La falta de médicos en las prisiones de España es un problema cada vez más latente en nuestro país. Según José Joaquín Antón Basanta, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), en la actualidad, solo hay un 30 por ciento de las plazas cubiertas respecto a la relación de puestos de trabajo dentro de las prisiones. Esto quiere decir que España necesitaría cerca de un 70 por ciento más de médicos para que el sistema funcione adecuadamente.
Tal y como ha explicado el presidente de la SESP, en España, las prisiones están divididas en dos categorías en términos de atención médica: las que dependen de comunidades autónomas que han asumido las competencias de sanidad penitenciaria, como Cataluña, el País Vasco y Navarra, y las que están bajo la jurisdicción del Ministerio del Interior.
En las primeras, la situación es relativamente estable, ya que siguen las mismas pautas que la sanidad en la comunidad general. Sin embargo, en las prisiones del Ministerio del Interior, que representan aproximadamente el 80 por ciento de las prisiones en España, considera que la situación es “gravísima”.
“El problema es que no hay facultativos, hay un déficit de tal calibre que ha desaparecido la Atención Primaria. Incluso las urgencias en empresas con presencia de médico las están cubriendo exclusivamente enfermeros y derivando a hospital, con todo lo que eso conlleva respecto a las fuerzas de seguridad, a los traslados, tiempo…”, comenta.
Por este motivo, el presidente de la SESP considera que "en las prisiones que dependen del Ministerio del Interior, en las que ha desaparecido la Atención Primaria, la sanidad penitenciaria está muriendo, y eso es lo suficientemente grave como para denunciarlo y decirlo".
El papel gubernamental en la escasez de médicos
Basanta es claro al señalar que la escasez de médicos en prisiones es “un problema exclusivamente político”. En su opinión, el incumplimiento de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que establece la cooperación y la coordinación de las Administraciones públicas sanitarias, garantizando la equidad, la calidad, la igualdad y la participación social en el sistema sanitario nacional, es lo que ha llevado a la situación actual.
Para él, el Gobierno central y las comunidades autónomas no han tomado medidas efectivas para abordar esta crisis, y "la falta de interés político es evidente".
Según el presidente de la SESP, "los políticos son los únicos en este país que se pueden permitir el lujo de no cumplir la ley, de dejar que las cosas se mueran a pesar de que haya una ley que diga cómo hay que hacerlo".
Además, las condiciones tampoco animan a los facultativos a entrar en el sector. “Lo primero es el incumplimiento de la ley y lo segundo es que los médicos que trabajan en prisión ganan bastante menos dinero que en el Sistema Nacional de Salud”, explica.
“Trabajar en una cárcel no es lo mismo que trabajar en un centro de salud, siempre hay otras complicaciones. Nadie va a ir a trabajar a la cárcel por menos dinero, y no es que haya problemas mayores ni peores, son distintos, pero ya de entrada te crea cierto temor, sobre todo por el desconocimiento. Una vez que uno entra, ve que se trabaja fenomenal, pero es lógico que cuando busques quieras encontrar una mejor situación laboral y económica”.
Las consecuencias de la falta de médicos
Para Basanta, “la sanidad penitenciaria es un faro para mucho tipo de enfermedades”, esto se debe a que hay mucha, mucha población que, prácticamente, accede por primera vez al sistema de salud dentro de las prisiones.
“Hablo de marginalidad, de salud, de la drogodependencia y hablo de enfermedades ligadas a esa drogodependencia, como las enfermedades infecciosas. Somos claves en el control del VIH, claves en el control de la hepatitis C”, explica.
“Ahora también viene otro gran problema, que es el de la salud mental. Hay cada vez más problemas de salud mental y de trastornos mentales dentro de las prisiones y no hay capacidad para tratarlos. En mi centro podemos tener 50 trastornos mentales graves. Sin facultativos no se puede controlar a esas personas, no se puede dar una asistencia adecuada, ya que requieren mucho tiempo, mucha atención, y mucha dedicación”.
Además, se ha observado un aumento en la incidencia de enfermedades de transmisión sexual debido a la falta de médicos y la falta de seguimiento adecuado de los casos. Esto no solo afecta a la salud de los reclusos, sino que también representa un riesgo para la salud pública en general.
Por esto, la escasez de médicos en prisiones es un problema que requiere una solución urgente. No solo se trata de garantizar la atención médica de calidad para los reclusos, sino también de proteger la salud pública en general y de respetar los derechos individuales a la salud.
“Los profesionales que trabajamos en las prisiones y la población a la que atendemos tenemos los mismos derechos que los demás y simplemente queremos que se nos respete. No pedimos nada especial, pedimos respeto”, sentencia Basanta.
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