Las bajas por problemas de salud mental en Navarra han aumentado un 96,55% entre 2016 y 2023, según UGT

Las bajas por problemas de salud mental en Navarra han aumentado un 96,55% entre los años 2016 y 2023, al pasar de 5.155 a 10.132, según se desprende del estudio 'Salud mental y trabajo', elaborado por la Secretaría de Salud Laboral de UGT.

Así lo han dado a conocer este jueves en una rueda de prensa el secretario general de UGT Navarra, Lorenzo Ríos, y la secretaria de Área Externa y Política Sindical, Eva Azanza.

El informe, según ha explicado Azanza, recoge que en Navarra, en función de los datos del Instituto de Salud Pública y Laboral, en 2023 se tramitaron 10.132 bajas por problemas relacionados con la salud mental.

La incidencia de problemas de salud por esta causa pasa de 2,7 procesos por cada 100 personas trabajadoras en 2019 a 3,4 en 2023, lo que supone un incremento del 25,9%. La duración media de estos procesos se ha incrementado en 5 días (8%).

"Si comparamos los datos del 2023 con los de 2016, se constata que desde ese año las bajas por problemas de salud mental en Navarra han aumentado un 96,55%", ha apuntado. Los trastornos mentales constituían en 2016 la novena causa de incapacidad temporal, con 5.155 bajas tramitadas en ese año, frente a las 10.132 contabilizadas en 2023.

Entre las actividades en las que se registran un mayor número de situaciones de incapacidad temporal por problemas de salud mental se encuentran: el comercio; la hostelería; las actividades sanitarias y de servicios sociales; las actividades administrativas y de servicios auxiliares; la administración pública y defensa; así como la educación.

En todas ellas, hay "trato con clientes, pacientes, usuarios o alumnos, el trabajo se desarrolla con plazos ajustados de tiempo o urgencias, pueden existir problemas de conciliación, etc., lo que puede llegar a desencadenar en problemas de salud mental".

Asimismo, las mujeres, "por lo general, ocupan puestos de trabajo con peores condiciones laborales, que además se ve agravado si además son migrantes".

A día de hoy, "son las mujeres las que se ocupan de forma mayoritaria de las labores de cuidados, tanto de menores como de mayores y personas dependientes". Todo esto "hace que la salud mental de las mujeres se vea más afectada que la de los hombres".

Azanza ha destacado que "la protección de la salud mental de las personas trabajadoras es una de las cuestiones de mayor importancia de nuestro tiempo", ya que hay que "tradicionalmente no se ha prestado la suficiente atención al cuidado de la salud mental en los entornos de trabajo debido a que en ella influyen distintos factores, tanto individuales, sociales, así como estructurales".

Por lo tanto, "la persona trabajadora era la responsable de cuidar de su propia salud mental como si fuera la única responsable".

"Las empresas, por lo general, han obviado la obligación, tanto legal como moral, de protección de la seguridad y salud de sus plantillas en lo concerniente a la salud mental. A día de hoy, es evidente que la salud mental de la población es deficiente y se encuentra mermada", ha advertido.

Por su parte, Ríos ha remarcado que "las personas trabajadoras "están sufriendo las consecuencias de una deficiente gestión de los riesgos psicosociales y organizativos en sus puestos de trabajo" y que "la importancia de la salud mental está siendo debatida ampliamente tanto a nivel nacional como internacional, poniéndose de manifiesto la influencia del trabajo en la salud mental".

A su juicio, "la gestión de la seguridad y salud en el trabajo ya no puede separarse de la salud mental". "Existe un enorme infra reconocimiento de las patologías de salud mental derivadas de la exposición a riesgos psicosociales y organizativo en las empresas", ha subrayado.

Además, Ríos ha destacado que "la falta de prevención de los riesgos psicosociales y organizativos en las empresas genera graves costes", ya que, según ha expuesto, "a nivel mundial, la OIT estima que cada año se pierden 12.000 millones de días de trabajo debido a la depresión y la ansiedad, lo que supone un coste de un billón de dólares por año en pérdida de productividad".

La salud mental, ha dicho, "se ha convertido en un problema sanitario de primer nivel en nuestro país" que "tenemos que atajar", porque la salud mental es un "derecho fundamental". Además, ha advertido de que "existen diferencias de género en este asunto".

"Hace falta un cambio cultural en este sentido. Las empresas no están dando importancia a los riesgos psicosociales", ha advertido Ríos, tras considerar que es "una asignatura pendiente" y que "las empresas no están convencidas" ni están "contemplando con seriedad la evaluación de los riesgos psicosociales".

PROPUESTAS DE UGT

Entre otras actuaciones, desde el sindicato se propone la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales "para adaptarla a las nuevas realidades del trabajo", introduciendo las evaluaciones y las medidas preventivas relacionadas con la salud mental y los riesgos específicos de la digitalización en la empresa; así como la negociación, en el seno de las empresas, de protocolos contra el estrés laboral, la violencia en el trabajo y el acoso laboral.

Igualmente, UGT apuesta por la actualización del listado de enfermedades profesionales para que sean incluidas las patologías derivadas de la exposición a los riesgos psicosociales de origen laboral y las enfermedades mentales vinculadas al trabajo. Se reclama, asimismo, la elaboración de una normativa diferenciada sobre la gestión de los riesgos psicosociales de origen laboral en España.

También se apuesta por formar y dotar a los trabajadores de las herramientas necesarias "para que puedan identificar y saber actuar en las distintas situaciones que pueden afectar a la salud mental y que tiene lugar en el entorno laboral".

Asimismo, desde el sindicato defienden la aprobación de una nueva normativa de mutuas "que vele realmente" por la salud de todos los trabajadores y "la erradicación de las malas prácticas" de "algunas mutuas en la gestión de contingencias profesionales".

UGT apuesta, también, por "mejorar la calidad del servicio de las mutuas a personas accidentadas o afectadas por enfermedades profesionales, contando con los medios necesarios, incrementando las plantillas de psicólogos y psiquiatras para atender los daños a la salud mental causados por el trabajo".