El Consejo Económico y Social (CES) ha mandado un mensaje de advertencia a las administraciones públicas para que incrementen la inversión dedicada a la salud mental. El órgano consultivo del Gobierno ha tildado de “preocupante” el desajuste que ha detectado entre el peso que tienen actualmente este tipo de trastornos entre la población y el volumen de recursos que se dedican desde el Sistema Nacional de Salud (SNS) para hacer frente a este fenómeno.
Esta observación es una de las claves que los analistas han recogido en su Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de España en 2022. El resumen ejecutivo ha destacado negativamente la inversión dirigida a las patologías de salud mental en las políticas públicas, a pesar del fuerte incremento en el presupuesto sanitario derivado de la pandemia. En 2020 la partida se disparó en un 11,7 por ciento, mientras que el año siguiente el salto fue de un 5,2 por ciento, pero no ha tenido reflejo en este campo asistencial.
"Destacó también el inusitado protagonismo de la salud mental, convertida en cuestión de salud pública por efecto de la pandemia", han valorado desde la entidad pública independiente que está adscrita administrativamente al Ministerio de Trabajo y de Economía Social.
La publicación de estas conclusiones ha salido a la luz en un momento marcado por el adelanto de las elecciones generales del 23 de julio que ya dejan entrever que la salud mental tendrá un rol protagonista en varios programas políticos sanitarios. En lo que va de legislatura han salido adelante iniciativas como la reforma de la Estrategia de Salud Mental, aunque la disolución del Parlamento ha impedido que vieran la luz otras iniciativas como la ley presentada por Unidas Podemos para fijar unas ratios de médicos y enfermeras especialistas en este campo.
Reformas sanitarias de la legislatura
El Consejo Económico y Social (CES) también se ha detenido en su informe en algunas de las reformas acordadas en lo que va de legislatura que tendrán cierta incidencia sobre la sanidad como la nueva Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, que el Gobierno sacó adelante gracias a un acuerdo a tres bandas con patronal y sindicatos.
La entidad pública ha celebrado esta medida en un contexto marcado por el incremento de un 5,2 por ciento de los accidentes de trabajo en el mercado laboral y que se derivan en muchos casos en bajas, lo que exigía “urgencia” para mejorar la eficacia de las políticas públicas. “El instrumento va a marcar las políticas preventivas en salud laboral dentro de los próximos cinco años, en los cuales se van a configurar muchas de las transformaciones que están definiendo las nuevas formas de trabajar y de organizar el trabajo”, reza el análisis.
El impacto del cambio climático en la salud de la población como consecuencia del aumento de las emisiones de gases invernadero o el calentamiento de las zonas urbanas son otros de los focos de atención de los expertos. Solo en las grandes urbes se registró un exceso de 32.658 fallecidos con respecto a lo esperado como consecuencia de las altas temperaturas.
La necesidad de “reforzar” los sistemas sanitarios para hacer frente a futuras emergencias como la pandemia de Covid-19 o de mejorar el sistema de cuidados en un contexto de cronicidad son otras de las grandes recomendaciones que han expuesto los analistas del CES. “Se siguen afrontando desafíos comunes de largo recorrido como el envejecimiento de la población”, han concluido.
