El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santiago de Compostela ha dado por finalizado el tratamiento de terapia electroconvulsiva (TEC) que se aplicaba a un joven llamado Iván, debido al éxito del tratamiento y su consiguiente alta clínica. El juez ha acordado el archivo del procedimiento de medidas cautelares y del procedimiento de ingreso no voluntario. Según el magistrado, los informes psiquiátricos, psicológicos y de medicina interna remitidos al juzgado no sólo justifican la finalización del tratamiento, sino que corrobora de manera multidisciplinar y objetiva el éxito del mismo. El magistrado también destacó que los profesionales sanitarios y jurídicos involucrados actuaron con respeto a la dignidad del paciente y con el objetivo de garantizar plenamente su vida e integridad física y mental.
En una sentencia reciente, el juez destacó que los informes médicos recibidos el 19 de abril muestran que el tratamiento electroconvulsivo (TEC) que se le aplicó al paciente fue un éxito y que no hay justificación para suspenderlo. Los informes, que incluyen evaluaciones psiquiátricas, psicológicas y médicas, confirman que el paciente ha progresado y que se le puede dar el alta con un seguimiento ambulatorio.
El juez también señaló que el TEC es una técnica de tratamiento aceptada y respaldada por la evidencia científica, y que se aplicó después de que los tratamientos con medicamentos orales fallaran en tratar la sintomatología psicótica del paciente y su intencionalidad autolítica. Los informes multidisciplinarios proporcionan una visión objetiva y actualizada de la situación del paciente.
El juez ha dicho que el paciente no estaba en condiciones de tomar decisiones sobre su tratamiento médico, y que la decisión de su padre de no seguir el tratamiento de TEC sugerido por los médicos ponía en peligro su salud física y mental.
El juez también dijo que la ley exige que el tratamiento médico sea apropiado y beneficioso para el paciente y respete su dignidad y afirmó que todos los profesionales sanitarios y jurídicos involucrados en el caso han actuado con el único propósito de proteger la vida y la salud del paciente y respetar sus derechos. También ordenó que se investigue la publicación de información privada del paciente en los medios de comunicación, lo que podría ser un delito, y se remitiera la información a la agencia de protección de datos. La información publicada incluía detalles personales del paciente sin su consentimiento debido a su estado mental.
