Durante décadas, los hombres y mujeres con problemas mentales eran apartados de la sociedad, ingresándolos en hospitales psiquiátricos y llegando a permanecer toda la vida allí. Un modelo que la evidencia científica ha demostrado que es ineficaz y que en España se descartó en la reforma de la Ley General de Sanidad de 1986. Sin embargo, el paso a una atención comunitaria aún no termina de concretarse 36 años después con el mantenimiento de 96 psiquiátricos activos que representan más de 12.749 camas.
“La reforma implicó que cuantos más enfermos vivieran con su familia mejor. Entonces, nos dimos cuenta de que usar hospitales psiquiátricos era una limitación para eso. Aunque hay que tener en cuenta que hacer cierres de forma radical también tiene su riesgo. Son enfermos que llevan ingresados allí 20-25 años, algunos incluso 40, y estas personas tienen muchos problemas para sobrevivir en la calle. Por lo tanto, el cierre a la brava nunca ha sido una opción en España por los riesgos que conlleva”, detalla Víctor Pérez Sola, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (Sepb).
Una solución drástica que está descartada, pero que no implica que deje de ser “imprescindible” que cada vez haya menos enfermos ingresados en grandes instituciones psiquiátricas. “Está demostrado que cuando un enfermo lleva allí más de dos años las posibilidades de alta son muy bajas. Además, las posibilidades de recuperación se desvanecen, entendiendo esta como que puedan volver a tener una vida útil y feliz en la comunidad pese a permanecer con síntomas”, asegura el psiquiatra.
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¿Cuántos psiquiátricos hay en España?
Salvo Extremadura, todas las comunidades autónomas tienen uno o más hospitales psiquiátricos en activo. Destacan especialmente Cataluña (24 centros), Madrid (10) y Andalucía (9). Según el catálogo de hospitales de 2021, el 61 por ciento (57) de estos centros de salud mental son de carácter privado. Mientras que de dependencias autonómicas hay 24 centros, de dependencia estatal uno, de organizaciones no gubernamentales ocho y de otras entidades públicas dos.
“Muchas comunidades autónomas siguen teniendo muchos enfermos de media y larga estancia. Es cierto que el número se ha reducido a nivel nacional, pero no con la suficiente ambición con la que deberíamos hacerlo. Es un reto que cada vez sean menos y al mismo tiempo respetar la seguridad de los que llevan muchos años y no tienen familia”, detalla Pérez Sola.
Para el presidente de la SEPB, quien también ha formado parte de varios grupos en Cataluña para cerrar las unidades de media y larga estancia, la clave es encontrarles un sitio donde vivir. “Necesitamos pisos y residencias asistidas. Es algo que se ha hecho en muchos países. Se puede y se debe hacer, pero cuesta mucho dar ese paso por muchos motivos. Por ejemplo, en Cataluña hay más de 2.000 camas de media y larga distancia, esto quiere decir que hay una serie de gente que trabaja y que vive allí. Hay que ser muy contundente con la idea de esto lo tenemos que cerrar”, asegura.
Cambio de modelo asistencial en la salud mental
El cierre al que hace alusión la reforma sanitaria no atañe a todas las unidades de Salud Mental. “Hay una serie de unidades de agudos, subagudos y rehabilitación que no tiene sentido cerrarlas porque son muy útiles para que el enfermo vuelva a la comunidad. Sin embargo, hay unas unidades de media y larga distancia, que hay que atacar con el cuidado de colocar a los enfermos. En muchos casos ya no tienen familia y hay que buscarle un sitio donde se garantice su estancia con determinados soportes asistenciales porque sin él se mueren. Ya hemos visto que los países que lo cerraron de golpe pagaron un alto precio en sus enfermos”, recuerda Pérez Sola.
"En muchos casos ya no tienen familia y hay que buscarle un sitio donde se garantice su estancia con determinados soportes asistenciales porque sin él se mueren"
Por el contrario, los países que lo hicieron de forma exitosa reconvirtieron sus unidades para dar atención sanitaria en miniresidencias o pisos asistidos. “Ahí está el personal sanitario que ha salido de estos psiquiátricos que se han cerrado. Hay un modelo llamado afectivo-comunitario que básicamente implica dedicar los recursos que se destinaban al centro a mantener al enfermo en la comunidad. Hay de todas las clases: gente que vive en un piso compartido con dos horas de supervisión al día y casos más graves que viven en miniresidencias donde tiene una persona que les atiende las 24 horas del día”, asegura el especialista.
El reto mientras se culmina la transición: no realizar nuevos ingresos permanentes
Mientras llegan las soluciones para culminar el cierre de estos hospitales, la Psiquiatría se enfrenta al reto de no generar nuevos ingresados de media y larga duración. “Es importante que aquellos pacientes a los que se le vaya dando el alta no ingresen más o que solo ingresen aquellos casos donde es imprescindible porque no tienen soporte social o porque tienen una sintomatología que les hace ser peligrosos para ellos o la sociedad. Aunque estos son los menos, la inmensa mayoría de los que están en las unidades de media y larga distancia no son de riesgo ni para ellos ni para la sociedad, llevan allí más de 30 años porque no hay estructura para darles salida”, revindica el presidente de SEPB.
Para Pérez Sola se debe encontrar el modelo para cerrar los psiquiátricos sin que sufran los enfermos que están allí, y no se debe plantear esto como una cuestión de coste-eficacia. “En estos casos hay que sacar el coste de la ecuación, tenga el precio que tenga, no podemos permitirnos tener al enfermo ingresado 40 años. Esto va en contra de los derechos humanos. Sobre el papel, es más barato tenerlo en la comunidad con soporte que en los psiquiátricos, pero aquí se trata de un tema de modelo y dignidad”, resalta el especialista, quien espera que en el medio plazo España sea capaz de evitar más ingresos y se dé salida a la “barbaridad” de número de enfermos que están en esta situación.
