Psiquiatría general
Intervención judicial urgente

RESUMEN

La intervención judicial urgente en el ámbito sanitario se refiere a las actuaciones médico-legales que requieren respuesta inmediata por parte del sistema judicial, habitualmente por riesgo grave para la salud o la vida del paciente o de terceros.

Estas actuaciones deben conciliar la protección de la salud pública y la seguridad, y el respeto a los derechos fundamentales del paciente, especialmente su libertad y dignidad. El ejemplo más relevante es el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico, aunque también pueden incluirse otras situaciones urgentes como retenciones clínicas, medidas de seguridad, o custodia policial de pacientes judicializados.

El internamiento no voluntario procede cuando el paciente presenta un trastorno psíquico grave, Existe riesgo inmediato o potencial para sí mismo o para terceros, y
No consiente el ingreso o carece de capacidad para consentirlo.
El médico asistencial decide la necesidad de ingreso urgente en un centro psiquiátrico (público o concertado). Se debe emitir un informe médico motivado, especificando:
Diagnóstico o presunción diagnóstica, Riesgos observados, Justificación del ingreso, Ausencia de consentimiento.
El ingreso debe realizarse inmediatamente, priorizando la salud y la seguridad.
Comunicación urgente al juzgado: Plazo máximo: el centro sanitario debe comunicar el internamiento al Juzgado de Guardia en menos de 24 horas (art. 763.1 LEC).
La comunicación se hace por vía telemática, fax o comparecencia.
El Juez de Guardia debe ratificar o revocar el internamiento en un plazo máximo de 72 horas, tras oír al Ministerio Fiscal y examinar personalmente al paciente.

En procedimientos penales, si una persona inimputable o semiimputable comete un hecho delictivo, el juez puede imponer una medida de seguridad en lugar de una pena, conforme a los artículos 95 a 108 del Código Penal.

La actuación conjunta con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) se produce en diversas fases:

Traslado del paciente cuando hay riesgo de fuga o agresividad.
Custodia temporal en dependencias hospitalarias cuando exista orden judicial o situación penal.
Asistencia en la ejecución de medidas de seguridad o internamientos judiciales

Durante todo el proceso se deben respetar los derechos fundamentales, especialmente:

·     Derecho a la libertad personal (art. 17 CE).

·     Derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE).

·     Derecho a la intimidad y confidencialidad médica (Ley 41/2002 y LO 3/2018).

·     Derecho a la información y asistencia jurídica.

·     Derecho a recurrir judicialmente el internamiento.

Toda medida coercitiva debe ser proporcional, necesaria y temporalmente limitada, y documentada exhaustivamente en la historia clínica y en la comunicación judicial.