Un pequeño paso para los becarios, un gran paso para el Gobierno. Éste podría ser el resumen tras la aprobación, en el Consejo de Ministros de ayer, del Estatuto del Becario, que por primera vez regula el régimen jurídico mínimo de los jóvenes investigadores en España, al mismo tiempo que les proporciona prestaciones concretas en el régimen de la Seguridad Social.
El Gobierno quiere poner fin así a una larga carrera de obstáculos que comenzó con la promesa, a mediados de 2002, de la entonces ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, que continuó durante la etapa de su sucesor en el cargo, Josep Piqué, y que concluye ahora con un Estatuto que no termina de satisfacer a nadie, pero que tiene por lo menos la virtud, en palabras del secretario de Estado de Política Científica, Pedro Morenés, de «poner algo donde antes no había nada».
Así, a partir de ahora los becarios tendrán derecho a disfrutar del Régimen General de la Seguridad Social, con la única exclusión de la protección por desempleo. Se reconocen los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, pero no se regula el derecho a vacaciones. El Estatuto prevé también la cotización obligatoria a la Seguridad Social y el respeto al desarrollo del programa de investigación del becario, sin que se le pueda exigir la realización de otras actividades ajenas a su investigación.
El Estatuto sólo será aplicable a los jóvenes investigadores que ya tengan el doctorado o a licenciados que, sin ser doctores, cuenten con el Certificado de Suficiencia Investigadora, al que se suele acceder tres años después de obtener la licenciatura. En los departamentos ministeriales que cuentan con becarios de investigación (Ciencia, Educación, Defensa y Sanidad) existen en la actualidad 951 becarios de la primera categoría (doctores) y 8.059 de la segunda. Entre los primeros, 759 estarán regulados por el Estatuto y entre los segundos, 3.400, lo que deja inalterada la situación de la mayor parte de los becarios licenciados no doctores. Estas cifras sólo se refieren, además, a los becarios de la Administración General del Estado y, por lo tanto, no incluyen a los de las Comunidades Autónomas y las Universidades. Requisito imprescindible para acogerse a los beneficios del Estatuto es la inscripción en un nuevo Registro de Becas, que no es obligatoria en el caso de las Comunidades Autónomas y las instituciones privadas. El impacto presupuestario del nuevo Estatuto será, según Ciencia, de 5.315.158 euros.
Para María Villarroya, presidenta de la Federación de Jóvenes Investigadores-Precarios, «carecíamos de toda regulación y necesitábamos algo. Por fin ha llegado ese algo, aunque tarde y con muchas carencias». María Villarroya aseguró que «aunque es un pequeño paso adelante, sentimos que nos han tomado el pelo. No se ha tenido en cuenta ninguna de las aportaciones que realizamos durante el periodo de redacción del Estatuto. Pero lo más importante es que, en principio, el Estatuto iba a beneficiar a todos los becarios y ahora resulta que solo abarca a los doctores y a los que tengan certificado de suficiencia investigadora. Y esto no lo hemos conocido hasta hoy».
En declaraciones a ABC, Pedro Morenés subraya «el tremendo esfuerzo realizado para poner finalmente un texto concreto sobre la mesa, que mejora notablemente la situación actual». El secretario de Estado de Política Científica recalca el hecho de que, a partir de ahora, «los becarios tendrán garantizada una cobertura sanitaria. Visto lo que había, lo que tenían y lo que tienen, es un gran paso adelante».
Morenés anuncia, además, la intención del Ministerio de Ciencia de «dar un paso más» y «hacer posible que las becas estén exentas del pago del IRPF». La medida se adoptará, con toda probabilidad, a principios de 2004, a través de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado. «Creemos que las becas, todas ellas, no deberían cotizar. Junto a la inclusión en el régimen de la Seguridad Social recién aprobada, la exención del IRPF será otro hito que mejore la situación de los becarios».
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