Las violaciones de los derechos humanos y las prácticas coercitivas en la atención de salud mental, que se sustentan en la legislación y las políticas vigentes, siguen siendo demasiado frecuentes. En todo el mundo, muchos servicios de salud mental continúan recurriendo a la hospitalización y el tratamiento sin consentimiento, condiciones de vida insalubres, la violencia física y el maltrato psicológico.
Aunque, desde la adopción en 2006 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, muchos países han intentado reformar sus leyes, sus políticas y sus servicios, desde la Organización Mundial de la Salud se considera que muy pocos han adoptado o enmendado las leyes y políticas pertinentes en la medida necesaria para poner fin a los abusos y promover los derechos humanos en la atención a la salud mental.
"La salud mental es un componente integral y esencial del derecho a la salud", ha señalado, recientemente su director general, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien insta a los países "a introducir los cambios necesarios para prestar una atención de salud mental de calidad que ayude a la persona a curarse y que respete su dignidad, capacitando a las personas con trastornos mentales y discapacidades psicosociales para que lleven una vida plena y saludable en su entorno social".
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En la actualidad, tal como se apunta desde la OMS, la mayor parte del gasto público en salud mental se destina a hospitales psiquiátricos; concretamente, el 43% en los países de ingresos altos. Sin embargo, se ha demostrado que los servicios de atención comunitaria a la salud mental son más accesibles, rentables y eficaces que los que priman la atención en establecimientos de salud.
Desde dicha organización se considera fundamental poner fin a las prácticas coercitivas en la atención de salud mental, como el internamiento sin consentimiento, el tratamiento forzoso, la reclusión y la contención, para respetar el derecho de todas las personas a decidir la atención que van a recibir y a tomar sus propias decisiones sobre su tratamiento. Asimismo, cada vez hay más pruebas de que este tipo de prácticas repercuten negativamente en la salud física y mental de la persona, pues a menudo empeoran su estado de salud y la privan de sus sistemas de apoyo.
Nuevas orientaciones para mejorar la legislación
Es por ello, y coincidiendo con el Día Mundial de la Salud 2023, que se conmemora este 10 de octubre, la OMS y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han lanzado conjuntamente una nueva publicación ´Salud mental, derechos humanos y legislación: orientaciones y prácticas´ con la que pretenden ayudar a los países a reformar su legislación para poner fin a las violaciones de los derechos humanos y mejorar el acceso a una atención de salud mental de calidad.
Las orientaciones proponen una legislación que ponga fin a la coacción en los servicios de salud mental y consagre el consentimiento libre e informado como base de todas las intervenciones en esta esfera. Además, en ellas se aconseja cómo tratar los casos más complejos y difíciles mediante legislación y políticas, sin tener que recurrir a prácticas coercitivas.
Aunque en estas nuevas orientaciones se reconoce que la salud mental no es responsabilidad exclusiva del sector de la salud, se apela a todas las instancias normativas y legislativas que intervienen en la elaboración, la modificación y la aplicación de la legislación que afecta a la salud mental, como las leyes que combaten la pobreza, la desigualdad y la discriminación.
Asimismo, las nuevas orientaciones incluyen una lista de control para que los países evalúen si su legislación sobre atención a la salud mental cumple las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Además, en ellas se subraya la importancia de que, como parte esencial de este proceso, se consulte a personas con experiencia práctica y a sus organizaciones, y de que se informe y se conciencie a la población general sobre cuestiones relacionadas con los derechos en este ámbito.
