Luchar contra los estigmas y abordar con rigor y sin miedo la salud mental son algunos de los elementos clave en la atención a los discapacitados intelectuales y sociales que este viernes han destacado asociaciones gallegas de este colectivo en el Parlamento de Galicia.
En la sesión de tarde de la Comisión no permanente para el seguimiento de las políticas relativas a la discapacidad que se ha celebrado en la Cámara gallega han comparecido el presidente de la Federación galega de asociacións en favor de persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento (Fademga), Eladio Fernández Pérez; y la portavoz del Movemento galego de saúde mental, Rosa Cerqueiro Landín.
Fernández Pérez ha solicitado una mayor coordinación entre las consellerías de Política Social y Sanidade para atender mejor las necesidades especiales de este colectivo en el ámbito sociosanitario, con más recursos y profesionales.
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En educación, han urgido a establecer un sistema alternativo, manteniendo, entre otras cosas, el servicio de transporte y comedor para los menores discapacitados. Otro cambio radical piden en el mundo laboral, con un sistema que "fomente" su inclusión en el mismo. "Según el INE, Galicia es una de las comunidades que menos incluye a estas personas en el ámbito laboral, con una tasa de inserción del 30,5%. Es necesario un plan de apoyo más flexible, que permita el acompañamiento", ha explicado.
Solicitan también acabar con la exclusión en el ámbito jurídico y respecto a la edad, con casos de mayores de 60 años en Ourense que se han visto obligados a abandonar su entorno vital habitual. Por último han instado a la Xunta a crear en Galicia una Oficia de Accesibilidad Colectiva.
La crítica más dura de Fernández Pérez ha sido para los sobrecostes que han tenido que asumir en los últimos años y que "no se debe a la guerra u otras cosas", sino a un "déficit en los contratos". "Son contratos planos en los que no se sube nada. Esperamos hacer frente a los sobrecostes con el consenso de la Administración pública, pero si no, presionaremos al máximo", ha advertido.
A este respecto ha explicado que tras presentar una denuncia colectiva de contratos públicos, se pasó hace año y medio de ese modelo al de concierto social. "Había año y medio para poner el concierto social en marcha, el plazo termina el 6 de junio y aún nada", ha criticado.
Por otro lado, ha reconocido que la Consellería de Política Social se hizo cargo de todos gastos relacionados con la covid en 2020, unos gastos que también tuvieron que asumir en 2021 "y a día de hoy no está garantizado que se vaya a pagar". "Pedimos a la conselleira que agilice el tema porque vamos a tener que tomar alguna medida. Algunas asociaciones están cerrando porque tienen un déficit de 300 o 400.000 euros", ha lamentado.
En cuanto a la salud mental, ha señalado además que este colectivo presenta con más frecuencia trastornos psíquicos, por lo que se hace necesario un protocolo de derivación con psiquiatría.
MOVEMENTO SAÚDE MENTAL
En este punto ha coincidido con la portavoz del Movemento de salud mental, que ha añadido además que "a mayor desigualdad social, peor salud mental". Cerqueiro Landín ha puesto el foco en el aumento de la discapacidad psicosocial, sobre todo entre los más jóvenes e incluso antes de la pandemia, señalando además que no se trata de una tendencia general que se de en otras discapacidades.
A esto se suma lo que para la asociación es un sistema demasiado "medicalizado y cronificado", un "error" al usar demasiada medicación. "A la vista de los datos, no se puede negar la influencia de lo social en la salud mental", ha asegurado. Pide "tomar conciencia" y más campañas de sensibilización y antiestigma. "En enero de 2021, por ejemplo, no se tuvo en cuenta a los psiquiátricos para los grupos prioritarios de vacunación", ha comentado.
Tal y como ha explicado, ser víctimas de situaciones de estigmatización es un factor de riesgo para los suicidios, otro tema que ha abordado. A esto se suman el dolor crónico, la soledad, la no participación en la sociedad o quedarse fuera de los estándares de lo que la sociedad espera de una persona. "En Galicia hay casi un suicidio al día. Se trata de una realidad compleja pero que puede prevenirse", ha asegurado.
Además, las discapacitadas sufren también doblemente la violencia de género, puesto que "ocho de cada 10 mujeres con discapacidad social sufre violencia por parte de su pareja, y más del 20% experimentaron abusos de pequeñas". La portavoz se ha referido también a prácticas de contención mecánica, como las denunciadas en Conxo, "que denigran y no reportan beneficios".
También en lo que respecta a la sanidad, Cerqueiro Landín ha señalado que solo una de cada tres personas con trastorno mental contacta con los servicios sanitarios, "por lo que existe un problema de accesibilidad, más acusado todavía en el rural". En esta línea y respecto al plan de salud mental actual, se ha mostrado escéptica con los recursos y espera que se reduzcan las listas de espera, "que crean expectativas y, al no ser atendidos, frustración, que en un momento de fragilidad, puede dejar consecuencias muy graves".
"Falta diligencia y rigor, lo que hace muy difícil acabar con el estigma. Si las administraciones no muestran compromiso, ¿cómo se lo trasladamos a la sociedad?", se ha preguntado Cerqueiro, que ha destacado que solo un 8% de los discapacitados psicosociales trabajan, frente al 29,6% discapacitados físicos, por ejemplo; además de presentar salarios menores. "Es verdad que hay una precariedad estructural para cuya solución hace falta inversión, pero la clave es cambiar a un modelo basado en derechos", ha concluido.
GRUPOS PARLAMENTARIOS
Por su parte, los grupos parlamentarios han coincidido en alabar el trabajo de estas organizaciones y en señalar que, pese a los avances en las últimas décadas, "queda mucho por hacer". Los socialistas han destacado la importancia de la educación y la sensibilización "transversal" y han apuntado que Galicia es la primera comunidad en consumo de ansiolíticos.
Los nacionalistas han censurado no contar con más normativa y que la que existe, "no esté suficientemente desarrollada". "Vivimos de espaldas a la discapacidad", han lamentado, criticando además una salud mental "demasiado psiquiatrizada".
Por último, los populares han incidido en que el Ministerio de Educación reconoce que el sistema gallego es "de los más inclusivos" y que la Administración, entre otras iniciativas, ha lanzado la Estratexia Galega contra a soidade non desexada.
