El Gobierno del Principado de Asturias creará un recurso específico de plazas de alojamiento para menores con trastorno mental. La medida figura en el Plan Sociosanitario del Principado de Asturias 2019-2021 que ha sido presentado este sábado en Oviedo por los consejeros de Sanidad y de Servicios y Derechos Sociales, Francisco del Busto y Pilar Varela respectivamente.
El documento, que ha sido aprobado esta semana en Consejo de Gobierno, incluye 110 medidas dirigidas a lograr una intervención coordinada que optimice recursos y facilite la colaboración entre profesionales.
Del Busto ha explicado que se va a potenciar todo lo que tiene que ver con la psiquiatría infantil y juvenil. Existe una unidad que va a abrirse pronto en La Ería (Oviedo). También prevén hacer otra en Gijon.
Pero tras la fase de hospitalización, cuando los pacientes salen de ese ambiente, se ha considerado oportuno que los menores con este tipo de problemas puedan estar en otras unidades, diferentes de las de los adultos, para que puedan tratarse de forma diferente.
El plan Sociosanitario del Principado explica que los nuevos perfiles de la población menor de edad en los que aparecen problemas emocionales, de conducta o de salud mental, a los que hay que añadir adolescentes que presentan conductas violentas hacia sus familias, son o pueden ser atendidos por los sistemas de servicios sociales, salud y educación.
"Permanezcan las personas menores de edad en sus familias o sean separadas de ellas temporalmente para pasar a residir en un centro, el modelo de intervención ha de ser, cuando menos, revisado tanto a nivel de intervención comunitaria como a nivel de intervención especializada", añade.
Como objetivo se plantea analizar el modelo de intervención en salud mental infantil y adolescente para realizar aquellos ajustes que permitan intervenir de una forma eficaz y adaptada a las nuevas necesidades de esta población.
FINANCIACIÓN
Los dirigentes del Principado han explicado que el plan movilizará más de 16 millones de euros hasta 2021, para mejorar la eficacia de los servicios públicos en la atención integral y de calidad a colectivos vulnerables, como las personas mayores o aquellas con enfermedades crónicas, de salud mental o discapacidad.
La planificación ha sido elaborada por cerca de un centenar de profesionales de los sistemas de salud y servicios sociales que integran los órganos de coordinación socio-sanitaria creados por decreto en diciembre de 2016: el consejo interdepartamental, la comisión técnica y los equipos territoriales. Todos ellos, a su vez, se encargarán de coordinar y ejecutar las actuaciones previstas.
En cuanto a la financiación, Del Busto ha explicado que para este año 2019 están contemplados 2,9 millones presupuestados para el plan, mientras que para 2020 habrá 6,1 millones y para 2021 se destinarán siete millones.
