El Tribunal Supremo, a través de su Sala Primera, ha confirmado la decisión de la Audiencia Provincial, rechazando la demanda interpuesta por la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) contra las entidades Citizens Commission on Human Rights (CCHR) y Comisión Ciudadana de Derechos Humanos de España (CCDH). La SEP había acusado a estas asociaciones de difamación debido a las declaraciones en sus sitios web, que etiquetaban a los psiquiatras como "delincuentes".
La SEP sostuvo que estas acusaciones atacaban el honor de sus integrantes, describiendo a los psiquiatras como "precursores de genocidios y narcotraficantes", entre otras cosas. También mencionaron acusaciones de abuso sexual, abortos forzados y vínculos con terrorismo internacional. Argumentaban que estas afirmaciones, no protegidas por la libertad de expresión ni el derecho a la información, dañaban el honor de sus miembros.
En cuanto a la caducidad de la acción, el tribunal distinguió las situaciones de ambas entidades demandadas. Reconoció la continuidad en las publicaciones de la CCDH desde 2007 hasta 2019, pero indicó que las acciones de la CCHR ya estaban caducadas, dado que no hubo publicaciones recientes desde 2013 consideradas difamatorias por la SEP.
El Tribunal valoró las publicaciones como parte de un debate público sobre métodos psiquiátricos controvertidos, tales como internamientos forzados, el uso de medicación psicotrópica en niños y adolescentes, y tratamientos como la cirugía o terapia electroconvulsiva. Afirmó que estos comentarios, aunque severos, tenían una base fáctica y no se dirigían a individuos específicos identificables.
Siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el Tribunal Supremo determinó que no se alcanzaba el "umbral de gravedad" para considerar un daño ilegítimo al honor. Enfatizó que como colectivo profesional, los psiquiatras tienen la capacidad de participar y responder en el debate público.Finalmente, la Sala Primera concluyó que suprimir las publicaciones representaría una restricción excesiva de la libertad de expresión, no justificada por una necesidad social urgente.
