El Gobierno defiende activamente las medidas implementadas para contrarrestar las agresiones a profesionales sanitarios, que en 2023 ascendieron a casi 9,400 incidentes, según cifras del Ministerio de Sanidad. En una respuesta parlamentaria, se destacan las acciones promovidas no solo por el departamento de sanidad sino también por el de Interior. Moncloa, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, está promoviendo la creación de departamentos de seguridad en centros médicos, logrando establecer 43 hasta diciembre de 2023.
Respondiendo a preguntas del Grupo Popular, que resaltaba las demandas de la Organización Médica Colegial (OMC) y el sindicato de Enfermería Satse para promover medidas estatales contra dichas agresiones, el Gobierno subraya que ha estado actuando desde 2017. Ese año, se estableció un protocolo común para las Fuerzas de Seguridad, que ha ayudado a contener la frecuencia de estos incidentes, según indican desde el Gobierno, donde el Ministerio del Interior ha jugado un rol crucial.
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Los datos apoyan parcialmente al Ejecutivo, mostrando una reducción del 28.8% en las agresiones en 2023 comparado con 2022, aunque este último año había experimentado un aumento del 5% respecto a 2021.
Además, en 2017 se introdujo la figura del "interlocutor sanitario", facilitando una comunicación continua entre las Fuerzas de Seguridad y el sistema sanitario, estableciendo 56 puntos de contacto a nivel territorial.
Se han llevado a cabo numerosas reuniones y actividades formativas con profesionales de la salud para fomentar la conciencia, mejorar la cooperación entre Administraciones Públicas y sensibilizar a la sociedad, considerado un elemento clave en esta lucha.
Por parte del Ministerio de Sanidad, se ha formado un grupo de trabajo técnico dentro de la Comisión Nacional de Recursos Humanos del SNS para desarrollar un sistema de notificación que evalúe y adopte medidas eficaces para abordar este problema a nivel nacional.
Aunque se ha propuesto la creación de una Ley específica contra agresiones a sanitarios, el PSOE ha evitado comprometerse con esta iniciativa, remitiendo a las medidas ya mencionadas y enfatizando que las competencias en salud recaen en las comunidades autónomas.
En lo que respecta al Ministerio de Sanidad, se ha formado un grupo de trabajo técnico dentro de la Comisión Nacional de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS) con el objetivo de desarrollar un sistema de notificación que permita evaluar la situación actual y adoptar medidas eficaces para enfrentar el problema a nivel nacional.
Adicionalmente, se ha creado un documento consensuado que incorpora un conjunto mínimo de datos (CMD) sobre agresiones a profesionales sanitarios, especificando las características más importantes para informar al Ministerio de Sanidad. Esto ha facilitado la elaboración de informes anuales que mejoran la adecuación de las propuestas de las comunidades autónomas en cuanto a medidas preventivas.
Es importante mencionar que, frente a la solicitud de la Organización Médica Colegial (OMC) de promulgar una ley específica contra las agresiones a sanitarios, el PSOE, partido mayoritario del Gobierno, ha evitado comprometerse con esta idea. En declaraciones a Redacción Médica, el partido se remitió a las medidas ya mencionadas en la respuesta parlamentaria y subrayó que la responsabilidad y competencias en materia de salud recaen en las comunidades autónomas
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