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Un consorcio publico-privado ha puesto en marcha el proyecto 'Spark', que desarrollará un nuevo fármaco neuroprotector para el tratamiento de déficits cognitivos asociados a la esquizofrenia y otros trastornos mentales.
El proyecto está liderado por la biotecnológica Iproteos --con sede en el Parc Científic de Barcelona (PCB)--, y participan la biofarmacéutica Ascil-Biopharm, el Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona), el Centro de Regulación Genómica (CRG), y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), han informado en un comunicado conjunto.
'Spark' ha recibido una ayuda de 500.000 euros del Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la convocatoria Retos-Colaboración 2014 del 'Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad'.
El candidato a fármaco es el IPR019 y pertenece a la familia de compuestos llamados de 'tercera generación', cuya actividad terapéutica está basada en el bloqueo de una proteína ubicada en el cerebro y relacionada con el déficit cognitivo.
El medicamento actúa mediante un nuevo mecanismo de acción "no explorado hasta el momento en el tratamiento de la esquizofrenia", ha afirmado la investigadora del IRB Teresa Tarragó.
Los investigadores han conseguido una mejora notable de las capacidades del aprendizaje y memoria lo que hace de este fármaco un "tratamiento revolucionario" para aquellas enfermedades del sistema nervioso central en las que las capacidades cognitivas se ven gravemente alteradas.
Una vez se haya evaluado la toxicidad y se hayan hecho estudios con modelos animales de esquizofrenia, el resultado esperado es la obtención de una formulación y vía de administración óptimas para el uso del compuesto como fármaco en pacientes.
Ello permitirá realizar ensayos preclínicos regulatorios y se calcula que la primera administración en humanos sea en 2016 para una futura aplicación en centros de salud.
Se estima que la esquizofrenia afecta a unos 24 millones de personas en todo el mundo, y es la quinta enfermedad más costosa para la sociedad, en términos de atención requerida y pérdida de productividad --hasta un 90% de los pacientes se encuentran en situación de desempleo-- con un coste anual en la UE de más de 35.000 millones de euros.
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