Jefes de servicio de departamentos de Psiquiatría y Salud Mental apoyan las denuncias del colectivo Psiquiatras Unidos por la Psiquiatría del Niño y del Adolescente (Pupnya) contra la prueba ‘extra’ para obtener el título de dicha especialidad celebrada el pasado 29 de junio, un examen que suspendió el 42,7 por ciento de los aspirantes y que, de acuerdo a la plataforma, estuvo “lleno de irregularidades, no se rigió a las bases de la convocatoria y no era fiable, ni objetivo, ni medía los conocimientos de un clínico”.
Amaia Hervás, jefa del servicio de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital Universitario MútuaTerrassa, coincide en que la prueba contenía “preguntas ambiguas” y “demasiado técnicas”. “Creo, sinceramente, que se valoraron poco los conocimientos reales y prácticos, y, además, todo se hizo de manera muy apresurada, los aspirantes no tuvieron tiempo de prepararse bien”, lamenta. La especialista también aboga por que se abra de nuevo la posibilidad de convalidar el título "a aquellos que cumplían todos los criterios para tener la especialidad sin examen pero que, por problemas burocráticos, se han quedado sin ella". "Es inconcebible que profesionales que conozco con los años de experiencia en España necesarios para obtener la titulación, se queden sin especialidad porque les faltaba un papel que no llegó a tiempo", expresa. Por otro lado, Hervás considera "esencial" que se indique a los aspirantes que suspendieron en esta convocatoria 'extra' cuántas oportunidades más tendrán para poder aprobar. "En el Reino Unido, por ejemplo, hay cuatro convocatorias para los que no aprueban", especifica.
Por su parte, César Soutullo, quien fuera director de la Unidad de Psiquiatría Infantil y Adolescente de la Clínica Universidad de Navarra, y que ahora ostenta el cargo de jefe de Psiquiatría Infantil y Adolescente del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston, considera “normales” las quejas y reivindicaciones dado el “nivel de improvisación y errores encadenados” a lo largo del proceso de concesión del título, como “convocar un examen práctico sin previsión de ninguna entrevista a pacientes” y “con preguntas teóricas de temas irrelevantes para la práctica clínica”, además de no tener en cuenta “los cursos, la formación previa, las tesis doctorales y las publicaciones y actividades académicas”. “Hay falta de visión de futuro de las comisiones nacionales y sociedades científicas que asesoran al Ministerio de Sanidad. Los órganos de decisión están dominados por personas que no consideran la Psiquiatría Infantil como prioritaria, sino como un apéndice de la Psiquiatría general”, critica.
Pese a ello, desde Sanidad se sigue defendiendo el proceso. En declaraciones a Redacción Médica, fuentes ministeriales afirman que la prueba de acceso extraordinario “ha garantizado que las personas que han superado el examen tienen competencia para el ejercicio de Psiquiatría Infantil y Adolescente”. Además, recuerdan que han accedido al título por esta vía 868 personas, sumando la primera convocatoria y la ‘extra’ del pasado junio, “un número muy superior a las estimaciones de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN), que estimaban que podrían aspirar al título 683 especialistas”.
Denuncias por discriminación y conflictos de intereses
Hay que recordar que Sanidad convocó esta prueba ‘extra’ después de que, en junio de 2022, el Tribunal Supremo le obligara a eliminar el requisito de haber cursado el trayecto A en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia para poder concurrir al examen, según venía recogido en el Real Decreto 689/2021, de 3 de agosto, aprobado por el Consejo de Ministros en 2021 para crear la especialidad MIR en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, algo que el sector venía reclamando desde hacía dos décadas. El Supremo dio la razón a las quejas de diversos colectivos profesionales, que denunciaron públicamente que ese trayecto A no se estaba ofreciendo en todos los programas MIR de Psiquiatría, por lo que reclamarlo suponía generar discriminaciones.
“Casualmente los hospitales que sí tenían trayecto A eran los grandes de algunas ciudades grandes, como Madrid y Barcelona. El problema no es tanto el Ministerio, sino las comisiones nacionales de las especialidades, que tiene clarísimos conflictos de intereses personales, familiares y de su departamento”, apunta Soutullo. Al respecto, afirma que entre el 33 y el 50 por ciento de los miembros de la Comisión Nacional, las juntas directivas de las asociaciones científicas y el tribunal del examen pertenecen a “uno o dos hospitales” cuyos jefes de departamento "presiden la Comisión Nacional”, lo cual “les impide ser independientes para opinar”. “La falta de transparencia, el posible nepotismo y la poca representatividad y variabilidad en cualquier comisión de cualquier especialidad es una mala combinación”, añade.
“Los hospitales de las grandes ciudades, por la falta de especialización, tienen todavía una idea de la Psiquiatría Infantil basada en la de adultos”, subraya Hervás, quien también resalta la necesidad de que la especialidad se emancipe de la Psiquiatría general: “De hecho, dos terceras partes de los problemas de salud mental comienzan en la infancia y en la adolescencia, edades en las que se ha observado un aumento del 30 por ciento en la incidencia de problemas mentales en la época postpandemia”, asegura antes de llamar la atención sobre el déficit de psiquiatras de niños y adolescentes “en el mundo entero”: “La necesidad de desarrollar servicios específicos de Psiquiatría Infantil y Juvenil es ya muy importante en el presente, pero lo va a seguir siendo en el futuro”.
Pupnya reclama dimisiones para depurar responsabilidades
El colectivo Pupnya exige que rueden cabezas en el Ministerio de Sanidad y en la Comisión Nacional de la Especialidad de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia “ante su incapacidad de poder brindar una solución a más de un centenar de psiquiatras que ven en peligro sus puestos de trabajo”. “Lamentamos que no hayan tenido en cuenta las impugnaciones que se presentaron al examen y que no escuchen la petición de los jefes de servicio de encontrar una solución para que no se vea perjudicada la atención clínica a todos los niños y adolescentes en los distintos hospitales y centros de salud del país. No puede ser que en España se acepten cargos, pero no responsabilidades”, añaden.
La plataforma advierte de que los examinados que suspendieron y que actualmente trabajan en servicios de Psiquiatría Infanto-Juvenil “se están planteando dejar sus actuales puestos de trabajo y pasar a servicios de Psiquiatría de adultos en unidades que aseguren mayor una mayor estabilidad laboral”. Ello, según la asociación, “supondría una mayor precariedad en la asistencia, prácticamente colapsada, en unidades de Psiquiatría Infanto-Juvenil de zonas que ya tienen alta necesidad y escasez de profesionales”.
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