La Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE) ha reclamado a las administraciones públicas apoyo para poder hacer frente a las necesidades de esta parte de la ciudadanía, ante el futuro "incierto" y las "graves" consecuencias de la pandemia de COVID-19.
"Como sociedad civil organizada hemos demostrado sobradamente nuestra capacidad para llegar más rápido y más lejos que las propias administraciones, por eso nadie entendería la falta de apoyo de las distintas administraciones a las organizaciones que, como FEDACE, estamos a pie de calle para aportar soluciones que la ciudadanía tarda en encontrar en la administración", ha comentado el presidente de esta entidad, Luciano Fernández, en una entrevista con la publicación 'Cermi. es semanal'.
En cuanto a los efectos de la pandemia, Fernández ha destacado que "el confinamiento ha afectado gravemente a las personas con daño cerebral, así como a los familiares encargados de su cuidado", pese a la atención telemática brindada "ejemplarmente" por las entidades del sector.
Así, ha resaltado que, según un estudio de FEDACE sobre cómo ha afectado la pandemia del COVID-19 a las personas con daño cerebral y sus familias, el 47 por ciento de las personas encuestadas sufrieron durante el confinamiento una disminución en su rendimiento físico, cognitivo o de lenguaje por la interrupción de las terapias presenciales de rehabilitación, mientras que el 20 por ciento experimentó un incremento de la conflictividad familiar. La situación afectó de manera particular a las mujeres, dado que en más del 80 por ciento de los casos las personas cuidadoras principales son mujeres.
Para hacer frente a esta situación, el presidente de FEDACE ha recordado las demandas que la organización viene planteando antes y después de la pandemia, a fin de mejorar la calidad de vida de este colectivo formado por más de 400. 000 personas.
Estas demandas se centran en implantar una estrategia nacional de atención a las personas con daño cerebral y sus familias; desarrollar un censo nacional de personas con daño cerebral a través de la implantación de un código diagnóstico; garantizar la continuidad asistencial tras el alta hospitalaria para que no se produzcan "parones" en las distintas fases de atención al daño cerebral, y asegurar una atención pública, universal e inclusiva que contemple a la familia como parte beneficiaria, prestando especial atención a las personas cuidadoras.
