Las cosas de palacio van despacio..., salvo que palacio esté interesado en acelerarlas o que achuche el Tribunal Supremo, y en este caso se juntan ambos factores. Así que hay cierta prisa. El Ministerio de Sanidad ya ha diseñado, redactado y sometido a información pública el proyecto de real decreto que, salvo nuevos contratiempos, le permitirá dar la puntilla definitiva al llamado procedimiento de conformidad previa, es decir a la posibilidad que tenían determinados centros sanitarios privados de elegir personalmente a los residentes que podían acceder a las plazas de formación que ofertaban esos centros.
Hasta el curso 2023-2024, solo mantenían esa prerrogativa 4 de los 64 centros privados que ofertan plazas MIR en España.
En la convocatoria actual ya no se ha aplicado y, con este decreto, el Ministerio de Sanidad pretende que la suspensión temporal de la controvertida medida sea definitiva.
El ministerio, cuando todavía era titular de la cartera José Miñones, lo intentó por la vía rápida, pero el Tribunal Supremo (TS) le dijo que las prisas no son buenas consejeras, que antes de introducir un cambio tan sustancial había que consultar a todas las partes afectadas e interesadas y que piano, piano...La vía rápida que utilizó Sanidad para cargarse el MIR a la carta fue el decreto de especialidades (R. D. 589/2022) que se aprobó en 2022 y que eliminaba de golpe y porrazo (mediante dos artículos y una disposición) la conformidad previa.
Uno de los cuatro centros afectados, la Clínica Universitaria de Navara (CUN), dijo que no, que a ellos nadie les había consultado, y se chivó al TS. El alto tribunal le dio la razón y le dijo al ministerio que la supresión de la conformidad previa, recogida casi de tapadillo en el decreto de especialidades, debía someterse a audiencia pública, porque "altera el sistema de adjudicación de plazas, que es un aspecto esencial del sistema MIR".
Si quería suprimirla, tenía que hacerlo bien.Así que el ministerio se ha propuesto hacerlo bien... y rápido. Desde que se hizo pública la sentencia del Supremo, el pasado 20 de octubre, hasta que el ministerio, ahora dirigido por Mónica García, ha sometido a audiencia e información pública su decreto de modificación (como le exigía el tribunal), han pasado menos de 50 días.
En medio, el ministerio ha estudiado la sentencia, ha redactado su proyecto, lo ha sometido a consulta pública (entre el 27 de octubre y el 10 de noviembre), ha recibido, estudiado (y descartado) las alegaciones presentadas y, ahora, ha sometido su propuesta a información pública. Todo un récord. El plazo para enviar nuevas aportaciones al proyecto finaliza el 29 de diciembre.
Lo que no ha cambiado es la argumentación de fondo del ministerio. La cartera de Miñones -y hoy la de García- sostiene que la conformidad previa suponía un "trato desigual" para los especialistas que querían cursar su residencia en los cuatro centros que mantenían ese sistema, y un "incumplimiento de los principios de mérito y capacidad establecidos en el artículo 103 de la Constitución".
Y esa es, punto por punto, la argumentación que sustenta la parte mollar del nuevo real decreto. De hecho, la esencia de la norma es corta, clara y diáfana. El ministerio identifica "dos sectores": uno con las plazas MIR a adjudicar en los centros y unidades docentes públicos y otro que incluirá las plazas de los centros privados. ¿La diferencia entre ambos a la hora de elegir plaza? Ninguna: "La elección de plaza se realizará de acuerdo con el orden decreciente de puntuación obtenida, independientemente de si la titularidad del centro es pública o privada". Vamos, que hay dos sectores, pero una única forma de selección.
En la memoria de análisis que sustenta su proyecto, Sanidad abunda en el eje central de su argumentación y recuerda que los cuatro centros privados que aplicaban la conformidad previa hasta la entrada en vigor del decreto de 2022 jugaban con sus propias reglas, al margen de las que rigen para todos los centros públicos y para los otros 60 centros privados que tienen residentes.
Esos 4 centros -recuerda Sanidad- seleccionaban qué aspirantes podían acceder a sus plazas MIR, "con independencia del número de orden obtenido por el aspirante en la correspondiente convocatoria". Es más -añade el departamento de García-, "no publicaban los criterios de selección de los candidatos ni los resultados de las pruebas que realizaban para llevar a cabo esa selección".
Los afectados tampoco pueden alegar ahora desconocimiento -que fue la base de la sentencia del TS-, ya que tres de las ocho alegaciones recibidas durante el trámite de consulta previa han venido, precisamente, de esos centros, concretamente de la CUN, del Centro de Oftalmología Barraquer y de la Unidad Docente de Obstetricia y Ginecología del Instituto Universitario Dexeus (el cuarto que aplicaba la conformidad previa era el Centro Médico Cetir). El resto de las alegaciones provienen de la CEOE, HM Hospitales, la Asociación de la Sanidad Privada y el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, "todas ellas en contra del proyecto", matiza el Ministerio de Sanidad. La última aportación es del sindicato de Enfermería Satse, aunque, en este caso, a favor de la norma.
¿Qué alegan, entonces, los centros privados afectados por la medida? Según la memoria ministerial, su principal argumento es unánime: la supresión unilateral del visto bueno a los residentes que quieren formarse con ellos "menoscaba su libertad de empresa", recogida en el artículo 38 de la Constitución, porque los principios de "merito" y "capacidad" que invoca el Ministerio de Sanidad para acabar con esta prerrogativa "hacen únicamente referencia a la función pública".Y el Ministerio de Sanidad les dice que por ahí, no.
El departamento que dirige García les recuerda que la relación laboral especial de residencia que une a los MIR con sus centros y unidades docentes (incluidos los de titularidad privada), además de ser de temporal, tiene por objeto la formación de especialistas, no el desarrollo de actividades sanitarias, "por lo que el proyecto no afecta ni al ejercicio de la libertad de empresa ni a su productividad".
Sanidad también viene a decir que si actualmente hay 64 centros y unidades privadas que ofrecen plazas MIR, ¿por qué 60 de ellos se rigen por los mismos criterios de selección que los centros públicos y solo cuatro no lo hacían?Dice más el Ministerio de Sanidad.
Dice que ve con buenos ojos que esos 64 centros participen en la formación MIR, y que su colaboración es "necesaria", ya que los centros privados "contratan a los especialistas formados en centros sanitarios públicos y, por tanto, financiados con recursos públicos". No obstante, también les recuerda que esa colaboración, además de "necesaria", es "voluntaria", y sin que exista "obligación legal de financiación de plazas de formación o de colaboración con la formación de especialistas". En definitiva, que bienvenida sea su colaboración, pero todos con las mismas reglas.
