Después de haber dado el derecho al voto a las personas con discapacidad, y de haber prohibido la esterilización de personas con trastorno mental, especialmente mujeres, el próximo objetivo a lograr es evitar los ingresos involuntarios en Psiquiatría, así como hacer tender a cero las medidas de contención y aislamiento que vulneran los derechos humanos de las personas afectadas.
La Confederación Salud Mental España destapó el miércoles, desde la jornada ´Tratamientos e ingresos involuntarios en salud mental´, la lacra social que supone la persistencia de ingresos forzados y castigos de aislamiento en el área de salud mental, entre otras medidas que vulneran los derechos humanos. Fue en sesión coordinada por la entidad con el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid y la Fundación ONCE, además contar con la participación meramente testimonial del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Introdujo el acto, en el marco del día mundial de la salud mental, el periodista José Luis Sastre, quien señaló el desconocimiento social que existe sobre la materia, en contraste con lo dictado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el concierto mundial.
En su recepción a los asistentes, Nel González Zapico, presidente de la confederación, se remontó a la ley general de sanidad que en 1986 cambió cambió el modelo psiquiátrico de internamiento. Para, cuatro décadas después, considerar que el movimiento familiar y asociativo ha crecido en tamaño y profesionalización, y que tiene reflejo en la estrategia de salud mental que está en desarrollo para el periodo 2022-2026, con los jalones propios de haber creado en un observatorio propio y celebrado un congreso bastante fecundo este mismo año.
Del trabajo presentado en el que se repasa el régimen con recursos de internamientos, destacó el presidente el rigor técnico de los expertos del instituto colaborador. Empeño colocado en la estela de muchos más esfuerzos que ponen todo el foco en una salud mental que debe ser parte de una salud mundial.
Lamentó González Zapico que en el país todavía se realicen ingresos no deseados y sin consentimiento, situaciones de discriminacion por trastorno mental y discapacidad, además de contenciones físicas y químicas, técnicas electroconvulsivas y psicocirugías más o menos radicales, con o sin permiso de los familiares.
Pidió Nel sacar del ordenamiento jurídico todas esas prácticas después de definir bien cuando se puede privar de libertad o se actúa así ante urgencias vitales. Al existir medidas alternativas a la coerción y sin que supongan tortura o castigo. Mediante, atención integral y psicosocial con planes de futuro e instrucciones previas y participación de personas de confianza al trabajar por los derechos humanos también en salud mental.
Seguidamente, Luis Cayo Pérez, presidente de CERMI, alabó la alianza entre la inteligencia académica y el movimiento asociativo demostrada con un informe que siembra el futuro mejor a seis años o menos. Con el valor que supone, aún yendo a contracorriente, afrontar una de las aristas que representa la salud mental. Una enorme carga vulneratoria de un paisaje moral y conciencia colectiva que da por buenos los internamientos forzados por un supuesto bien o, al menos, como un mal menor. Un asunto grave que hay que respaldar con evidencia científica y argumentación legal, según requirió. A lo que hay sumar, dijo, la devolución de los derechos sociales como éxito de la sociedad civil y no gracias a los gobiernos, precisamente.
También en la mesa inaugural, José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, señaló que la vulnerabilidad descrita nace muchas veces de barreras sensoriales y físicas que producen aislamiento y fomentan el estigma.
A los 85 años del inicio de la fundación, afirmó que la institución ha sido testigo de los logros conseguidos en salud mental. Lo que no impide redoblar los esfuerzos con educación inclusiva en línea de salida que precisa cambiar las percepciones sociales con el ejemplo del informe presentado.
En streaming, Jesús Martín Blanco, director general de derechos de las personas con discapacidad, resaltó que el tema propuesto debe seguir en la agenda política durante la inminente legislatura, después de haber derogado dramas históricos como la esterilización.
Recordó a los protagonistas de la canción "Solo pienso en ti" del cantante Víctor Manuel que sirvió para saber que había muchas personas invisibles como Mariluz y Antonio, protagonistas de aquel himno. Declaró el político que nadie deba decidir por las vidas de los otros una vez que se ha suavizado el sello de incapacitación legal. Así mismo, cifró en 140 los millones de euros que ayudarán a sacar del armario la salud mental.
A continuación tuvo lugar una mesa con tres especialistas jurídicos. Como primera en hablar, Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica y coordinadora de la comisión de derechos humanos de la confederación, reclamó un cambio de mentalidad en la sociedad para generalizar un enfoque basado en derechos humanos, atención integral y cauce psicosocial para las personas del área de salud mental. Porque, como argumentó, tales derechos nacen de una libertad que es individual pero que debe ser protegida colectivamente, también.
Resumió la génesis del trabajo presentado Rafael de Asís, catedrático de filosofía del derecho del instituto colaborador. Según expuso, la reforma de la capacitación jurídica no llegó a tiempo de incluir la problemática que aborda el informe, como detectaron los cinco juristas autores del mismo y como determina el marco de la Convención de Naciones Unidas suscrito por España, además de enriquecido por los enfoques existentes en distintos países. Con la idea de confrontarlos con el derecho del país y sus matices autonómicos. Para llegar a un documento discutido con mucha intensidad técnica.
Además, recordó que el artículo 763 sobre enjuiciamiento civil todavía válida el internamiento forzoso sin atender a medidas alternativas posibles.
Finalmente, María del Carmen Barranco, catedrática de filosofía del derecho y directora del ente de estudios colaborador, lamentó que esta investigación no se hubiera iniciado antes dado que, desde 2008, el ordenamiento jurídico nacional reconoce la integridad de derechos para la personas con discapacidad, sin que esto salvaguarde la libertad personal de las personas. Y sin que se haya conseguido hasta ahora para las personas con discapacidad intelectual o psicosocial mejorar su protección, al persistir una mentalidad paternalista. Porque, observó, se dan avances con cuentagotas como la preservación del derecho a voto y la igualdad ante la ley de los derechos que sirven a toda la población. En un contexto también severamente acelerado por la pandemia y agravado por el avance de la pobreza en el país.
