El Consejo de Ministros de España ha decidido interponer recursos de inconstitucionalidad contra dos leyes trans recientemente aprobadas por la Comunidad de Madrid, alegando que estas leyes son regresivas y podrían infringir los derechos de las personas trans y LGTBI establecidos en la legislación estatal (Ley 4/2023). La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en una rueda de prensa posterior al Consejo, señaló que estas leyes, identificadas como 17/2023 y 18/2023, no cumplen con avanzar en la protección y garantía de los derechos de los ciudadanos.
Redondo también explicó que el gobierno central había intentado negociar con el gobierno autonómico a través de una comisión bilateral, como dicta la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para llegar a un acuerdo. Sin embargo, mencionó que no se han logrado avances significativos en estas negociaciones, aunque el plazo para ellas aún no ha concluido.
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Uno de los principales motivos del recurso se centra en el tratamiento de las llamadas 'terapias de conversión'. Mientras que la ley estatal prohíbe completamente estas prácticas, las normativas madrileñas permitirían, según Redondo, la realización de evaluaciones psiquiátricas y acompañamientos psicológicos que podrían encubrir formas de terapias de aversión o de reconducción. Esta discrepancia subraya una divergencia significativa entre las políticas autonómicas y las nacionales respecto a la protección de los derechos de las personas trans y LGTBI.
