Expertos psiquiatras han reclamado durante una jornada celebrada en El Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) regulaciones claras para orientar y proteger a los profesionales que tienen que actuar en situaciones complejas.
La Comisión de Deontología del Colegio ha dedicado su décima jornada de debate "En Código Médico" al análisis de los retos profesionales en psiquiatría en un entorno normativo cambiante, durante el que los participantes han destacado que el reto más importante es que los profesionales sanitarios sean conscientes de los desafíos éticos al intervenir o atender a personas con problemas de salud mental en su práctica clínica.
En esta ocasión, han intervenido el catedrático de psiquiatría y profesor emérito de la universidad de Alcalá de Henares en Madrid, Jerónimo Saiz Ruiz; la jefa de servicio de psiquiatría y salud mental del Hospital Universitario la Paz, María Fe Bravo Ortiz; el catedrático de psiquiatría de la UCM y del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, José Luis Carrasco Perera, y, como moderadora, la vocal de la Comisión Raquel Barrero Alba.
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Por su lado, Rafael del Río, presidente de la Comisión, ha clausurado el acto, cuyas conclusiones se darán a conocer a todos los colegiados a través de un documento de posicionamiento.
Durante su intervención, el doctor Carrasco ha recordado que hasta ahora los médicos se guiaban por el juramento hipocrático, que proporcionaba claridad sobre cuándo intervenir y proteger, pero ahora alguna proposición de Ley indica que no se debe intervenir involuntariamente ni utilizar fármacos, especialmente de manera no voluntaria y en la menor medida posible.
"Esta situación deja a los médicos en una posición vulnerable, ya que los médicos están siendo denunciados tanto por no intervenir como por hacerlo", ha lamentado. Por ello, ha destacado la urgente necesidad de regulaciones claras y bien fundamentadas que ofrezcan orientación y protección a los profesionales en estas complejas circunstancias.
Según ha indicado, esta dualidad contradictoria entre la necesidad de prevenir y la imposibilidad de intervenir involuntariamente conlleva a que "el médico se encuentre en una situación de alegalidad e indefensión en situaciones complejas como el suicidio o trastornos mentales graves", en la que la persona afectada no se encuentra en plenas facultades para decidir. Por tanto, "el médico tiene que tomar decisiones conforme a su criterio, donde el médico puede ser objeto de reclamación", ha insistido.
"Al abordar a una persona con trastornos mentales los psiquíatras debemos respetar su autonomía y sus derechos, buscando su colaboración. Pero, al mismo tiempo, sin dejar de asumir la responsabilidad de intervenir o proveer un tratamiento adecuado e indicado para prevenir riesgos indeseables, tanto para la persona afectada como para las personas de su entorno", ha recordado por su lado María Fe Bravo Ortiz.
En este contexto, el catedrático Jerónimo Saiz Ruiz ha alertado sobre la crisis en salud mental que atraviesa el país después de la pandemia. "Ha aumentado la demanda de la salud mental en la adolescencia, las conductas autolesivas y el suicidio. La demanda de atención psicológica por parte de los jóvenes abarca desde problemas menores como la ansiedad o la depresión moderada hasta trastornos graves como la psicosis o la esquizofrenia, generando una serie de necesidades y exigencias difíciles de abordar conjuntamente", ha indicado.
A pesar de ser la salud mental una parte importante de los problemas de salud en España, la psiquiatría recibe menos del 5% de los recursos sanitarios totales, una asignación que Saiz considera "insuficiente", ya que debería ser prácticamente el doble dada la importancia y repercusiones de estas enfermedades.
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