El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado una moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno a convocar, con carácter urgente, a la Conferencia Sectorial de Educación para la elaboración de un 'Protocolo integral para la prevención, detección y atención de la salud mental y de la conducta suicida en la infancia y la adolescencia en el ámbito educativo'.
Y es que, tal y como ha dicho el diputado del PP Óscar Clavell durante la defensa de la moción, los casos atendidos por ideación suicida se han multiplicado un 23 por ciento y los intentos de suicidios por un 26 por ciento, por lo que ha destacado la necesidad de acometer con "carácter urgente" políticas de actuación frente a este problema.
En este sentido, en el texto impulsado por los 'populares' y aprobado en sus propios términos, a pesar de que ha contado con dos enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Vox y el PSOE, se señala que el protocolo se deberá realizar tras la aprobación de un programa de cooperación territorial plurianual que aborde la detección precoz de los casos de niños y adolescentes con conducta suicida, y permita actuar con la mayor celeridad posible.
A tal efecto, se impulsará la coordinación y derivación efectiva entre centros escolares, centros sanitarios y servicios sociales; la actualización y cumplimiento de los decretos de convivencia, así como planes de convivencia y reglamentos de los centros educativos; y se creará un plan especifico de formación del profesorado y profesionales que trabajan con niños y adolescentes para la prevención y detección de conflictos relacionados con la convivencia escolar.
Del mismo modo, en la moción se destaca la necesidad de garantizar la dotación de personal suficiente, especializado, perfectamente cualificado y adecuado a las necesidades y demandas de los centros educativos; y la definición del perfil profesional y requisitos del coordinador de bienestar y protección de los centros educativos, contemplada en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
Otros requerimentos contemplados en la moción pasan por el incremento progresivo del número de orientadores escolares, conforme a la recomendación de la UNESCO; el tratamiento psicológico especializado con la frecuencia, inmediatez y duración adecuada; y la convocatoria extraordinaria del examen de Psicólogo Interno Residente (PIR) para paliar la carencia actual de estos especialistas, especialmente en Atención Primaria y el incremento progresivo de plazas de formación sanitaria especializada en la especialidad de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia.
Finalmente, la Cámara Baja ha acordado solicitar al Gobierno que en el protocolo se contemple información actualizada de los servicios y recursos disponibles para que los niños y adolescentes y sus familias puedan solicitar apoyo y ayuda; se incorporen las actuaciones y prácticas educativas de éxito basadas en evidencias científicas destinadas a la prevención y orientación de problemas de salud mental; se implanten campañas de prevención y sensibilización social dirigidas a los alumnos espectadores; se lleven a cabo las reformas legislativas precisas para proteger a los niños y adolescentes tanto del ciberacoso como del acceso a contenidos inapropiados a cada edad; y se avance en políticas de investigación educativa y social en convivencia escolar.
