Francisco Santolaya, presidente del Consejo de Psicología, pide más esfuerzos para aumentar plantillas en áreas públicas
La pandemia covid constató la necesidad de desplegar nuevas estrategias de salud mental en España. Algunas de ellos ya se han puesto en marcha, desde el teléfono 024 de atención al suicidio hasta planes de refuerzo de la disciplina en el marco de la Atención Primaria. Medidas en cualquier caso “insuficientes”, apunta el presidente del Consejo General de Psicología, Francisco Santolaya, para abordar “las necesidades existentes” en el sector en un escenario de creciente incidencia de enfermedades como la depresión y la ansiedad, así como de escasez de profesionales en los servicios públicos.
Tras la conformación de la nueva Junta de Gobierno del Consejo de Psicología ¿qué grandes iniciativas llevan en su hoja de ruta para los próximos cuatro años?
A nivel interno son muchas las iniciativas que tenemos por delante. Queremos consolidar las estructuras de trabajo colegiales, nuestras divisiones profesionales y grupos de trabajo, que son herramientas imprescindibles para facilitar la colaboración entre los profesionales y cuidar el desarrollo de la profesión con todas las labores que realizan de análisis, debate, propuestas, informes y actividades formativas. También vamos a seguir cuidando la formación continua con nuestra herramienta Focad, así como nuestras publicaciones, congresos nacionales de Psicología y comunicación divulgativa en redes sociales y en medios de comunicación. Además, seguimos teniendo los retos de que se integre plenamente nuestra profesión en los servicios públicos, al nivel que corresponde por las necesidades y demanda sociales de asistencia psicológica. Hay que incrementar el número de psicólogos en el Sistema Nacional de Salud, especialmente en su Atención Primaria y servicios hospitalarios, además de en los Servicios especializados de Salud Mental.
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El Gobierno ha logrado reunir apoyos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2023 con algunos incrementos en las inversiones de salud mental. ¿Es suficiente esta financiación? ¿Echa de menos una regulación sobre ratios de psicólogos?
Los Presupuestos Generales del Estado incluyen una partida de 30 millones para salud mental y otra de un millón para crear un Observatorio de Trastornos de Conducta Alimentaria. Bienvenido este dinero, pero resulta muy insuficiente. No obstante, hay que recordar que la gestión del sistema sanitario está trasferida y la principal responsabilidad es de las comunidades autónomas, cuyos presupuestos en esta materia también son muy reducidos. Hace falta un esfuerzo mayor, que está plenamente justificado por las necesidades existentes. Las muertes por suicidio triplican las de accidentes de tráfico y las patologías de salud mental, especialmente depresión y ansiedad, son la segunda casa de baja laboral. Los tratamientos eficaces de primera elección para estas problemáticas de salud, según las guías de práctica clínica basadas en la evidencia, son los psicológicos, y no se están facilitando a la población. Resulta incomprensible e intolerable.
¿Ve posible que nuevos avances, antes de que acabe la legislatura política, en ámbitos como el refuerzo de profesionales en la Atención Primaria?
La incorporación de la asistencia psicológica en la Atención Primaria se aprobó y publicó en el BOE en 2019, incluido en el marco estratégico para la atención primaria y comunitaria. Algunas comunidades autónomas están desarrollando experiencias de asistencia psicológica en Centros de Salud, como las del Principado de Asturias, Madrid, Cataluña, Andalucía y Canarias, pero sería necesario generalizarlo a todas las vomunidades y que se incorporaran muchos más profesionales, al menos un profesional de la Psicología a jornada completa en todos los Centros de Salud de los grandes municipios. Estos profesionales lo que deberían desarrollar sobre todo son intervenciones grupales atendiendo lo que se llaman trastornos mentales comunes, fundamentalmente depresión, ansiedad y somatizaciones.
¿Y en lo que respecta a la figura del psicólogo educativo en colegios e institutos?
Es una demanda que cuenta con un gran respaldo por parte de la comunidad escolar, como demuestra el apoyo al manifiesto por el bienestar de la comunidad educativa, que se divulga en la web de bienestar educativo, suscrito por muchas entidades de estudiantes, familias, profesorado, directivos de centros educativos y expertos. Solo algunos colegios e institutos privados cuentan con psicólogos. En los públicos hay profesorado y orientadores educativos, no hay psicólogos contratados como tales dedicados a cuidar del bienestar y la solución de los problemas del comportamiento, que es lo que también hace falta incorporar. Solo con profesionales expertos en Psicología se podrán dar soluciones rigurosas y eficaces a ese tipo de dificultades mentales y de conducta, desarrollando programas de evaluación e intervención psicológica grupal, centrados en la prevención y promoción del bienestar y los comportamientos saludables. Esperamos que en esta legislatura se consiga entender por las autoridades responsables y se empiecen a tomar medidas en esa dirección, como ha empezado a ocurrir en la Atención Primaria sanitaria.
La Ley de Salud Mental que presentó Unidas Podemos lleva más de un año atascada en el Congreso de los Diputados. ¿A qué atribuye esta demora? ¿Cree que el texto recoge las reivindicaciones de la profesión?
Igual que existe una Ley General sobre Salud Pública, vemos igual de posible que existe una Ley General de Salud Mental. Si el problema está en que a algunos grupos parlamentarios no les convence que haya una Ley específica sobre este tema, pues que se incorpore lo que se quiere regular en la Ley General de Sanidad. En especial nos parece muy positivo que se garantice una ratio mínima de profesionales de salud mental por habitantes, así como que se reforzaran las garantías de recibir los tratamientos eficaces de primera elección, que en el caso de las problemáticas de salud mental suelen ser los psicoterapéuticos, evitando los consumos abusivos de psicofármacos que resultan contraproducentes. España es el mayor consumidor de ansiolíticos del mundo, cuando el tratamiento de primera elección para la ansiedad es el tratamiento psicológico y no se recomienda abusar de esos fármacos ya que pueden crear adicción.
¿Son suficientes las medidas aplicadas en el último curso político para reducir los niveles de suicidio en España?
La creación de la línea telefónica de atención a la conducta suicida 024 ha sido un paso positivo, pero insuficiente. Desde la Organización Colegial de la Psicología hemos ofrecido nuestra colaboración al Ministerio de Sanidad para que el diseño de esta línea de atención fuera lo más correcto posible, pero desconocemos como se ha planificado y está ejecutando. Nos preocupa especialmente que el personal que atienda las llamadas cuente con la debida preparación en Psicología, así como que los protocolos estén bien diseñados. Además, tras una buena primera intervención en crisis, como la que puede facilitar esta línea telefónica con psicólogos, lo que hace falta es una posterior asistencia continuada que ayude a las personas afectadas, con recursos disponibles en los sistemas sanitarios, educativos y de servicios sociales autonómicos. Esos recursos todavía son muy insuficientes para dar una asistencia rápida y eficaz.
¿En qué punto están las negociaciones con el Gobierno para impulsar una formación de Psicología de Emergencias?
La especialización en Psicología de Emergencias es un campo formativo pendiente de regular. Resulta llamativo por el impacto mediático de este tipo de intervenciones, pero hay otros ámbitos que tienen una igual o mayor consolidación profesional, que afectan a más pacientes, como pueden ser la especialización en Psicología Clínica de la Infancia y la Adolescencia, la Psicooncología o la Neuropsicología. Desde hace muchos años venimos reclamando a las autoridades competentes que apoyen el desarrollo de estas especializaciones. El Ministerio de Sanidad tenía avanzada la creación de la especialidad de Psicología Clínica de la Infancia y la Adolescencia, junto con la de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia. Sin embargo, la de Psiquiatría ha sido aprobada y la de Psicología no. Resulta sorprendente y muy decepcionante.
¿Debe abordarse una reforma en profundidad de las especialidades de Psicología para dar cabida a las ramas como la educativa o la de emergencias?
El Consejo Asesor de Sanidad, dependiente del Ministerio, aprobó en 2014 un libro banco de los recursos humanos en el sistema sanitario que ya proponía entonces la ampliación de las especializaciones sanitarias psicológicas, citando expresamente las de Psicología Clínica de la Infancia y la Adolescencia y la de Neuropsicología. Así que, efectivamente, es necesaria una mejora de la regulación de nuestra profesión en esa dirección, con nuevas especialidades psicológicas en Ciencias de Salud, pero también se pueden establecer formaciones específicas de nivel de máster universitario que podrían ser suficientes en algunos campos.
El Gobierno ha incluido un apartado específico en la Ley del Sistema Universitario para tratar de facilitar la homologación de psicólogos extracomunitarios que llevan años con sus expedientes paralizados. ¿Qué implicará este cambio de paradigma en España?
Esta nueva regulación resulta útil para que los titulados extranjeros de Psicología puedan acceder a cursar las titulaciones españolas de Máster en Psicología General Sanitaria, así como para homologar esta titulación de Máster a los titulados extranjeros. No sirve para una homologación como tal de las titulaciones extranjeras de Grado/Licenciado en Psicología por sí mismas, pues van a seguir sin homologarse, se les va a seguir haciendo una declaración de equivalencia de nivel de estudios. Sin duda mejora la situación, pero es insuficiente. El cambio de paradigma sería una regulación que considere al psicólogo un profesional de la salud, con una formación integrada de Grado y Máster, con ambas titulaciones reguladas y que se homologaran ambas.
Cerramos el que probablemente podamos bautizar como el año de la salud mental por el foco mediático que ha adquirido. ¿Han notado un cambio real desde la profesión?
Sin duda es positivo que se normalice hablar de salud mental, destacando la necesidad de mejorar su cuidado. Ahora lo que hace falta es que se pase de las palabras, de los discursos y anuncios de planes sin suficientes recursos, a las leyes, los presupuestos necesarios y el incremento real de las plantillas de psicólogos en los servicios públicos. En España quien tiene dinero recibe una rápida y eficaz asistencia psicológica, acudiendo a consultas privadas. Sigue pendiente que los servicios públicos faciliten una inmediata y suficiente atención de este tipo.
