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MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -
Human Rights Watch (HRW) ha denunciado en un informe hecho público este lunes el maltrato y el encadenamiento de personas con problemas de salud mental y su ingreso a la fuerza en centros psiquiátricos de Indonesia.
En su informe Vivir en el infierno: abusos contra personas con discapacidad psicosocial en Indonesia, la ONG examina cómo las personas con problemas de salud mental acaban a menudo encadenadas o encerradas sin su consentimiento en instituciones hacinadas e insalubres debido al estigma y a la ausencia de servicios de apoyo comunitarios adecuados y de atención de salud mental.
En las propias instituciones, afrontan violencia física y sexual; tratamientos involuntarios, incluida la terapia electroconvulsiva; aislamiento; restricciones y la anticoncepción forzada, ha contado HRW.
Encadenar a las personas con problemas de salud mental es ilegal en Indonesia. Sin embargo sigue siendo una práctica generalizada y brutal, ha denunciado Kriti Sharma, investigadora sobre los derechos de las personas con discapacidad de HRW y autora del informe.
Las personas pasan años inmovilizadas con cadenas, cepos de madera o encerradas en establos de cabras porque sus familias no saben qué hacer con ellas y el Gobierno no ofrece alternativas más humanas, ha advertido.
Para elaborar su informe, HRW entrevistó a 149 personas, incluyendo a adultos y niños con discapacidad psicosocial, sus familias, cuidadores, profesionales de la salud mental, directores de instituciones psiquiátricas, funcionarios del gobierno y defensores de los derechos de las personas con discapacidad.
Además, la ONG visitó 16 instituciones en las islas de Java y Sumatra, incluyendo hospitales psiquiátricos, instituciones de asistencia social y centros de sanación espiritual, y documentó 175 casos en cinco provincias de personas que se encuentran actualmente encadenadas, encerradas o que fueron recientemente liberadas.
MÁS DE 50.000 PERSONAS HAN SIDO ENCERRADAS O ENCADENADAS
HRW ha asegurado que más de 57.000 personas en Indonesia con problemas de salud mental se han visto sometidas a la práctica del pasung, consistente en encadenar o encerrar a los pacientes en un espacio reducido, al menos una vez en sus vidas.
Según las últimas cifras oficiales disponibles, unas 18.800 de estas personas estarían actualmente encadenadas. A pesar de que el Gobierno prohibió en 1977 esta práctica, las familias, los curanderos tradicionales y el personal en los hospitales psiquiátricos siguen encadenando a las personas con discapacidad mental, a veces durante años, ha asegurado la organización de defensa de los Derechos Humanos.
HRW ha contado el caso del padre de una mujer con discapacidad mental que les dijo que la encerró en un cuarto tras consultar a unos sanadores espirituales porque estaba destruyendo las cosechas de sus vecinos. Cuando trató de excavar un túnel para escapar de la habitación, sus padres le ataron las manos a la espalda y la dejaron allí, desnuda en los escombros, donde comió, durmió, orinó y defecó durante 15 años antes de que fuera liberada, ha relatado.
Tras señalar que el Gobierno de Indonesia ha tomado algunas medidas para erradicar esta práctica, poniendo en marcha una campaña contra el uso de grilletes y cadenas, HRW ha dicho que el Ejecutivo ha aprobado una nueva ley sanitaria que exige integrar el cuidado de salud mental en la atención primaria de salud.
Equipos de funcionarios gubernamentales, personal médico y empleados de las instituciones psiquiátricas del Gobierno se están encargando de liberar a personas del encadenamiento. Sin embargo, en parte debido a que el Gobierno de Indonesia está tan descentralizado, la aplicación de la nueva ley a nivel local ha sido muy lenta, ha señalado.
UN PSIQUIATRA POR CADA 300.000 PERSONAS
La ONG ha recordado que, pese a tener una población de 250 millones de habitantes, Indonesia sólo cuenta con entre 600 y 800 psiquiatras, lo que representa un profesional por cada 300.000 a 400.000 personas, y 48 centros de salud mental, más de la mitad de los cuales se encuentran en sólo cuatro de las 34 provincias del país.
Datos del gobierno muestran que el presupuesto sanitario para 2015 representa apenas un 1,5 por ciento del total y que el 90 por ciento de las personas que necesitan acceder a servicios de salud mental no puede hacerlo debido a la escasez de servicios. El Gobierno apunta a lograr una cobertura de salud universal, incluida la atención de salud mental, para 2019?, ha explicado.
Human Rights Watch ha asegurado que las pocas instituciones y servicios que existen a menudo no respetan los derechos fundamentales de las personas con discapacidad psicosocial y contribuyen en gran medida a los abusos que sufren.
Imagina cómo es vivir en el infierno, pues aquí es así, ha dicho Asmirah, una mujer de 22 años con una discapacidad psicosocial, para describir el centro de salud espiritual en Brebes donde fue obligada a vivir.
HRW ha explicado que, en virtud de la legislación de Indonesia, resulta relativamente fácil ingresar a una persona con una discapacidad psicosocial en una institución psiquiátrica. En este sentido, ha contado que ha detectado 65 casos de detención arbitraria en centros de salud mental. Ninguno de los entrevistados en esas instituciones se encontraba allí de manera voluntaria. Los casos de encierros más largos que Human Rights Watch documentó fueron uno de siete años en un centro de asistencia social y otro de 30 años en un hospital psiquiátrico, ha afirmado.
En algunas de las instituciones que visitó, HRW comprobó que el hacinamiento y la falta de higiene suponen una preocupación grave, que ha desencadenado plagas de piojos y sarna generalizada.
En muchas de estas instituciones el nivel de higiene personal es atroz porque las personas simplemente no tienen permiso para salir o bañarse, ha contado Sharma. Los pacientes son obligados de manera rutinaria a dormir, comer, orinar y defecar en el mismo lugar, ha asegurado.
En 13 de los 16 hospitales que Human Rights Watch visitó, las personas eran obligadas rutinariamente a tomar medicamentos o eran sometidas a tratamientos alternativos como brebajes de hierbas mágicas, masajes vigorosos por curanderos tradicionales y la recitación de versos del Corán al oído, ha explicado HRW.
En su opinión, el Gobierno de Indonesia debería ordenar de manera inmediata inspecciones y la supervisión regular de todas las instituciones públicas y privadas y tomar medidas contra los centros que practican el encadenamiento o abusan de las personas con discapacidad psicosocial.
Indonesia también debería hacer más para garantizar que las personas con discapacidad psicosocial puedan tomar decisiones sobre sus vidas y para exigir el consentimiento informado para el tratamiento, ha advertido.
Por último, ha recomendado que el Ejecutivo modifique la Ley de Salud Mental de 2014 para garantizar que las personas con discapacidad psicosocial tengan los mismos derechos que los demás indonesios. El Gobierno también debería modificar y aprobar el proyecto de ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad para adaptar su legislación a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Indonesia ratificó en 2011?, ha asegurado.
La idea de que una persona haya estado viviendo en sus propios excrementos y orina durante 15 años en una habitación cerrada, aislada y sin recibir ningún tipo de cuidado es simplemente horrible, ha subrayado Sharma. Muchas personas me dijeron que era como vivir en el infierno. Realmente es así, ha concluido.
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