La obesidad infantil, un problema actual

Este artículo es resultado de la colaboración editorial entre la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y Univadis.

Pese a que suele hablarse de la obesidad adulta como epidemia, la obesidad infantil constituye una de las piedras angulares del problema: marca patrones metabólicos, influye de manera decisiva en la salud futura y es especialmente sensible a intervenciones tempranas.

En mi práctica como médico de familia, he observado con frecuencia niños con alteraciones metabólicas, resistencia a la insulina, dislipidemias e incluso problemas articulares, respiratorios o psicológicos asociados al exceso de peso.

Los datos más recientes provienen del estudio ALADINO 2023-2024, que sitúa el exceso de peso en escolares de 6 a 9 años en un 36,1 %, lo que supone una ligera mejora respecto al 40,6 % registrado en 2019. En ese año, el sobrepeso alcanzaba el 23,3 % y la obesidad el 17,3 %. 

Sin embargo, las diferencias socioeconómicas son evidentes: la reducción se ha observado principalmente en familias con mayores ingresos, mientras que en hogares con ingresos brutos inferiores a 18.000 euros anuales los índices no han mejorado de forma significativa desde 2011.

En adolescentes de 12 a 14 años, la prevalencia de obesidad se mantiene en torno al 8-9 %, con un sobrepeso adicional del 20-22 %. De manera global, puede afirmarse que aproximadamente uno de cada tres menores en España presenta exceso de peso y uno de cada diez padece obesidad. 

Los factores de riesgo son múltiples y se entrelazan entre sí. Los determinantes socioeconómicos, como ingresos del hogar, nivel educativo de los padres o lugar de residencia, condicionan tanto el acceso a una alimentación saludable como la disponibilidad de espacios para la actividad física. Los hábitos familiares desempeñan un papel clave: el consumo elevado de ultraprocesados, bebidas azucaradas y azúcares añadidos, junto con un bajo consumo de frutas y verduras y horarios de comidas irregulares, favorece la ganancia ponderal.

A esto se suma el sedentarismo, potenciado por el tiempo frente a pantallas y la reducción de actividades al aire libre, junto con un déficit de sueño. La influencia del entorno comercial y publicitario es notable, ya que los menores están expuestos a numerosos anuncios de alimentos poco saludables y a su disponibilidad en colegios y máquinas expendedoras.

Existen también factores biológicos, como predisposición genética, epigenética o antecedentes perinatales, que modulan la susceptibilidad al desarrollo de obesidad. Las consecuencias clínicas son bien conocidas: mayor riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión, dislipidemias, esteatosis hepática no alcohólica, problemas ortopédicos, apneas del sueño y complicaciones psicológicas como baja autoestima, acoso escolar, ansiedad o depresión.

En la práctica endocrinológica pediátrica se observan alteraciones como pubertad adelantada o resistencia insulínica, con una alta probabilidad de persistencia de la obesidad en la edad adulta. Todo ello conlleva elevados costes directos (sanitarios, farmacológicos e intervencionales) e indirectos, como absentismo y disminución del rendimiento escolar, además de las complicaciones en la salud adulta.

Entre las medidas con eficacia demostrada destacan los programas de promoción de la actividad física en escuelas, la educación nutricional desde edades tempranas, las políticas que regulan la oferta alimentaria en centros educativos y las intervenciones comunitarias coordinadas con servicios sociales.

Sin embargo, persisten lagunas importantes: la dificultad para llegar a los hogares más vulnerables, la insuficiente regulación de la publicidad dirigida a menores, la escasa consideración del urbanismo como factor de salud y la falta de financiación estable y voluntad política sostenida. 

En este contexto, el Real Decreto 315/2025 (BOE-A-2025-7659), que desarrolla la Ley 17/2011 de seguridad alimentaria y nutrición, representa un paso relevante en la promoción de una alimentación saludable y sostenible en centros educativos. La norma establece criterios mínimos de calidad nutricional y sostenibilidad para los servicios de alimentación escolar, fija requisitos para la programación de menús y obliga a que los procesos de contratación de suministros alimentarios respeten dichos estándares. 

La implementación práctica de esta norma puede tener un impacto considerable: comedores escolares con menús equilibrados, frescos, con menor presencia de ultraprocesados y azúcar podrían convertirse en un punto de inflexión, generando cambios en los hábitos y expectativas dietéticas tanto en niños como en sus familias.

Además, se favorece la inclusión de alimentos de proximidad, de temporada y menos procesados y se excluyen bebidas azucaradas y tentempiés hipercalóricos. La escuela, de este modo, puede convertirse en un referente de alimentación saludable. 

No obstante, existen limitaciones: las diferencias autonómicas en recursos, la necesidad de supervisión y control efectivos, la discrepancia entre los hábitos escolares y familiares, y los costes derivados de mejorar instalaciones, contratar personal cualificado o adquirir materia prima de calidad.

El riesgo de desigualdad entre centros con mayores o menores recursos es real si no se dota de apoyo adicional a los más desfavorecidos. En conclusión, la obesidad infantil sigue siendo uno de los mayores retos de salud pública en España. Aunque se han observado señales de mejora, persisten desigualdades socioeconómicas que limitan el avance.

El Real Decreto 315/2025 constituye una herramienta valiosa y concreta, pero para lograr un efecto real es necesario asegurar recursos suficientes en todos los centros, establecer un sistema de monitorización y evaluación continua, implementar acciones complementarias en el ámbito publicitario y urbano, y fortalecer la comunicación con las familias para que la educación nutricional escolar se refleje también en el hogar.

La voluntad política sostenida, la vigilancia pública, la colaboración intersectorial y la búsqueda de la equidad son imprescindibles para que esta normativa no quede en el papel, sino que se traduzca en una mejora real y duradera en la salud de los niños y adolescentes.

Dr. Juan Antequera Martín-Portugués (Residente de MFyC Puertollano, GdT salud pública SEMG, GdT RYJE SEMG, GdT utilidades digitales SEMG, GdT enfermedades minoritarias SEMG, PROA comunitario HUSB, vocal comisión de investigación HUSB, actividades comunitarias HUSB).