· Con esta nueva normativa se presupone que pueden tomar decisiones y en realidad todo este colectivo no tendrá facultades para hacerlo, de tal forma que pueden encontrarse en desprotección y verse excluidos de la sociedad
· La Psiquiatría Legal apuesta por asegurar la protección de estas personas para que “no por querer darles demasiada libertad queden abandonadas”
· El anteproyecto de ley pretende tratar de limitar lo mínimo la restricción de los derechos básicos de las personas con discapacidad física e intelectual
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· Frente al modelo actual de sustituir por un tutor la responsabilidad en la toma de decisiones jurídicas a una persona con enfermedad, se propone un modelo de apoyo para tomar decisiones
Ante el recién tramitado proyecto de Ley del Gobierno para eliminar la incapacitación judicial a las personas con discapacidad intelectual y física, expertos en Psiquiatría Legal, reunidos en el XXVII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal que se celebra en Bilbao, han subrayado que cierto núcleo de personas que presentan una discapacidad psíquica con niveles altos pueden no estar capacitadas para sus tomar decisiones y han advertido de que pueden verse excluidos de la sociedad.
En este sentido, la Dra. Blanca Morera Pérez, psiquiatría experta en Psiquiatría Legal y en Bioética Clínica, ha ofrecido una conferencia titulada “Incapacitación, recapacitación y convención de Nueva York. Aspectos jurídicos y práctica pericial” en la que ha centrado su discurso en los cambios planteados recientemente por el Gobierno central en materia de incapacitación legal al colectivo de las personas con discapacidad psíquica.
El Gobierno ha dado los primeros pasos a la reforma legal que elimina la incapacitación judicial de las personas con discapacidad intelectual y física, cambiando el sistema legal actual por otro que prioriza el respeto a la voluntad y preferencias de estas personas, de acuerdo con la Convención de Nueva York de la ONU sobre Discapacidad firmada por España en 2008. Se pretende tratar de limitar lo mínimo la restricción de los derechos básicos de las personas con discapacidad física e intelectual que dará como consecuencia la desaparición de las tutelas tal y como se entienden hoy en día.
En lo que respecta a estos cambios en la discapacidad psíquica, la Dra. Moreda ha advertido de que el cambio “ha de hacerse con mucho cuidado porque ciertas personas con una discapacidad psíquica severa pueden no estar capacitadas para tomar decisiones”.
De esta forma, la experta ha explicado que “frente al modelo actual de sustituir por un tutor en decisiones jurídicas a una persona con enfermedad, se propone un modelo de apoyo con el que las personas con discapacidad tendrán otras personas que les van ayudar a tomar decisiones pero estos apoyos no van a poder tomar decisiones. Se va a procurar que las personas que tengan una discapacidad sigan tomando decisiones hasta donde sea posible”.
“El problema puede darse en que si no se hace una reforma con el cuidado debido va a haber una sociedad de dos velocidades: una velocidad con unas personas que con algún apoyo funcionan bien y un núcleo de personas a las que con esta nueva normativa se les presupone que pueden tomar decisiones y en realidad no pueden, de tal forma que pueden encontrarse en desprotección y verse excluidos de la sociedad”, ha denunciado. Para la experta el cambio normativo “es un buen paso y se debe trabajar para promover un buen sistema de apoyos y dar garantías a quienes tengan un nivel de decisión”. Sin embargo, ha considerado que la Psiquiatría y parte judicial “vamos a tenernos que asegurar de la protección de estas personas para que no por querer darles demasiada libertad queden abandonadas”.
“El espíritu del cambio es bueno pero no hay que pasarse de frenada porque se corre el riesgo de dejar de lado a un grupo de pacientes. Es bueno promover derechos y analizar un sistema de garantía de derechos”, ha afirmado la Dra. Moreda, quién para concluir ha evidenciado que “se está generando un cambio cultural y también un cambio de la perspectiva con la que trabajamos los psiquiatras forenses y la parte jurídica”. “Se necesitarán medios y formación para poder hacerlo de forma correcta con garantías para esta personas”, ha concluido.
