Actualizado 24/03/2019

Violencia y enfermedades psiquiátricas

Noticia | Trastorno Bipolar | 06/03/2019

RESUMEN

No hay estudios científicos que vinculen la violencia con la enfermedad mental. De hecho, por el estigma y la discriminación que sufren estas personas debido al desconocimiento social, son ellas las víctimas de ataques verbales y físicos. Eso repite como un mantra el movimiento asociativo, familiares y expertos. Recuerdan que el 97% de estos sujetos llevan una vida completamente normal y que menos del 3% cometen un acto violento, una cifra cinco veces inferior al resto de la población. Así lo asegura Olga Real Najarro, presidenta de la Federación de Salud Mental de Madrid.

Alberto Sanchez, el joven que asesinó y comió parte de los restos del cadáver de su madre
Todas las partes consultadas coinciden en que la salud mental «es la cenicienta de la sanidad» ya que faltan recursos sociosanitarios para prevenir e integrar a estos pacientes. En lo que discrepan es en qué hacer con los casos extremos, con ese porcentaje ínfimo que tiene una enfermedad mental grave, se niega a tomar la medicación o ingiere drogas de abuso. Como parece que fue el caso de Alberto Sánchez, el parricida de La Guindalera, que practicó antropofagia con su madre. El joven había sido denunciado en doce ocasiones, la mayoría por agredir a su progenitora, y había quebrantado la orden de alejamiento.

«Su acción -una excepción- obedecerá, sin duda, a multitud de factores, no necesariamente al mal que le aqueja, porque muchos sujetos abandonan el tratamiento y no agreden a nadie», recalca Real Najarro. «Hay muchos crímenes atroces en la violencia machista. Pero cuando el autor es alguien con esquizofrenia, por ejemplo, se criminaliza a todos los enfermos», incide.

Álvaro Pico, director médico de la Clínica Nuestra Señora de la Paz de la Orden de San Juan de Dios, recalca que la violencia estalla con la ingesta de alcohol o cocaína y que en la gran mayoría de los casos son los enfermos los que se autoagreden y acaban suicidándose. ¿Qué ha fallado en un caso como el de La Guindalera? El seguimiento policial, judicial y sociosanitario, que requiere dinero y personal, indica Pico.

«No es lógico que la ley regule las situaciones de urgencia y no la atención periódica ambulatoria», dice Fuertes, psiquiatra forense«Los ingresos forzosos atentan contra los derechos del paciente. Hay que prevenir para que este se cuide y permanezca en su entorno», afirman las asociaciones
«Ha habido una gran descoordinación general», tercia Marina Carlón, trabajadora social de la Asociación de Amigos y Familiares de Personas con Esquizofrenia (Amafe).

La red asistencial está ahí, aunque es insuficiente, precisan todos los consultados. El primer escalón lo conforman los centros de salud mental para tratamiento ambulatorio. Hay centros de día y otros de apoyo para realizar terapia psicosocial, ocupacional, etcétera. Luego están los hospitales para los casos de crisis aguda donde ingresa el sujeto hasta que se estabiliza y las unidades de media o larga estancia. El problema estriba en que no se realiza un seguimiento a las personas que están en tratamiento ambulatorio con una patología grave cuando lo abandonan o no acuden a las citas. «Se debe a la saturación del sistema sanitario, para ello habría que duplicar los servicios de salud mental. Es esencial la coordinación con la familia y con los recursos de apoyo», manifiesta Carlón.

A este respecto surge el tema de la voluntad del sujeto. «El individuo tiene derecho a decidir», afirma Real Najarro. Pico pone de relieve que, en algunos casos, los menos, cuando no hay adherencia al tratamiento, se puede obligar al sujeto a realizarlo, ingresando en un centro por orden de un juez.

En busca de un sistema eficaz

El psiquiatra José Cabrera aboga por un sistema sociosanitario eficaz. «Menos órdenes de alejamiento y menos camas y más tratamientos obligatorios en situaciones límites. Si un enfermo mental no acude a su cita, se debe notificar a la Policía, juzgado, etc. para que se le suministre la medicación. Así no habrá casos trágicos como el de La Guindalera o Santomera».

«No puede ser que u n enfermo mental en estado grave sea responsable de su propia medicación. El sistema falla porque no protege a los más vulnerables. Habiendo denuncias, debe actuar de oficio un juez o un fiscal sin olvidar a los servicios psicosociales», precisa María del Mar Robledo, directora del Instituto Europeo de Investigación Criminal.

Para José Carlos Fuertes, psiquiatra forense, «no es de recibo que los jueces puedan obligar a alguien a ingresar en un centro y no a seguir un tratamiento ambulatorio. Le ley regula situaciones de urgencia, pero no la atención periódica. Lo lógico es incidir en la prevención. Estos pacientes en la calle están desamparados», precisa. «Hay enfermedades de una extrema gravedad en las que el buenismo no funciona y hay que tomar medidas de seguridad y privar de libertad al sujeto», tercia Javier Urra, psicólogo forense.

El movimiento asociativo está en contra de estas prácticas, que permite el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. «Los ingresos involuntarios atentan contra los derechos del sujeto. Antes de llegar a esos extremos hay que cambiar de filosofía en el modo de abordar la salud mental y prevenir, para que el enfermo sea consciente de que debe cuidarse y permanezca en su entorno y no ser apartado como un apestado», precisa Nel González Zapico, presidente de la Confederación Salud Mental de España. No en vano, recuerda que según la OMS, una de cada cuatro personas sufrirá alguna enfermedad mental a lo largo de su vida. «La solución no es una pastilla sino mucho más: favorecer la integración», agrega.

Juzgados de incapacitación

En la región existen cinco juzgados de modificación de capacidades, cada uno de los cuales ordena el ingreso forzoso de 4 o 5 personas al día, precisan fuentes jurídicas. «Suelen llamar desde hospitales o la propia Policía porque el sujeto está atravesando una crisis o sufre una merma en sus facultades mentales o físicas». La petición la suele realizar un familiar o la Fiscalía y el juez lo ratifica. La comisión judicial controla la evolución del sujeto hasta que recibe el alta. Cuando hay ingresos reiterados o la persona es incapaz de gobernarse a sí misma (alzhéimer, demencias...), se le incapacita de por vida y se nombra un tutor, que suele ser algún familiar. «Es un asunto delicado, ya que conlleva la pérdida de derechos; la muerte como ciudadano», concluyen.



Fuente periodística: ABC
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