"Una cosa es no hacer nada y otra hacer políticas activas de deterioro del orden establecido mínimo y de las mínimas garantías asistenciales para los pacientes. En definitiva, hacer política mediática que no sirve al ciudadano". Javier Prado, portavoz de la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes (Anpir) ha calificado así el Programa de Bienestar Emocional y Salud Comunitaria, del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, que nació en octubre de 2021 con la intención de servir como puente entre la atención primaria y las redes de salud mental.
En esta atención a la salud mental en el primer nivel asistencial no está asegurada la presencia de un psicólogo clínico ni especialistas con la formación suficiente en atención mental, por ese motivo y después de denunciar esta carencia durante más de un año -antes, incluso de ponerse en marcha en programa- Anpir ha llevado el caso a los tribunales.
La Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes (Anpir) ha presentado un recurso Contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el Departament de Salut de la Generalitat de Cataluña con el objetivo de declarar nulo el Programa de Bienestar Emocional y Salud Comunitaria por vulnerar el derecho de los ciudadanos a recibir atención especializada en la sanidad pública.
De acuerdo con el recurso presentado, el citado programa "no se ajustan a derecho, carece de aval científico y precariza la atención especializada", violando la Ley General de Salud Pública 33/2011 de 4 de octubre.
Según los requisitos establecidos por el Departament de Salut, para ingresar en la bolsa de trabajo de dicho programa los candidatos debían de estar en disposición de la licenciatura o el grado en Psicología junto con el Máster en Psicología General Sanitaria o un certificado de habilitación equivalente. Es decir, aclara el portavoz de Anpir, Javier Pardo, "no se les requería la formación oficial de especialista en psicología clínica, que es lo que les habilita para prestar una atención especializada en el Sistema Nacional de Salud".
"Es una medida tramposa. Han contratado a unos profesionales que, en principio, en palabras del consejero Argimon, no iban a tratar a pacientes, pero la realidad es que ya lo están haciendo y empiezan a generarse las primeras disfunciones relacionadas con la insuficiente formación, experiencia y conocimiento del sistema público de salud y del ámbito de atención primaria en particular. Además de que también se precarizan las condiciones laborales de los psicólogos generales sanitarios, que se ven obligados a asumir funciones que no son de su competencia", explica Javier Prado, portavoz de Anpir.
La falta de titulados en psicología clínica, un argumento esgrimido por las comunidades autónomas para contratar otros perfiles sanitarios en lugar de estos profesionales, tampoco sirve a juicio del presidente de la asociación.
Titulados y su situación
De acuerdo con los datos de titulados del Ministerio de Educación, en España hay un total de 6.900 especialistas en psicología clínica. Desde Anpir estiman que, de ellos, solo 3.000 trabajan en el conjunto de la sanidad pública, por lo que para mejorar el acceso a los tratamientos psicológicos esta cifra debería duplicarse y alcanzar los 6.000. "Para conseguirlo, un primer paso sería sacar cuanto antes 422 plazas PIR (Psicólogos Internos Residentes), que son 218 más que las actuales, y en Cataluña el doble de las que actualmente ofertan”, recuerda el portavoz. “En realidad no hay escasez de profesionales, lo que hay es falta de respuesta a las ofertas, por ello es conveniente revisar la calidad de las mismas", concluye Javier Prado.
¿Se trata esta de una pataleta corporativa de los psicólogos clínicos? Prado niega esta cuestión y amplía el foco de su demanda a toda la población y, de manera especial, a los pacientes con problemas de salud mental que merecen y, así tienen reconocido por ley, la atención por profesionales especializados.
