La psicóloga clínica del Sergas Rosa Cerqueiro ha alertado este jueves de las "dificultades" existentes en el acceso en Galicia a servicios de salud mental, con plantillas "bajo mínimos" y una lista de espera de más de 8.000 personas.
En la comisión "alternativa" de los grupos de la oposición sobre los recortes de la sanidad, Cequeiro denuncia esta situación pese al aumento "más acusado en Galicia respecto al resto del Estado" en la incidencia de la depresión y la ansiedad, así como las muertes por suicidio.
Según los datos expuestos por esta psicóloga clínica, uno de cada cinco gallegos han padecido algún trastorno mental -un siete por ciento en el ultimo año-- motivado por cuestiones como el alcohol, trastornos afectivos o ansiedad, entre otros.
Sin embargo, avisa de que hay una "infrautilización" de los servicios, ya que tan solo "uno de cada tres" acuden para recibir atención, lo que supone la mitad de los casos de intensidad grave.
Así, ha puesto el foco sobre los "problema de accesibilidad a los servicios de salud". Expone que en junio de 2018, según datos de Sanidade, esperaban por una primera cita en el servicio de psiquiatría un total de 8.094 personas, "uno de los servicios con más lista de espera".
Esta cuestión supone "un atranco más", ya que los afectados "tardan en acudir y cuando acuden tienen que esperar por un lista bastante alargada en el tiempo". A esto se une la brecha de género existente, con especial incidencia sobre las mujeres.
SIN PLAN DE SALUD MENTAL
Esta problemática se traduce en limitaciones en el acceso a hospitalización, altas precoces, corta duración de consultas, así como una alta distancia entre citas de seguimiento.
Cerqueiro ha recriminado la "involución" en este ámbito en Galicia tras la "radical" suspensión del primer plan estratégico de salud mental existente en la Comunidad al llegar el PP a la Xunta. Ahora, explica que se ha retomado la elaboración hace dos años pero "se sigue esperando por él".
Y es que las plantillas están "bajo mínimos", con un 68% del número de plantillas recomendados, "falta un tercio", unido a un nivel enfermeros en el 50%.
Especialmente "deficitaria" es la atención infantil, juvenil y psicogeriátrica. Todo ello, conlleva que "aumentan la posibilidades" de que se produzcan "hechos penosos" como muertes por suicidio.
De este modo, se trabaja con "entre un tercio y la mitad" menos de lo necesario en ámbitos psicológicos, sociales y de recuperación funcional mientras se apuesta por un "exceso de medicación". En los últimos años hay un aumento del 57% en el consumo de ansiolíticos y del 210% en antidepresivos.
Finalmente, esta profesional ha llamado también la atención sobre la "violentación inaceptable de derechos fundamentales" que se produce en el hospital psiquiátrico de Conxo (Santiago), con el uso de contención mecánica como castigo y el abuso de psicofármacos. También recuerda que ya se llevó a Fiscalía el empleo de la contención mecánica en el servicio de psiquiatría del Chuac.
"RACISMO INSTITUCIONAL" CONTRA MIGRANTES
La otra comparecencia de esta tarde ha sido la del jurista e investigador de derecho de la salud Miguel Vieito, quien ha denunciado la exclusión para el acceso a la sanidad de los migrantes que supuso el decreto del Gobierno popular de 2012, el cual terminó con la universalidad en la atención bajo argumentos "falaces".
Asimismo, ha censurado que "Galicia pudo y no quiso crear una ley garantista" para la atención de los migrantes, pero tan solo optó por un programa en el que las personas tenían que aportar entre "ocho y diez documentos diferentes" para tener prestación.
Por ello, ha cargado contra el "racismo institucional" que observa en Galicia al apostar por un sistema "opaco" y "complejo", en una "deliberada y obscena dejación de funciones" en atención a migrantes. De hecho, expone que en ese programa gallego tan solo entraron 1.900 personas de los 9.000 potenciales a participar.
Según datos de Médicos del Mundo, entre 2016 y 2017 hubo 107 exclusiones del derecho a la salud de migrantes en Galicia, con 69 casos que afectaron a mujeres. Además, Unicef sostiene que es la comunidad con más casos de vulneraciones en 2018.
Además, reflexiona sobre que no se atiende a las personas hasta el fin de proceso clínico, ya que la administración busca "confundir" con los conceptos de alta hospitalaria y médica.
Uno de los puntos sobre los que Vieito ha cargado ha sido el de los avisos de facturación a migrantes por la atención a recibir, que es "un práctica habitual" e "inmoral", con el fin de "crear un clima de miedo".
Como conclusión de qué ha supuesto el decreto que acabó con la universalidad de la sanidad refleja el incremento del 15% de mortalidad en tres años tras la norma, "con 70 muertos adicionales en el Estado por culpa del decreto".
Por tal motivo, prevé un futuro "negro" para la sanidad de los migrantes, ya que el nuevo decreto del Gobierno socialista no deroga el actual, sino que lo modifica, pero "vuelve a haber muchos problemas" sobre cómo van a interpretar las comunidades el texto. De este modo, pide "empatía" a los gobernantes.
Finalmente, en alusión a las palabras de Feijóo en la comisión parlamentaria de la sanidad esta semana, Miguel Vieito avisa de que las suyas no son críticas "destructivas e inconfesables", sino que se basan en estudios de ONG e informes de organismos como el Defensor del Pueblo.
"PUNTO Y SEGUIDO" A LA COMISIÓN
Por su parte, esta tarde la diputada del BNG Montse Prado ha avisado de que esta comisión "alternativa" no llega a su "punto final", sino que es un "punto y seguido", por lo que habrá más comparecencias.
Los tres grupos de la oposición han coincidido en que lo aquí expuesto explica el porqué del "veto" del PP a determinadas comparecencias en la comisión parlamentaria.
Julio Torrado (PSdeG) lamenta que "hay una realidad de la sanidad que no se está tratando en las vías oficiales". Eva Solla (En Marea) ha reprochado la "privatización encubierta" de la salud mental en Galicia y se ha preguntado "qué sucede con las más de 7.000 personas que queda fuera de tarjeta de beneficiencia" para migrantes.
