
evaluaciones fiables del riesgo de reincidencia no solo son importantes para decidir cuándo
liberar a un infractor, sino también para determinar el tratamiento más efectivo.
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Principio de necesidad. Andrews et. al. (1990), distinguen dos tipos de necesidades de los
ofensores: necesidades criminogénicas y no-criminogénicas (Tabla 2). Las necesidades
criminogénicas son aquellas que están asociadas con cambios en la reincidencia. Por ejemplo, el
abuso de sustancias y el desempleo son necesidades criminogénicas. Estas necesidades pueden
servir como objetivos de tratamiento, que si se logran resolver, reducen los niveles de
reincidencia. En cambio, aquellas necesidades que no están relacionadas con la probabilidad de
reincidencia se consideran necesidades no-criminogénicas, por ejemplo la ansiedad y la
autoestima. Reducir la ansiedad o incrementar la autoestima no impactaría el comportamiento
criminal futuro.
Tabla 2
Tipos de Necesidades de Infractores
Criminológicas
No-Criminológicas
Actitudes pro-crimen
Auto-estima
Contacto social con criminales
Ansiedad
Abuso de sustancias
Sentimiento de alienación
Habilidades para la solución de problemas
Incomodidad o molestia psicológica
Personalidad antisocial
Cohesión grupal
Hostilidad-ira
Mejoras comunitarias
Principio de respuesta al tratamiento. Hay ciertas características cognitivas,
conductuales, y de personalidad del infractor que influencian su respuesta a distintos tipos e
implementación de tratamientos. En general, los tratamientos cognitivo-conductuales son más
efectivos que otras formas de tratamiento (e.g., psicodinámica y centrada en la persona).
Polaschek (2012), hace una evaluación de los resultados obtenidos del modelo de Andrews et al
(1990) en los últimos 20 años. Concluye que la validez empírica y utilidad práctica justifica el
que este modelo sea el dominante en la rehabilitación de infractores, aunque queda campo para
mejorías.
Conclusiones
Este ensayo ha presentado los resultados de los últimos 30 años de investigación sobre la
readaptación social de menores infractores, demostrando que existen tratamientos de
rehabilitación con el potencial para reducir substancialmente la reincidencia, y por lo tanto,
reducir el crimen y mejorar la seguridad pública. Sin embargo, para poder implementar este tipo
de programas es imperativo propiciar el desarrollo de la investigación sistemática en esta área
en nuestro país. Existen muchos aspectos sobre los tratamientos para la rehabilitación que se
entienden incipientemente y que necesitan mayor investigación, y sobre todo, es imperante
desarrollar investigación en nuestro país que nos permita determinar la mejor manera de
contextualizar estos programas a nuestra realidad.
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El modelo de Andrews et al (1990), ha sido el más influyente en los modelos de rehabilitación
tanto de adultos como de menores. Los principios propuestos por Andrews et al (1990) sugieren
un modelo de casos diferenciados, en donde aquellos con mayores necesidades y mayor riesgo
de reincidencia sean los que reciban los programas más intensivos. Esto maximiza la efectividad
de los programas y proveería lineamientos empíricamente fundamentados para la asignación de
fondos. A pesar de las diferencias entre los servicios de rehabilitación para adultos y para
menores, la evidencia existente indica que los programas que se adhieren a los principios
propuestos por Andrews et al (1990) tienen mejores índices de rehabilitación,
independientemente de que estén dirigidos a adultos o menores. Al desarrollar un programa de
rehabilitación para menores que se apegue a los tres principios de Andrews et al (1990), es de
suma importancia tomar en cuenta los cambios en el desarrollo de los individuos que entran al
sistema de justicia juvenil. De ahí que se recomienda incluir dentro de los programas de
rehabilitación para menores, componentes para el desarrollo de habilidades cognitivas.
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Cite este artículo de la siguiente forma (estilo de Vancouver):
Sánchez-Armáss Cappello O, García de Alba Verduzco JE. Readaptación social en menores de
edad: una revisión de estudios empíricos. Psicologia.com [Internet]. 2013 [citado 30 Oct
2013];17:15. Disponible en: http://hdl.handle.net/
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