El pasado 29/6 se realizó un examen para que muchos de los psiquiatras que actualmente trabajan en infantil pudiesen acceder al título que recientemente ha entrado en vigor: Psiquiatría Infantil y Adolescente
-Denuncian que se ha realizado un examen sin “fiabilidad, validez ni objetividad” y no discrimina entre quiénes tienen competencias y quiénes no
-En torno a 40 hospitales y centros de salud de toda España profesionales de reconocido prestigio han reclamado una solución razonable al Ministerio
PUBLICIDAD
-Denuncian también que “existen fuertes presiones y desacuerdos para intentar frenar esta ola de protestas apoyada por muchos profesionales”
-Subrayan que casi la mitad de los examinados no han superado la prueba Madrid, agosto de 2023.- El movimiento PUPNYA, que reúne a psiquiatras unidos por la psiquiatría del niño y del adolescente (y que están ultimando los requerimientos legales para constituirse en asociación), quieren dar a conocer este nuevo comunicado y la siguiente denuncia pública:
El pasado 29/6 se realizó en Madrid un examen para que muchos de los psiquiatras que actualmente trabajan en infantil pudiesen acceder al título que recientemente ha entrado en vigor, Psiquiatría Infantil y Adolescente (PIYA) y que les habilita para ello. Estos profesionales, son especialistas en Psiquiatría por vía MIR y su título les habilita para ejercer con pacientes de todas las edades.
Cuando el Gobierno aprobó el Real Decreto que creó la especialidad de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, se inició un periodo de transición. A aquellos profesionales que podían acreditar más de cuatro años de trabajo en la especialidad se les otorgaba el título.
De esta manera se concedieron más de quinientos. Sin embargo, había cientos de profesionales que llevaban menos de cuatro años trabajando como psiquiatras infantiles. A éstos, según el Real Decreto, se les exigía que se presentaran a un examen para acreditar sus competencias.
La prueba de acceso extraordinario al título PIYA no se ha ajustado a las bases de la convocatoria según se indicaba en Real Decreto 689/2021, de 3 de agosto, de ser una prueba práctica. En concreto, el tercer caso clínico está repleto de datos epidemiológicos, códigos de clasificación manual y temas legislativos.
Básicamente, el contenido del examen estaba lejos de los necesarios para demostrar competencia clínica como profesionales dedicados a brindar atención en servicios dedicados a la salud mental de la infancia y adolescencia.
Según distintos expertos nacionales e internacionales, el examen no es práctico, está “mal hecho”, los contenidos distan mucho de los necesarios para ejercer en la práctica clínica habitual, no existe “fiabilidad, validez ni objetividad” y no discrimina entre quiénes tienen competencias y quiénes no.
Según los datos oficiales, casi la mitad de los examinados no han superado la prueba. En consecuencia, muchos de los psiquiatras presentados se quedarán sin título que acredite sus competencias como Psiquiatras de la Infancia y Adolescente. Para seguir atendiendo a los pacientes deberán estar en puestos provisionales, ejerciendo como profesionales “de segunda”.
En respuesta a dicha situación, los examinados no aprobados, que actualmente trabajan en servicios de Psiquiatría infanto-juvenil, se están planteando dejar sus actuales puestos de trabajo y pasar a servicios de Psiquiatría de Adultos en unidades que aseguren mayor una mayor estabilidad laboral. Todo esto supondría una mayor precariedad en la asistencia, prácticamente colapsada, en unidades de Psiquiatría infanto-juvenil en zonas ya con alta necesidad y escasez de profesionales.
Resulta difícil justificar ante las familias de nuestros pacientes que, existiendo profesionales especializados en Psiquiatría infantil y adolescente, muchos de los psiquiatras que los van a atender (algunos, en dispositivos de tercer nivel con atención a pacientes de gran complejidad, o altamente específica) no están reconocidos como especialistas en la infancia y la adolescencia.
Igualmente, el no reconocimiento de su especialización limita la capacidad de las Unidades de Salud Mental infanto-juvenil para acreditarse como unidades docentes, al exigirse una ratio de 5 adjuntos especialistas en Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia por cada médico interno residente de la nueva especialidad.
Por otro lado, se abre una brecha de incertidumbre respecto al mensaje disuasorio que el no reconocimiento podría ejercer sobre muchos de estos psiquiatras; quienes, temerosos de no poder optar a una estabilización en el ámbito de su ejercicio a un medio plazo, podrían replantearse su ejercicio en la Psiquiatría Infantil y Adolescente, o redirigir su trayectoria profesional hacia otros ámbitos de la Psiquiatría donde no puedan verse excluidos de concursos y oposiciones.
La carencia de profesionales cualificados en Salud Mental Infantil y Adolescente es una realidad que está muy presente en la cotidianidad de nuestros servicios, existiendo actualmente enormes dificultades para cubrir vacantes, con la consecuente repercusión asistencial; problema que podría acentuarse de forma dramática a raíz de esta situación, sin visos de solucionarse a un corto plazo, teniendo en cuenta que aún faltan 5 años para que finalice la primera promoción de especialistas formados según el programa de la nueva especialidad.
Consecuentemente, según nuestras fuentes, se estima que se han enviado más de un centenar de cartas impugnando el examen, especialmente caso 3, y un número importante de jefes de servicios y coordinadores de área, que podría estar hoy en torno a 40 hospitales y centros de salud de toda España, profesionales de reconocido prestigio y trayectoria en la especialidad de la Psiquiatría del Niño y Adolescencia, han enviado una carta conjunta al Ministerio reclamando una solución razonable para estos jóvenes profesionales.
Sin embargo, existe temor a consecuencias hacia estos profesionales, al menos 1 ha sido expedientado o recriminado por firmar la carta.
Desde dentro de la propia Comisión Nacional de la Especialidad de Psiquiatría del Niño y Adolescencia y ciertas sociedades científicas, existen fuertes presiones y desacuerdos para intentar frenar esta ola de protestas apoyada por muchos profesionales.
Cabe señalar que la gran mayoría de los psiquiatras jóvenes que actualmente prestan atención en nuestras unidades han escogido este camino, frente a aquellos que optaron por prestar atención en la red de adultos, afrontando de forma personal las dificultades existentes hasta ahora para su formación.
Muchos han realizado cursos, acreditaciones específicas, formación psicoterapéutica infantil y del adolescente, estudios de postgrado y másteres, estancias en el extranjero costeadas por ellos, o, en algunos casos, por medio de las prestigiosas Becas de la Fundación Alicia Koplowitz; también son investigadores activos en el ámbito de la Salud Mental Infantil, algunos han realizado sus tesis doctorales al respecto o están en proceso, y participan en sociedades científicas de Salud Mental infantil y adolescente, méritos todos ellos que no han sido considerados en el proceso de acceso a la especialidad, que ha dependido únicamente de la prueba teórica.
Estos profesionales demuestran día tras día su compromiso con sus pacientes y familias, y sus competencias para realizar una asistencia altamente especializada. El colectivo de profesionales solicita que se revisen las alegaciones de anular las preguntas impugnadas, anular el caso clínico 3, realizar cómputo global en vez de por cada caso clínico y se vuelva a corregir para los no aprobados, y que el Ministerio busque solución a lo que puede ser un agravamiento de la escasez de psiquiatras infantiles en el momento actual.
