Las cifras de sanitarios contagiados por CoV-2 durante el desempeño de su trabajo en España son alarmantes. Muchos de ellos están ingresados y algunos con criterios de gravedad. Si este problema es grave, no lo es menos la carencia de medios materiales con los que trabajan los sanitarios, en concreto de camas de cuidados intensivos. Ante la carencia de camas de UCI, se ha discutido quién debe ser atendido en primer lugar, en base a qué criterios y si la atención a los sanitarios debe ser prioritaria. ¿Existen argumentos sólidos para sostener que “los sanitarios primero”? Veamos los argumentos (y contra-argumentos) que se han expuesto.
El Comité de Bioética de España ha publicado recientemente el “Informe sobre los aspectos bioéticos de la priorización de recursos sanitarios en el contexto de la crisis del coronavirus”. En este documento se defiende la priorización del personal sanitario, en concreto de los involucrados en la asistencia directa a los pacientes, es decir, de los clínicos. Para justificarlo señala que la mejor manera de proteger la salud de todos es proteger la salud de los sanitarios, y que se debe beneficiar a los que han expuesto más intensamente su salud, de acuerdo con el principio ético de reciprocidad. Para explicar este principio, el informe se remite a unas recomendaciones de la OMS de 2016, donde se explica el principio ético de reciprocidad: la sociedad debe apoyar a las personas que asumen una carga o riesgo desproporcionado en la protección del bien público, por lo que se ha de dar acceso prioritario a los escasos recursos a las personas que asumen riesgos para su propia salud o vida.
El principio de reciprocidad ciertamente tiene sentido, pero en su contra se ha argumentado que los sanitarios que tratan pacientes han elegido libremente su profesión y la sociedad, por tanto, no tiene una deuda con ellos en términos de atención médica prioritaria, como tampoco la tiene con los bomberos que apagan incendios arriesgando su vida, ni con los profesionales de protección civil que rescatan vidas en alta montaña. El otro argumento expuesto por el Comité de Bioética de España es de carácter utilitario: hay que cuidar prioritariamente a aquellos que cuidan de los demás. Para explicarlo el informe señala: “existen muchas otras profesiones que se muestran como indispensables en el momento que estamos viviendo, […], entre ellas, destaca una, por el propio origen y naturaleza de la crisis: es la profesión sanitaria. Así pues, consideramos que los sanitarios y otros profesionales de particular importancia para el tratamiento de la pandemia deben tener preferencia en el acceso a los recursos disponibles”.
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Respecto al beneficio que causan los sanitarios, en un reciente artículo publicado en The New England Journal of Medicine, Ezekiel Emanuel et al. daban una serie de recomendaciones para poder seleccionar a los pacientes candidatos a terapia intensiva. En su segunda recomendación especifican que las intervenciones críticas en la epidemia de COVID-19 (pruebas, EPI, camas de UCI, ventiladores, terapias y vacunas) deben ir primero a los trabajadores sanitarios de primera línea y los que mantienen operativa la infraestructura crítica, en particular a los trabajadores que presentan alto riesgo de infección y cuyo entrenamiento los hace difíciles de reemplazar. La explicación que dan es que se les debe dar prioridad, no porque sean de alguna manera más dignos, sino por su valor instrumental: son esenciales para la respuesta ante una pandemia. Si los médicos y las enfermeras están incapacitados, todos los pacientes, no sólo aquellos con COVID-19, sufren mayor morbimortalidad. Otro argumento dado en el artículo es que si se les da prioridad se está reconociendo que tienen un trabajo de alto riesgo, lo que puede desalentar el absentismo.
En un artículo de 2009, Douglas B. White et al. ya explicaban este principio, al que denominaban el “efecto multiplicador”: priorizar a ciertas personas clave logrará un “efecto multiplicador” a través del cual muchas más vidas serán salvadas por su trabajo. Este principio se refiere, por tanto, a la capacidad de un individuo para llevar a cabo una función específica que es esencial para proteger a la sociedad o para prevenir una gran cantidad de muertes durante un momento de crisis. En algunas publicaciones se recomienda usar este principio para asignar vacunas y medicamentos antivirales durante una pandemia, y no se da únicamente prioridad a los clínicos, también se les da a los profesionales que fabrican vacunas o a los proveedores de atención médica. Y es que resulta difícil poner límite a quiénes son los que más están protegiendo la salud pública. Los clínicos que tratan a los pacientes son, sin duda, unos de ellos. Pero también son indispensables los médicos de servicios generales (microbiología, diagnóstico por imagen, análisis clínicos, etcétera), los ingenieros que trabajan para proveer de respiradores a los centros sanitarios, los que transportan y reponen el material sanitario, los gestores encargados de conseguir el material, los que investigan buscando tratamientos eficaces, los policías y el ejército que vigilan para que se cumplan las medidas de confinamiento y que construyen hospitales de campaña, y podríamos seguir con un largo etcétera.
¿Los sanitarios primero? Ojalá ya no tengamos que enfrentarnos a este dilema, porque ya sea por reciprocidad, por su utilidad (“efecto multiplicador”) o porque todos debemos recibir cuidados de alta calidad, hay que procurar que los sanitarios reciban lo mejor.
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