La Estrategia de Discapacidad apuesta también por un mecanismo estatal de control de políticas de salud mental.
El Gobierno ha sentado las bases para poner en marcha un nuevo modelo de vigilancia sobre la atención sanitaria que reciben los pacientes psiquiátricos. La Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 aprobada por el Consejo de Ministros incorpora una serie de recomendaciones como la de documentar todos los casos de tratamiento, medicación o terapias electroconvulsivas de carácter forzado empleados en las instalaciones de salud mental.
La iniciativa presentada por el Ministerio de Derechos Sociales persigue de esta manera dar cumplimiento a las indicaciones manifestadas por diferentes organismos vinculados a la Organización de Naciones Unidas (ONU). “Deben ser aplicadas para un correcto cumplimiento de estas Convenciones y Pactos”, reza el documento al que ha accedido Redacción Médica.
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La nueva normativa también pide que se identifiquen todas las ocasiones en las que se lleven a cabo internamientos no voluntarios o se apliquen medios de contención mecánica con los pacientes de salud mental. Mientras que pide que se prohíban este tipo de prácticas como "requisito" para acceder a los servicios de apoyo psicosocial o vivienda por parte de las personas con discapacidad.
El texto elaborado por el equipo de la ministra Ione Belarra ha incidido en la necesidad de “eliminar el uso de medidas de contención relacionadas con discapacidad en todos los entornos y establecer el consentimiento libre e informado en todos los procedimientos relacionados con la salud y en especial en los sistemas de salud mental”.
Para poder acometer esta reforma, la nueva estrategia plantea en su capítulo de retos el objetivo de revisar la actual normativa vigente en materia de internamientos y contenciones para actualizarla de acuerdo al “prisma de los derechos humanos”, así como asegurar la existencia de otras “medidas alternativas a estas prácticas”.
Un órgano estatal para coordinar la salud mental
La Estrategia de Discapacidad también ha propuesto otras políticas que cambiarían la gestión de la salud mental en España como la creación de un nuevo organismo de carácter independiente que se encargaría de supervisar estos centros en todas las comunidades autónomas. Una propuesta que también se ha extraído de las líneas de actuación planteadas por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
Entre las funciones de este mecanismo, se encontraría la de garantizar la “privacidad” de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, especialmente sobre la “confidencialidad” en la información de sus historiales médicos en las instituciones, centros o servicios en los que sean atendidos.
Salud sexual y acceso universal
Más allá de las cuestiones relacionadas con la salud mental, el documento elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales también abarca otra serie de estrategias relacionadas con la salud como la integración de los derechos de salud sexual y reproductiva para las personas con discapacidad, de manera que puedan acceder, por ejemplo, a los programas de planificación familiar, información y educación, especialmente en el caso de las mujeres y las niñas.
El documento también toca otros temas más generalistas como garantizar su acceso universal a los servicios de atención sanitaria, particularmente en las zonas rurales. La incorporación de la telemedicina, la teleasistencia, los teléfonos de atención médica y enfermera o las citas previas son algunas de las claves.
El reconocimiento de la atención temprana como un derecho subjetivo para los menores con discapacidad y su inclusión en la Cartera Común de Servicios es otro de los retos marcados de aquí a 2030. Así como el aumento de la participación de este colectivo en los órganos de decisión en el campo de salud de índole nacional, autonómica o local.
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