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Los sindicatos tildan de globo sonda el acuerdo de interinos y exigen seguridad jurídica



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Noticia | 15/11/2021

A la falta de concreción del pacto firmado por los socios de Gobierno, se suman las dudas sobre su encaje constitucional y sobre su aplicación autonómica.


El acuerdo alcanzado ayer por PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV para que los interinos con más de cinco años de antigüedad ininterrumpida en su puesto puedan hacerse con una plaza fija sin necesidad de pasar por una OPE deja, de momento, bastante frío al sector sanitario o, al menos, a los representantes de sus trabajadores, que navegan entre el escepticismo, la falta de información y el temor a que el anuncio sea un mero "globo sonda" que pierda fuerza durante su tramitación parlamentaria o carezca de eficacia alguna cuando se concrete en cada servicio de salud.


La letra del acuerdo que ayer alcanzaron los socios de Gobierno es muy clara: la posibilidad de acceder a una plaza fija sin tener que hacer un examen y sometiéndose sólo a un concurso de valoración de méritos afecta "a todas las plazas de carácter estructural ocupadas de forma temporal e ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de 2016". Es decir, cinco años de antigüedad desde el pasado 1 de enero, exactamente la mitad del tiempo que inicialmente se contemplaba en el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, (el ya famoso 14/21) que el entonces responsable de Función Pública Miquel Iceta (luego, María Jesús Montero asumió la competencia) firmó con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, y que el Congreso de los Diputados aprobó el pasado mes de julio por un solo voto a favor.



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Los firmantes justifican la medida por las tasas de reposición cero de 2012 a 2015


De hecho, ya en julio, cuando el Gobierno sacó adelante el decreto casi en el tiempo de descuento, los tres partidos que ayer firmaron el acuerdo con el PSOE avanzaron su intención de "modificar sustancialmente" la norma en el obligado trámite parlamentario, y concretamente pusieron el foco en ese plazo de 10 años que se fijaba como tope para que los interinos pudieran optar a un puesto de funcionario sin la pertinente OPE. El objetivo, claro, era reducir ese plazo al máximo.


El pacto cuatripartito insiste, además, hasta la saciedad en que esta medida será extraordinaria y excepcional; es decir, que esa regulación, que sobre el papel podría beneficiar a miles de interinos de todos los sectores de la Administración pública, sólo se hará una vez. Y ahí es donde los partidos firmantes se ponen la venda antes de la posible herida de una presunta inconstitucionalidad.


"Entre las condiciones que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, han de darse para que no quepa apreciar infracción alguna del principio de igualdad de acceso a cargos y empleos públicos están, en primer lugar, que se trate de una situación excepcional; segunda, que sólo se acuda a este tipo de procedimientos por una vez, pues de otro modo se perdería su condición de remedio excepcional, y tercero, que dicho procedimiento esté previsto en una norma con rango legal", dice literalmente el texto de un acuerdo que, a tenor del peso parlamentario de los cuatro partidos firmantes, saldrá adelante en el Congreso, tanto en la comisión que estudia el ingente volumen de enmiendas que está recibiendo el decreto como en el Pleno.


Los sindicatos ya dudaban del plazo de 10 años con que el decreto salió del Congreso


La necesidad de garantizar contra viento y marea la seguridad jurídica de la norma que salga definitivamente de la Cámara baja es, precisamente, la condición sine qua non en la que insisten hasta la saciedad los tres sindicatos firmantes del decreto de julio. Apenas unas horas después de hacerse público el acuerdo de los socios de Gobierno, el Área Pública de CCOO insistía en que tanto el 14/21 como "la ponencia que acabamos de conocer no pueden generar una mayor incertidumbre o una nueva discriminación, y que además deben contar con seguridad jurídica".


Sin entrar a valorar la reducción de 10 a 5 años pactada por los cuatro partidos, CCOO se limita a decir que "seremos respetuosos con los cambios que se puedan introducir, siempre y cuando sirvan para dar una solución definitiva y que no acabe en un largo proceso judicial".


El comunicado de CCOO recuerda también que, a juicio de los sindicatos firmantes, "resulta imprescindible acabar con las tasas de reposición" para el acceso al empleo público y, según el contenido de la enmienda acordada ayer, son precisamente esas tasas de reposición las que les sirven de coartada a los cuatro firmantes para fijar en el 1 de enero de 2016 el nuevo plazo de referencia, porque "las tasas de reposición cero de 2012 a 2015 provocaron la imposibilidad de incorporar a las correspondientes ofertas públicas de empleo las plazas que en esos momentos se estaban ocupando en régimen de interinidad", especifica el texto pactado ayer.


Amyts habla de "globo sonda" y pide evitar enfrentamientos entre los trabajadores


En la misma línea, Fernando Hontangas, responsable de Sanidad del sindicato CSIF, otro de los firmantes del decreto de julio, insiste en la idea de que "el acuerdo que finalmente salga del trámite parlamentario debe regirse única y exclusivamente por estrictas garantías de seguridad jurídica. Si nosotros firmamos en su día un decreto [en referencia al 14/21] lo hicimos precisamente para que todas las medidas que se adoptasen para acabar de una vez por todas con la temporalidad que aqueja a este sector pudieran trasponerse al Estatuto Marco, y se hiciera con la necesaria cobertura y seguridad jurídica. Todos los cambios, pactos, acuerdos y enmiendas que se incorporen al 14/21 en su redacción final deben tener las mismas garantías de seguridad".


Ya en julio, después de que la norma saliera adelante en el Parlamento, incluso los sindicatos firmantes expresaron sus dudas por la inclusión en el decreto de ese plazo de 10 años como límite para que los interinos afectados pudieran regularizar su situación laboral de forma extraordinaria.



Los representantes de los trabajadores recordaron entonces una premisa que sigue rigiendo hoy, cuando ese límite parece que se rebaja a 5 años, que la doctrina del Tribunal Supremo dictamina que el abuso de temporalidad se produce a partir de los tres años, que es exactamente el plazo que ya fija el actual Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en su artículo 10: "Transcurridos 3 años desde el nombramiento del personal funcionario interino se producirá el fin de la relación de interinidad, y la vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera".


Hontangas añade que, "al margen de anuncios, que pueden ser realidades o meros globos sonda interesados, lo cierto es que aún falta mucha información. ¿En qué condiciones se produciría esa regularización, si se produce? ¿A cuántos interinos beneficiaría? ¿Cómo se articularían los procesos selectivos y cuántas plazas se convocarían? Y, sobre todo, ¿cómo se concretarían todas estas medidas en cada una de las comunidades y entidades locales? En definitiva, hasta que no veamos el acuerdo publicado en el BOE, todo lo demás es especulación sin fundamento".


¿Y las autonomías, qué?



Ahí, precisamente, en la concreción que esa masiva regularización de interinos tenga en cada comunidad, es donde reside, a juicio de los sindicatos, uno de los meollos clave del asunto. De hecho, el texto del pacto concreta que "estos procesos podrán ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración del Estado, comunidades autónomas y entidades locales y respetarán, en todo caso, los plazos establecidos en esta norma".


En este sentido, Julián Ezquerra, secretario general del sindicato Amyts, coincide con Hontangas en que, de momento, falta mucha información: "No sabemos los detalles; el número de puestos que, en teoría, se convocarían; las plazas que saldrían a concurso; cómo se va a sustanciar ese acuerdo, si sale adelante, en el Congreso de los Diputados; cómo se va a plasmar en cada una de las 17 comunidades autónomas y en sus servicios de salud, en qué medida será de aplicación a lo que establece el Estatuto Marco... En definitiva, de momento, sólo cabe recomendar prudencia".


Ezquerra también habla expresamente de "globo sonda" y alerta de la posibilidad de que anuncios de este tipo, "lanzados interesadamente y sin la debida concreción", provoquen enfrentamientos entre los profesionales, "una pelea de todos contra todos, que sólo beneficia a la Administración".


El secretario general de Amyts enfatiza que "tenemos unos empleadores públicos que se caracterizan por una constante: el abuso sistemático de la temporalidad. Se ha utilizado y se sigue utilizando mal la figura del interino, del temporal, del eventual, del sustituto... y, al cabo de los años, se ha generado tal bolsa que ahora mismo la Administración, forzada por Europa, quiere arreglar un problema mayúsculo que ella misma ha creado y no sabe cómo hacerlo".



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Fuente: Diario Médico
Palabras clave: interinos, plaza, vacante, sindicatos, seguridad jurídica
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