El Ministerio de Sanidad lanzará un ambicioso proyecto para el periodo 2025-2027, con el fin de abordar y eliminar prácticas polémicas en el ámbito de la salud mental, tales como las contenciones mecánicas, los tratamientos farmacológicos sin consentimiento y los ingresos forzosos. La iniciativa fue anunciada por la comisionada de Salud Mental, Belén González, quien describió el plan como el más ambicioso hasta la fecha de su organización.
Durante su presentación en la Comisión de Sanidad, González afirmó que estas prácticas contravienen la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. El plan incluirá cambios normativos y legislativos, además de programas de formación para profesionales y la ciudadanía.
Se espera una colaboración extensa, incluyendo la inspección del Ministerio de Sanidad, trabajo interministerial, y cooperación con comunidades autónomas para ajustar la cartera de servicios desde una perspectiva de derechos.
González subrayó la importancia del apoyo de todos los sectores, incluyendo ciudadanía, expertos, profesionales, y partidos políticos, para asegurar la protección y cumplimiento de los derechos de los pacientes con trastornos mentales. Una parte fundamental del plan es la inclusión de expertos en todos los proyectos, desde su concepción hasta su ejecución, y la realización inmediata de un estudio sobre la institucionalización en la salud mental.
Además, se destacó un enfoque en la deprescripción de psicofármacos y la promoción de la "prescripción social" como alternativa a los tratamientos farmacológicos convencionales. Este enfoque sugiere prescribir acompañamiento para problemas como la soledad no deseada.
Para llevar a cabo estas iniciativas, será esencial la coordinación con agentes y Servicios Sociales, así como con las autoridades locales, promoviendo un modelo de atención comunitaria que apoye la capacidad curativa y de cuidado de las comunidades.
