"Soy objetora de conciencia por no haber recibido formación para realizar una eutanasia, aunque realmente estoy a favor de la práctica". Elena, médico de familia desde hace más de 20 años en un centro de salud, no ha sido formada para saber cómo proceder cuando llegue a sus manos una solicitud de eutanasia, por lo que ha decidido formar parte del registro de objetores de su autonomía. Como muchos otros profesionales de atención primaria de nuestro país, Elena atiende las dolencias de sus vecinos en un centro sanitario de la provincia de Badajoz. Trata a sus conocidos pacientes a diario, por lo que de algunos conoce más que sus dolencias físicas. A pesar de estar acompañada en su trabajo todos los días, se siente desamparada y abandonada. Por eso ha optado por registrarse como objetora de conciencia, aunque en su caso, es por conveniencia.
Esta veterana sanitaria reprocha a los gestores responsables de la Consejería de Sanidad de Extremadura el olvido al que se enfrentan los médicos de familia en cuanto a aplicación de la ley de eutanasia, los cuales, a diferencia de los médicos residentes, no han recibido formación en un ámbito que les afecta directamente. Según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad en el Informe anual 2021 de la prestación de ayuda para morir, el 57% de las prestaciones realizadas en el primer semestre de aplicación de la ley las llevaron a cabo médicos de primaria.El caso de Elena pudiera parecer una simple anécdota.
Sin embargo, ella no es la única que se ha visto obligada a formar parte de la lista de objetores de conciencia de su territorio por falta de información respecto a la aplicación médica de la ley. "Los médicos y enfermeros que conozco se han hecho objetores porque no tienen ni idea todavía, entonces ninguno va a ponerse sin conocimiento de causa", insiste Elena.Esta situación no se da exclusivamente en Extremadura, sino que representa lo que muchos sanitarios están sintiendo en otras comunidades. José Luis Quintas, médico, viceconsejero de Salud y uno de los responsables de la implementación de la ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia (LORE) en el País Vasco, es consciente de que en algunas regiones han objetado masivamente centros de salud al completo. "No es una objeción real que se dé por cuestiones religiosas o de creencias. No te sientes apoyado, ves que todo el mundo a tu alrededor objeta, y dices: "¿Qué hago yo aquí solo contra el mundo? Y acabas objetando".
Como expone la LORE, las administraciones sanitarias tienen que dar la máxima difusión a la ley entre los profesionales sanitarios y la ciudadanía en general, y promover la realización de un documento de instrucciones previas. Asimismo, las consejerías deberían explicar al personal sanitario los supuestos contemplados en la ley para su correcto conocimiento.
La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) publicó hace unos meses un estudio para saber cómo se hallaba cada región en el desarrollo de la ley y seleccionaron informadores claves en cada CCAA. Estos se encargaron de observar con detalle lo que sucedía alrededor de la muerte voluntaria y de identificar una serie de criterios. Así abordaron un proceso de investigación cualitativa para una visión más detallada de las diferencias intuidas. La difusión del derecho entre la población, la elaboración de una guía del proceso, el manejo de la objeción de conciencia, el nombramiento de responsables en las gerencias, o la formación continuada son algunas de las variables.
Datos de objetores Desde el País Vasco aseguran que entre el resto de autonomías y Cataluña y Euskadi hay una "gran" diferencia, lo que influye en el acceso al derecho. "El hecho de que hayas nacido en un sitio u otro es muy determinante para que veas cumplido tu deseo de eutanasia", comentan. Para formar a los sanitarios se hizo un módulo on-line de cuatro horas sobre eutanasia, accesible para todos los profesionales del área de la salud. Más de 4.000 han accedido a él, de los que 1.500 lo hicieron antes de que comenzara la tramitación de la ley. "A ninguna comunidad le dio tiempo a establecer nada parecido, lo más que tenían era la posibilidad de consultar el Manual de buenas prácticas del Gobierno", asegura Quintas.
Ignacio Torres es presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación de Extremadura, la cual está constituida por un grupo de profesionales que se encargan de estudiar a fondo cada solicitud. En cada autonomía, este organismo tiene la última palabra en cuanto a la prestación se refiere. Torres reconoce la importancia de mejorar la formación en su comunidad, pero niega que no se haya hecho nada. "Los médicos que no saben nada de la ley o de cómo actuar frente a una solicitud no se han querido formar al respecto, porque oportunidades han tenido y tienen".
Desde Extremadura afirman que el Manual de buenas prácticas y los documentos legales se encuentran disponibles on-line para todos los facultativos extremeños. "Cuando se aprobó la ley, se pusieron en marcha en todas las áreas de salud sesiones clínicas de información, además de la formación continuada de la que se encarga la Escuela de Ciencias de la Salud", argumenta Torres. En contraposición, Elena exige una formación específica más allá de documentos.
Una prueba de que muchos objetores a la eutanasia son "por conveniencia", son las encuestas que, en 2019, antes de la regulación de la ley, se realizaron a más de mil profesionales sanitarios de Bizkaia, Tarragona, Las Palmas y Madrid. El resultado concluía que más del 70% de los médicos estaban a favor de una ley que regulara la eutanasia.
"La objeción de conciencia en Euskadi no es un problema, ocho de cada cien profesionales son objetores", explica Quintas. Asimismo, el responsable de la implementación de la ley en Euskadi expone indignado una vivencia personal. "Soy de Huesca, tengo amigos médicos, yo les cuento y ellos me cuentan, y en el País Vasco estamos a años luz de ellos". A finales de 2022, en Aragón se habían inscrito 1.077 profesionales médicos en el Registro de Profesionales Sanitarios Objetores de Conciencia para la prestación de ayuda a morir, la mayor parte de ellos médicos de atención primaria.
Las mejor paradas En el otro lado de la balanza se encuentran Cataluña, Cantabria y País Vasco. Según el análisis de DMD, son las autonomías que mejor han formado a sus sanitarios en el proceso. Asimismo, coincide que en las citadas CCAA el número de objetores de conciencia es reducido aun siendo las regiones que lideran las prestaciones de eutanasia en España.
Según los datos proporcionados por los territorios, en Extremadura se encuentran registrados un total de 408 médicos y facultativos especialistas en el registro de objetores de conciencia, casi el doble de los que hay en comunidades como Cataluña, con 251, donde la población es seis veces mayor. Se debe tener en cuenta que las cifras de los registros de objetores no representan la realidad, es decir, todos los que figuran en ellos no lo son sólo por creencias, sino que también los hay por conveniencia. Además, en el registro no están muchos médicos que podrían estarlo o bien porque no se les ha presentado una petición de ayuda para morir, o porque aún no han visto necesario inscribirse.
En el caso de Cataluña, el Colegio de Médicos de Barcelona se sumó a la formación impartida por el Departamento de Salud autonómico y por los hospitales. Así se puso en funcionamiento una comisión consultiva de expertos coincidiendo con la promulgación de la ley. "Damos información a todos aquellos facultativos que se ponen en contacto con nosotros y llevamos a cabo mesas de debate, entre otras actividades formativas", explica Josep Arimany, presidente de la comisión y director del Servicio de Responsabilidad Profesional y del Área de Praxis del Colegio de Médicos de Barcelona.
Las autonomías y el Gobierno tienen la obligatoriedad de publicar una vez al año informes con los datos básicos de referencia de la aplicación del derecho a nivel estatal y regional. No obstante, dichos documentos no se estarían divulgando en los tiempos establecidos. Asturias es una de las pocas comunidades que ha hecho público su resumen anual hasta el año 2022. Sergio Gallego, licenciado en Medicina y Derecho, es el tercer vicepresidente del Colegio de Médicos de Asturias y fue uno de los encargados de la redacción de la LORE. Según su experiencia, el motivo de las desigualdades se debería a que hay CCAA que le han dado mayor importancia a la ley o que se han preocupado más de la formación.
Gallego está seguro de que una deficiente formación implica un aumento de la objeción de conciencia: "Era una de las cosas que nos preocupaba, el proceso es complejo porque se trata de una ley muy garantista". El desarrollo de la prestación conlleva unos trámites rigurosos y "como no te hayan explicado toda la documentación, te hayan dado cursos formativos...Estoy convencido de que la objeción de conciencia aumenta y no por razones ideológicas", apunta el especialista.
Datos de objetores Desde el País Vasco aseguran que entre el resto de autonomías y Cataluña y Euskadi hay una "gran" diferencia, lo que influye en el acceso al derecho. "El hecho de que hayas nacido en un sitio u otro es muy determinante para que veas cumplido tu deseo de eutanasia", comentan. Para formar a los sanitarios se hizo un módulo on-line de cuatro horas sobre eutanasia, accesible para todos los profesionales del área de la salud. Más de 4.000 han accedido a él, de los que 1.500 lo hicieron antes de que comenzara la tramitación de la ley. "A ninguna comunidad le dio tiempo a establecer nada parecido, lo más que tenían era la posibilidad de consultar el Manual de buenas prácticas del Gobierno", asegura Quintas.
Ignacio Torres es presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación de Extremadura, la cual está constituida por un grupo de profesionales que se encargan de estudiar a fondo cada solicitud. En cada autonomía, este organismo tiene la última palabra en cuanto a la prestación se refiere. Torres reconoce la importancia de mejorar la formación en su comunidad, pero niega que no se haya hecho nada. "Los médicos que no saben nada de la ley o de cómo actuar frente a una solicitud no se han querido formar al respecto, porque oportunidades han tenido y tienen".
Desde Extremadura afirman que el Manual de buenas prácticas y los documentos legales se encuentran disponibles on-line para todos los facultativos extremeños. "Cuando se aprobó la ley, se pusieron en marcha en todas las áreas de salud sesiones clínicas de información, además de la formación continuada de la que se encarga la Escuela de Ciencias de la Salud", argumenta Torres. En contraposición, Elena exige una formación específica más allá de documentos.
Una prueba de que muchos objetores a la eutanasia son "por conveniencia", son las encuestas que, en 2019, antes de la regulación de la ley, se realizaron a más de mil profesionales sanitarios de Bizkaia, Tarragona, Las Palmas y Madrid. El resultado concluía que más del 70% de los médicos estaban a favor de una ley que regulara la eutanasia.
"La objeción de conciencia en Euskadi no es un problema, ocho de cada cien profesionales son objetores", explica Quintas. Asimismo, el responsable de la implementación de la ley en Euskadi expone indignado una vivencia personal. "Soy de Huesca, tengo amigos médicos, yo les cuento y ellos me cuentan, y en el País Vasco estamos a años luz de ellos". A finales de 2022, en Aragón se habían inscrito 1.077 profesionales médicos en el Registro de Profesionales Sanitarios Objetores de Conciencia para la prestación de ayuda a morir, la mayor parte de ellos médicos de atención primaria.
