Estados de EE. UU. avanzan en la regulación de la inteligencia artificial para salud mental, pero con vacíos en seguridad y privacidad

La expansión de los sistemas de inteligencia artificial aplicados a la salud mental (MH-AI) está transformando tanto la atención clínica como el consumo digital de bienestar psicológico. Sin embargo, esta rápida proliferación supera el ritmo de las normativas existentes, generando preocupaciones sobre seguridad, responsabilidad y supervisión clínica. Los reportes de incidentes graves —como casos de autolesiones o consejos terapéuticos perjudiciales— subrayan los riesgos de implementar herramientas sin estándares claros.

Dado que la autoridad federal sobre la regulación de la IA en salud mental es fragmentada, los estados se han convertido en laboratorios normativos. Algunos han impulsado leyes pioneras en la materia, aunque la participación de profesionales de la salud mental y asociaciones médicas en estos debates ha sido escasa, lo que podría derivar en marcos legales alejados de la práctica clínica real.

Un análisis sistemático revisó 793 proyectos de ley estatales presentados entre enero de 2022 y mayo de 2025. De ellos, 143 tenían impacto potencial sobre MH-AI, y 20 fueron aprobados en 11 estados. Los investigadores clasificaron las iniciativas en cuatro grandes ámbitos temáticos:

1. Supervisión profesional: responsabilidades legales de quienes implementan IA y obligaciones de licenciamiento.

2. Prevención de daños: protocolos de seguridad, exposición a mala praxis y mecanismos de estratificación del riesgo.

3. Autonomía del paciente: requisitos de consentimiento informado, divulgación y transparencia en el uso de IA.

4. Gobernanza de datos: importantes carencias en la protección de información sensible sobre salud mental.

El estudio concluye que, aunque la legislación estatal está avanzando rápidamente, la mayoría de las normas no aborda la salud mental de forma explícita, tratándola como un subtema dentro de marcos generales sobre inteligencia artificial o atención médica. Esta falta de especificidad puede dejar desprotegidos a los pacientes y sobrecargar a los clínicos con responsabilidades difusas.

Los autores instan a que profesionales, sociedades médicas y defensores de pacientes participen activamente en la elaboración de políticas públicas. Solo así podrán desarrollarse regulaciones éticas, realistas y adaptables que fomenten la innovación sin comprometer la seguridad ni la autonomía de las personas.

Resumen modificado por Cibermedicina

Para acceder al texto completo consulte las características de suscripción de la fuente original: https://mental.jmir.org/