Los investigadores hospitalarios españoles denuncian la falta de estabilización de su labor y la ausencia de un desarrollo profesional específico en su carrera, y reclaman a todas las administraciones su plena integración en las plantillas de los centros dependientes del Sistema Nacional de Salud (SNS) como personal estatutario.
La realidad es que más de dos décadas después del lanzamiento por parte del Instituto de Salud Carlos III del programa para la incorporación de investigadores profesionales al Sistema Nacional de Salud, el desarrollo profesional de estos investigadores sigue careciendo de un marco claro y uniforme. La denuncia sobre las muchas carencias que sufren estos profesionales tiene un portavoz claro: la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH).
Los investigadores, procedentes en su mayoría de los programas Miguel Servet y Juan Rodés, se encuentran, cuando finalizan dichos programas, sin una línea de continuidad clara. "Las comunidades autónomas han ido tratando de resolver casi caso a caso, de una forma no reglada y con mucha precariedad y temporalidad, cada situación, pero ésta no es la solución", explica René Rodríguez, jefe del Grupo de Sarcomas y Terapias Experimentales, vinculado con el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA) a través de la Fundación de Investigación Biosanitaria de Asturias (Finba). Ambas instituciones han colaborado con la Fundación AstraZeneca en la organización del II Foro de Debate Carrera Investigadora de Biomedicina, en Asturias.
Los principales afectados por esta situación de indefinición, tanto profesional como laboral, son los investigadores procedentes de los citados contratos de investigación biomédica promovidos por el Carlos III, que trabajan para los diferentes institutos sanitarios de investigación de los hospitales españoles y que se encuentran vinculados a fundaciones que, en líneas generales, no tienen establecidos programas específicos de promoción de la carrera investigadora.
Concretamente, en el caso del Programa Miguel Servet, se trata de investigadores senior contratados en calidad de doctores y, sobre el papel, "con una formación y una trayectoria ya dilatadas, y llamados a liderar grupos y líneas de investigación". Hasta aquí, la teoría de su situación contractual.
Pero el problema de la inestabilidad laboral derivada de este programa no es exclusivo de los investigadores, sino que también afecta a "amplios colectivos de técnicos y tecnólogos, que no van a liderar grupos, pero que son indispensables para que estos puedan funcionar", señala René Rodríguez. Y la inestabilidad de la que habla el investigador del ISPA también es extensible a los becados del programa Juan Rodés, similar al Miguel Servet, pero destinado exclusivamente a grupos de investigadores con especialidad sanitaria.
Carencia de un marco estatal
La creación de estos programas trató de responder en su momento a la imperiosa necesidad de potenciar la investigación vinculada a los centros hospitalarios españoles, pero el problema es que no se articuló una continuidad bien definida.
"Las comunidades autónomas empezaron firmando convenios con el Instituto de Salud Carlos III para la estabilización de los investigadores, pero no se ha desarrollado un marco estatal estable, que es lo que nosotros reclamamos, con la creación de plazas con categoría estatutaria, que es lo que ya establecían la Ley de Investigación Biomédica en el año 2007 y la Ley de la Ciencia en el año 2011", explica Antonio Martínez, investigador en el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Princesa (IIS-La Princesa), profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y vicepresidente de la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH).
A finales del pasado mes de marzo, el Consejo de Ministros aprobó iniciar los trámites tendentes a modificar la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011. Exactamente una década después de su aprobación, el objetivo, al menos teórico, del Gobierno de Pedro Sánchez es "crear una carrera investigadora atractiva y estable, impulsar la transferencia de conocimiento y mejorar la gobernanza del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación". Sobre el papel, el Ministerio de Ciencia e Innovación ya ha iniciado el proceso de escucha de todos los agentes implicados e interesados en esa norma: asociaciones científicas, universitarias y del ámbito de las Ciencias de la Salud, las comunidades autónomas y los agentes sociales.
Los investigadores directamente implicados en este sector quieren que se aproveche la reforma de la ley de 2011 para definir una solución estable y eficaz para este colectivo profesional, una solución que, a su juicio, pasa por "la plena incorporación de los investigadores a las plantillas de los centros sanitarios en los que trabajan, y no a través de otras entidades interpuestas, como las fundaciones", explica Martínez. En suma, contratos de investigación estables y de carácter estatutario.
Y es que las fundaciones, que inicialmente fueron concebidas para gestionar fondos y recursos económicos destinados a la investigación, acabaron ocupándose también de los recursos humanos. El resultado de todo ello es que "la carrera investigadora que, en teoría, se podía haber llevado a cabo en el marco de las fundaciones, no se ha hecho", añade el investigador de IIS-La Princesa.
Las consecuencias de la externalización de los recursos humanos en las fundaciones, según los investigadores, son, de una parte, la elevada temporalidad y precariedad de los contratos (superior incluso al 80%, según los datos de la ANIH) y, por otro lado, la creciente dificultad de mantener una relación fluida entre los ámbitos asistencial e investigador, precisamente por la falta de integración laboral de los profesionales de este último sector en las plantillas de los centros sanitarios.
"Además de la ausencia de una regulación laboral específica y bien definida, se produce una discriminación salarial evidente en varios niveles: de una parte, entre los puestos asistenciales y los de investigación, pero también entre los propios investigadores de los distintos programas", añade Martínez. Por si fuera poco, los requerimientos y limitaciones de la tasa de reposición de efectivos en el sector público (especialmente estrictos a partir del año 2011) condicionan también la contratación de los investigadores, dado que "en líneas generales, estamos hablando de fundaciones muy jóvenes, donde todavía no hay reposición de personal, con lo que tampoco se pueden hacer los contratos nuevos que serían necesarios", precisa el vicepresidente de ANIH.
La ausencia de una carrera profesional con proyección y de la necesaria estabilidad laboral "expulsa a quien, por edad y experiencia, ya debería estar estabilizado, dificulta la atracción de nuevo talento y disuade a los investigadores jóvenes de incorporarse a la investigación hospitalaria, a los básicos, pero también a los traslacionales y clínicos", dice el investigador de La Princesa.
Categoría estatuaria
La solución, según la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios, pasa por crear un marco profesional bien definido, a partir de una categoría estatutaria específica de facultativo especialista investigador, que, a su juicio, debería aplicarse a investigadores clínicos, traslacionales y básicos, "con un sistema de incorporación claro y progresivo, que permita desarrollar una carrera profesional, y hacerlo con condiciones atractivas, estables y predecibles", según Martínez.
Ateniéndose al redactado de los objetivos que el Ministerio de Ciencia e Innovación pretende conseguir con la reforma de la ley de 2011, la pretensión de la ANIH no está muy lejos, al menos en teoría, de uno de esos objetivos ministeriales: "afrontar una reforma que modernice la contratación de empleados públicos y reduzca la precariedad y la temporalidad de los científicos en España". Para ello, el Ministerio de Diana Morant propone la creación de un modelo de contratación "tipo tenure track", usado ya en países como Estados Unidos, Canadá y, más recientemente en Alemania, Suiza o Italia, y que, en esencia, implica una contratación fija sujeta a evaluación externa.
En este sentido, la ANIH ha aprovechado la comisión parlamentaria que se ha creado para la reforma de la Ley de la Ciencia de 2011 para elevar sus propuestas tanto al Congreso de los Diputados como al Ministerio de Ciencia e Innovación, y quieren que el tema se aborde también en el seno del Consejo Interterritorial del SNS, ya que, no en vano, están pidiendo su plena incorporación a las plantillas de unos servicios de salud que tienen en este órgano su máxima representación.
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