La evolución del enfoque sobre las contenciones mecánicas El empleo de contenciones mecánicas constituye una de las intervenciones más restrictivas que pueden aplicarse en los ámbitos sanitario, penitenciario y sociosanitario. Su utilización implica una limitación directa de la libertad de movimientos y puede afectar a derechos fundamentale...
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El empleo de contenciones mecánicas constituye una de las intervenciones más restrictivas que pueden aplicarse en los ámbitos sanitario, penitenciario y sociosanitario. Su utilización implica una limitación directa de la libertad de movimientos y puede afectar a derechos fundamentales, por lo que exige criterios estrictos de indicación, supervisión y control.
Con este objetivo, el Defensor del Pueblo, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), ha publicado una actualización de su guía de buenas prácticas, ampliando el documento elaborado en 2017. La nueva versión incorpora los avances normativos producidos en los últimos años, especialmente la Instrucción 1/2022 de la Fiscalía General del Estado, y extiende por primera vez sus recomendaciones al ámbito de la hospitalización psiquiátrica y a los centros residenciales y sociosanitarios.
El documento propone un cambio de paradigma: abandonar una cultura basada en la contención física para avanzar hacia estrategias preventivas, centradas en la persona y respetuosas con los derechos humanos.
La guía se fundamenta en años de actividad inspectora del MNP en centros donde existen personas privadas de libertad o especialmente vulnerables.
Para su elaboración se combinaron distintos procedimientos:
Los equipos del Defensor del Pueblo realizaron visitas periódicas a establecimientos penitenciarios, unidades de hospitalización psiquiátrica y centros sociosanitarios. Durante estas inspecciones se entrevistó tanto a personas afectadas como a profesionales de diferentes disciplinas, incluyendo medicina, enfermería, psicología, trabajo jurídico y personal de seguridad.
La actualización contó con la participación de especialistas en medicina legal y psiquiatría, además del personal técnico del propio MNP y de diversas áreas del Defensor del Pueblo, con el fin de integrar evidencia científica, experiencia clínica y criterios jurídicos.
El documento incorpora estándares procedentes de Naciones Unidas, del Consejo de Europa y de la normativa española más reciente relacionada con el uso de medios coercitivos, consolidando un marco común de actuación basado en la protección de los derechos fundamentales.
La guía establece que toda contención debe responder a una serie de principios irrenunciables.
En primer lugar, debe tratarse siempre de una medida excepcional y de último recurso. Solo puede utilizarse cuando hayan fracasado otras intervenciones menos restrictivas y exista un riesgo real e inmediato para la seguridad de la persona o de terceros.
Asimismo, la intervención debe cumplir criterios de proporcionalidad, aplicándose con la mínima intensidad necesaria y durante el menor tiempo posible.
El documento también insiste en que la contención nunca puede emplearse como castigo, medida disciplinaria, respuesta a conductas molestas o solución a problemas organizativos derivados de la falta de recursos o personal.
En el entorno penitenciario la guía distingue claramente dos situaciones.
Por un lado, las contenciones de carácter regimental, relacionadas con la seguridad y el mantenimiento del orden.
Por otro, las contenciones sanitarias, cuyo objetivo debe ser exclusivamente terapéutico. Estas últimas deberían realizarse preferentemente en instalaciones asistenciales y no en celdas ordinarias, reforzando así la separación entre funciones sanitarias y disciplinarias.
En las unidades de salud mental el empleo de la contención debe entenderse exclusivamente como una intervención clínica.
La guía recuerda que la indicación debe estar basada en criterios asistenciales individualizados y acompañarse de una evaluación continua del estado del paciente, con el objetivo de retirar la medida tan pronto como desaparezcan las circunstancias que la motivaron.
El documento dedica especial atención a las personas mayores y a quienes presentan discapacidad, al considerarlas especialmente vulnerables frente al uso de medidas restrictivas.
En este contexto se rechazan expresamente las prescripciones preventivas o genéricas de contención y se exige una valoración individualizada de cada caso, documentando de forma exhaustiva la justificación clínica de la intervención.
Uno de los aspectos más reforzados en la actualización es la necesidad de garantizar una supervisión efectiva durante toda la duración de la contención.
La guía considera la videovigilancia con grabación de imagen y sonido como el estándar técnico de referencia para proteger tanto a la persona contenida como a los profesionales implicados, facilitando además la revisión posterior de cada episodio.
Igualmente, cada intervención debe quedar reflejada en un registro documental completo que incluya, entre otros aspectos:
Esta trazabilidad constituye un elemento esencial para garantizar la calidad asistencial y favorecer los mecanismos internos y externos de supervisión.
El documento incorpora diversas recomendaciones orientadas a disminuir las complicaciones asociadas a la inmovilización física.
Entre ellas destacan:
Probablemente la principal aportación del documento sea el cambio de enfoque institucional que propone.
La guía plantea que las organizaciones sanitarias y sociosanitarias deben trabajar para reducir progresivamente el recurso a las contenciones mediante estrategias preventivas. Entre ellas destacan la formación específica de los profesionales en técnicas de desescalada, la mejora de la comunicación terapéutica, la detección precoz de situaciones de riesgo y la implantación de modelos asistenciales centrados en la persona.
Este planteamiento se alinea con las recomendaciones internacionales orientadas a minimizar el empleo de medidas coercitivas y favorecer intervenciones menos restrictivas siempre que sea posible.
La actualización de la guía del Defensor del Pueblo representa un paso importante hacia la homogeneización de criterios sobre el uso de las contenciones mecánicas en España. El documento refuerza un enfoque basado en los derechos humanos, la proporcionalidad y la transparencia, ampliando además su aplicación al ámbito sanitario y sociosanitario.
Más allá de regular adecuadamente una intervención excepcional, la guía apuesta por transformar la práctica asistencial mediante la prevención de situaciones de crisis, la formación continuada de los profesionales y la implantación de modelos de atención centrados en la dignidad de la persona. En este contexto, la reducción progresiva del uso de contenciones mecánicas constituye no solo un objetivo organizativo, sino también un indicador de calidad asistencial y de respeto a los derechos fundamentales.
Resumen y adaptación editorial: María Dolores Asensio Moreno (Cibermedicina / Psiquiatria.com)
Fuente original: https://www.defensordelpueblo.es/noticias/el-documento-se-acaba-de-registrar-en-cortes-generales/?utm_source=chatgpt.com
Este contenido es un resumen adaptado. La autoría científica corresponde a los autores originales.
Artículo distribuido bajo licencia Creative Commons según la fuente original.
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