En la era posterior a la pandemia de COVID-19, los servicios de salud y asistencia social han comenzado a redefinir sus prioridades, adoptando agendas centradas en la eficiencia digital, la atención remota y el uso intensivo de la tecnología como herramienta de gestión y cuidado. Esta transformación, acelerada por la emergencia sanitaria global, ha traído benefic...
En la era posterior a la pandemia de COVID-19, los servicios de salud y asistencia social han comenzado a redefinir sus prioridades, adoptando agendas centradas en la eficiencia digital, la atención remota y el uso intensivo de la tecnología como herramienta de gestión y cuidado. Esta transformación, acelerada por la emergencia sanitaria global, ha traído beneficios importantes, como el acceso remoto a profesionales, la simplificación de trámites y la posibilidad de seguimiento clínico a distancia. Sin embargo, este cambio también ha evidenciado una preocupante realidad: la exclusión digital sigue siendo una barrera no resuelta, particularmente para las personas con enfermedades mentales graves.
Este grupo poblacional ya enfrenta desigualdades estructurales en múltiples dimensiones: exclusión social, desempleo, bajos ingresos, estigmatización y una atención sanitaria fragmentada e insuficiente. La digitalización de los servicios, aunque prometedora en muchos aspectos, corre el riesgo de profundizar aún más estas desigualdades si no se abordan de forma consciente las brechas en acceso, alfabetización digital y recursos tecnológicos.
La exclusión digital no se limita a la falta de dispositivos o conectividad. También incluye barreras cognitivas, emocionales y funcionales que afectan la capacidad de una persona para interactuar con herramientas digitales. En el caso de quienes padecen trastornos mentales graves —como la esquizofrenia, el trastorno bipolar o la depresión mayor— estas barreras pueden verse agravadas por síntomas como dificultades de concentración, ansiedad social, desorganización del pensamiento o desconfianza hacia las instituciones. En consecuencia, lo que se presenta como una solución accesible para muchos puede convertirse en un obstáculo insalvable para otros.
A pesar de estas evidencias, la exclusión digital rara vez ocupa un lugar central en las políticas de salud mental o en las estrategias de inclusión social. Existe una necesidad urgente de diseñar intervenciones que promuevan la equidad digital, integrando capacitación personalizada, acompañamiento psicosocial y recursos adaptados a las capacidades de cada individuo. Asimismo, es vital que las instituciones no dependan exclusivamente de medios digitales para ofrecer sus servicios, garantizando siempre alternativas presenciales o telefónicas cuando sea necesario.
En conclusión, la digitalización del sistema de salud debe ir acompañada de un compromiso real con la equidad. Solo así será posible garantizar que nadie —y especialmente quienes viven con enfermedades mentales graves— quede atrás en esta nueva etapa de transformación social y tecnológica.
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