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Así lo indica el CIS en su estudio del 75 aniversario de los derechos humanos, que ha contado con un muestreo entre la población residente en España de ambos sexos y mayor de 18 años. Se diseñaron 2.600 entrevistas de las cuales se llegaron a realizar finalmente 2.391. El estudio, que se realizó entre el 26 y 31 de enero de 2023, ha contado con puntos de muestreo en 844 municipios de 50 provincias.
La sanidad gratuita se convierte en el segundo derecho más demandado, solamente superado con un 73,9 por ciento por los derechos medioambientales, que engloban el derecho al agua potable y demás suministros.
Aun así, el derecho a tener una sanidad gratuita no es el único relacionado con el campo sanitario que demandan los españoles. La posibilidad de tener acceso a una salud mental escala puestos y se consagra como el tercero más demandado, con el 44,4 por ciento de los encuestados coincide en que debería considerarse un derecho fundamental.
Entre otras opciones candidatas a convertirse en derechos humanos por los españoles están el derecho a una renta mínima (36,7 por ciento), el derecho a tener acceso a internet (17,5 por ciento), el derecho al ocio (16,9 por ciento), derecho a la educación universal, pública y gratuita (2,3 por ciento), o el derecho a la igualdad de género, derechos de las personas LGTBI y personas con discapacidad (1,3 por ciento).
Discriminación en el acceso a la sanidad en España
En otra de las preguntas planteadas por el CIS relativa a la discriminación en distintos ámbitos dentro del país, el 62,7 por ciento de los españoles consideran que no se da en el acceso a los servicios públicos como la sanidad. No obstante, el 34,1 por ciento sí consideran que se sufre discriminación en el acceso a la sanidad pública. Se convierte en la opción en la que, según los encuestados, menos discriminación hay.
Los ámbitos que cuentan con una mayor discriminación según el CIS son en el momento en que se quiere alquilar una vivienda (80,4 por ciento), en el trabajo (78,1 por ciento), en la escuela o instituto (72,6 por ciento), en lugares públicos como en la calle (60,5 por ciento) o en el acceso a servicios privados (52,3 por ciento).
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