Casi cuatro años después de que la covid deflagrara en el centro mismo de la vida conocida hasta entonces, el Sistema Nacional de Salud (SNS) supura aún por una de las quemaduras más indelebles que dejó aquel incendio: las secuelas psicológicas que sufrieron (y sufren) miles de profesionales sanitarios. Hoy, Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, las llamas de aquella pandemia mundial se han aplacado, pero, entre los rescoldos, que aún humean, siguen latentes las cenizas de un problema que, a tenor de las cifras, parece cómodamente instalado en la base del sistema.
El 86,4% de los 925 médicos que recurrieron al Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (Paime) en 2022 (último año con cifras oficiales) lo hicieron por problemas relacionados con la salud mental (depresión, ansiedad, trastornos adaptativos y del estado de ánimo, falta de sueño...). Este dato es infinitamente más alto que el del resto de los problemas (alcoholismo, adicciones a sustancias tóxicas, patología dual...) que llevaron a los médicos a pedir ayuda a este programa, que la Organización Médica Colegial (OMC) creó en 1998. Además, ese porcentaje no ha dejado de crecer en la última década, y se ha disparado de forma espectacular desde 2019, el año previo al inicio de la pandemia.
En 2011 (primer año de recogida sistemática de datos), las consultas que los clínicos del Paime atendieron por problemas relacionados con la salud mental del médico representaron algo más de la mitad del total (un 57,9%), mientras que los casos de alcholismo suponían un 19,3%, y el porcentaje de casos relacionados con otras adicciones (benzodiacepinas, zolpide, cannabis, cocaína...) se quedaba en el 7,1%. Una década después, y con los rescoldos de la pandemia aún vivos, las consultas por trastorno mental atendidas por el Paime han subido 28,5 puntos porcentuales, hasta ese 86,4% registrado en 2022.Y aún hay más.
Un porcentaje muy significativo de ese espectacular incremento (11 de los 28,5 puntos porcentuales) se ha registrado en los últimos 4 años: en 2019, el 75,5% de los casos atendidos por el Paime estaban relacionados con la salud mental; en 2020 fue ya el 78%, un 83,2% en 2021 y 3,2 puntos más en el año 2022."Los datos son incontestables, pero no solo por su volumen sino por la preocupante tendencia al alza que revelan.
Es evidente que la covid-19 ha intensificado el problema, pero no lo es menos que ese problema ya estaba latente en el SNS, y que se mantiene, más o menos constante en el tiempo, cuatro años después de la declaración oficial de la pandemia". Lo dice María Isabel Moya, coordinadora nacional del Paime y vicepresidenta primera de la Fundación para la Protección Social de la OMC.
"La ansiedad ante lo desconocido, el miedo al contagio, propio o de la familia; la incertidumbre, la insoportable presión asistencial, tener que decidir qué pacientes iban o no a la UCI... Todo eso, y mucho más, eran el día a día de miles de especialistas en la fase más aguda de la crisis. Eso, obviamente, pasó factura, pero la pasó, además, sobre un sistema que, no lo olvidemos, estaba previamente muy tocado, y que hoy, pasada la fase aguda de la crisis, no ha abordado los cambios estructurales ni de condiciones de trabajo necesarios para atajar esos problemas", denuncia Moya.
Y las cifras, nuevamente, nos lo chivan. La propia Fundación de la OMC, Mutual Médica y la Fundación Galatea han elaborado un estudio, este evolutivo, con recogida de datos en tres momentos temporales: marzo/mayo de 2020 (justo al inicio de la crisis), el otoño de ese mismo año, y una tercera encuesta, a la que respondieron más de 4.300 médicos de toda España, entre noviembre de 2022 y febrero de 2023. Pues bien, este último sondeo (tres años después de la irrupción de la covid) cifra en un 26% el porcentaje de facultativos que presenta un estado de salud mental regular o malo; una cuarta parte duerme menos de seis horas diarias y el 35% padece algún tipo de insomnio.
Además, de los más de 4.300 especialistas que respondieron a esa encuesta de 2023, el 60% era usuario real o potencial de servicios de apoyo psicológico o de atención a la salud mental (públicos y privados) en el año 2022, frente al 24% que declaraba serlo en 2020. Es decir, el porcentaje de médicos que recurre a la ayuda de psicólogos y/o psiquiatras se ha disparado con la covid, pero el porcentaje de salida no era ya nada desdeñable: nada menos que una cuarta parte del colectivo médico. "La pandemia tensionó mucho más un sistema que ya venía de casa tensionado, y agravó el malestar de los profesionales.
Hoy, los problemas de salud mental están más asociados al empeoramiento de sus condiciones laborales, basado, sobre todo, en el exceso de horas de trabajo, la sobrecarga y la sensación de estar sobrepasados", dice Moya. El sondeo de febrero de 2023 dice, en efecto, que el 38% de los médicos se siente sobrepasado, y que el 43% dice sufrir burnout, cifras ambas muy superiores a las autopercibidas en el periodo prepandémico.
Y no será por falta de luces rojas en forma de estudios. La revista oficial de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo publicó, también en 2023, otro estudio (con sendas encuestas llevadas a cabo en los dos años previos) que avala que, lejos de recuperarse, la salud mental del médico español sigue muy tocada en la fase valle de la pandemia.
Según ese estudio, los niveles de ansiedad se habían reducido de forma apreciable entre 2021 y 2022 (de un 58,1% a un 46,5%), pero la incidencia de la depresión se mantenía prácticamente constante: del 39,5% registrado en el año 2021 al 37,2% que contabilizó el estudio más de dos años después del inicio de la crisis sanitaria.
Y LA ADMINISTRACIÓN, ¿DÓNDE ESTÁ?
Los médicos del Trabajo que firman ese estudio piden expresamente que las administraciones sanitarias desarrollen "programas específicos de intervención sobre el bienestar emocional de los facultativos, así como proyectos y protocolos de prevención y promoción de la salud mental, para evitar que una situación similar pueda darse en el futuro".En la misma línea, el último Congreso Nacional del Paime, que se celebró en Bilbao el pasado noviembre, se cerró con una declaración en la que los 52 colegios de médicos de España pedían a todos los gobiernos (nacional y autonómicos) "y a sus administraciones sanitarias, como empleadores principales y colaboradores necesarios de las entidades médicas, su pleno apoyo, facilitando y garantizando el acceso a iniciativas que emanen del mismo entorno profesional, aseguren la confidencialidad, financiación suficiente, trabajo colaborativo con los gabinetes de salud laboral y prevención de riesgos laborales, así como su inclusión en las políticas de recursos humanos".
"Hay que ir a la diana del problema -dice la vicepresidenta de la OMC-, de forma que la salud mental de los profesionales sanitarios sea piedra angular del sistema y, si me apura, que pase factura política si no se cuida". De ahí que Moya pida expresamente que el programa que ella coordina "entre a formar parte de la Estrategia de Salud Mental del SNS, y se le dote de una partida presupuestaria específica, para que su financiación no quede al albur de las CCAA ni del momento político concreto".
Lo decía gráficamente el expresidente de la OMC Serafín Romero hace exactamente una década: "El Paime debe esta recogido en el BOE". Diez años después, eso sigue siendo un desiderátum.
Los convenios autonómicos de financiación del Paime, que se renuevan periódicamente, son un quebradero de cabeza para la Fundación de Protección Social de la OMC, que no sabe si la comunidad de turno va a seguir dando dinero o no, en qué porcentaje ni por cuánto tiempo. Una lotería que se traduce en una realidad muy heterogénea: desde la consejería que financia el Paime de su comunidad al 100%, como Navarra, hasta quien no aporta ni un euro, como la Comunidad Valenciana -donde ejerce la propia Moya, por cierto-, pasando por las que lo sufragan en porcentajes muy variables o las que solo pagan el tratamiento ambulatorio que precisan los médicos de su comunidad.
E interés por el programa de la OMC hay. Desde 1998, año de su fundación, el Paime ha atendido a un total de 8.083 médicos de todas las comunidades ("el 90% de los cuales se ha recuperado y ha vuelto a su puesto de trabajo", precisa la coordinadora), y el número anual de atendidos no ha dejado de crecer de forma paulatina desde el año 2015, cuando se registraron 298 casos, hasta 2022, con esos 925 médicos a los que se prestó ayuda.
Además, según el estudio de 2023 publicado por la Fundación de la OMC, la Fundación Galatea y la de Mutual Médica, del 60% de facultativos que reconocía necesitar o haber necesitado ayuda profesional, la mayoría (un 40%) había recurrido a psicólogos y/o psiquiatras privados, pero seguidos muy de cerca (un 35%) por los médicos que habían ido al Paime. "Es muy difícil reconocer que uno está enfermo, y más cuando la enfermedad es mental y tú te dedicas a ver pacientes.
Para dar ese paso, es vital la confidencialidad del Paime, al margen del centro de salud u hospital donde trabajes", apunta Moya.
EL GOBIERNO SE IGNORA A SÍ MISMO
En España, la incapacidad laboral por contingencias relacionadas con la salud mental es calificada, mayoritariamente, como enfermedad común. Sin embargo, desde 2010, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que los trastornos mentales y del comportamiento son enfermedades profesionales, y la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ha incluido el burnout en la Clasificación Internacional de Enfermedades.
Los sindicatos sanitarios españoles llevan más de una década luchando por que los riesgos psicosociales en el ámbito sanitario se reconozcan como enfermedad profesional, y han redoblado ese esfuerzo desde 2020 para que la covid-19 tenga esa misma consideración. Los sindicatos (y el Foro de la Profesión Médica, que avala esta petición) no exigen, además, nada extraordinario: la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023/2027, aprobada por el actual gobierno socialista, dice expresamente que "se incluirá la covid-19 como enfermedad profesional en el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales".
Ana Francés, secretaria federal de Salud de UGT, celebra que el ministerio haya puesto en marcha un Comisionado de Salud Mental (para el que acaba de designar como responsable a Belén González Callado), pero coincide con Moya en que, declaraciones de buenas intenciones al margen, "lo que hace falta es reforzar las plantillas y dimensionarlas adecuadamente para evitar la presión laboral.
Hasta que los empleadores no tomen conciencia de que la salud mental del sanitario está íntimamente ligada a sus condiciones de trabajo, no vamos a avanzar".
En la misma línea, Humberto Muñoz, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, apunta que "el pico pandémico y los meses inmediatamente posteriores fueron un inusitado test de estrés para la mayoría de los profesionales sanitarios de primaria y de hospitales. Ahora bien, cuando los datos epidemiológicos remitieron, los problemas estructurales seguían ahí, y agravados por el cansancio físico y psicológico y las bajas por enfermedad de miles de profesionales".
A todo ello, el dirigente de CCOO suma otro factor: "Los profesionales tienen la sensación de que muchos ciudadanos no son conscientes de la infrafinanciación e infradotación de personal del SNS, y de que les achacan a ellos problemas de índole organizativa que competen a la administración de turno".
Otra cosa más. Los rescoldos de aquel incendio de 2020 han dejado un poso visible de cenizas, pero ¿cuántas partículas flotan invisibles en el aire? ¿Cuántos casos de depresión están sin diagnosticar/tratar? Lo dice Francés: "Las estadísticas dicen que 1 de cada 4 personas tiene o tendrá algún problema de salud mental a lo largo de su vida, pero ¿cuántos están fuera del radar del sistema? ¿Cuánto profesional quemado no pide ayuda o ni siquiera sabe que lo está? Y lo corrobora la coordinadora del Paime: "La punta del iceberg es harto preocupante, pero no sabemos cómo de grande es la parte invisible. El sistema está muy tocado y nunca vamos a recuperar los índices prepandémicos, o incluso a mejorarlos, si el propio sistema no cuida de verdad al cuidador".
