La sala de consumo de drogas como catalizador en las políticas sanitarias y sociales.

La sala de consumo de drogas como catalizador en las políticas sanitarias y sociales.

(Drug consumption facilities as catalysers for welfare and public health policies. )

Enrique Ilundain.

Enfermero y antropólogo. Grup Igia, Barcelona

E-mail: enredur@arrakis. es

PALABRAS CLAVE: Políticas de drogas, Salas de consumo, Aspectos sociopolíticos.

(KEYWORDS: Drugs policies, Drug consumption rooms (Spain), Social-political aspects. )

página 1
 
[2/2/2004]


Resumen

Las salas de consumo de drogas ilegales, además de intervenciones novedosas desde la perspectiva de reducción de riesgos y daños, e independientemente de sus logros o fracasos en el plano técnico, constituyen per se escenarios en los que se ponen a prueba tanto la política general como las políticas específicas referidas al “problema de la droga” y a la asistencia a colectivos vulnerables. Escenarios generalmente de conflicto que contribuyen a clarificar los verdaderos contenidos tras los discursos ‘bienhablantes’ de la corrección técnica y, sobre todo, de la corrección política; que, también, obligan a resituar en un sentido de realidad cruda la sostenibilidad de intervenciones que surgen entre polémicas, y a justificarlas en público ante sectores de opinión vehementes tanto a favor como en contra.

Esta comunicación pretende analizar, a partir de experiencias de primera mano y documentos mediáticos, las coyunturas y conflictos políticos que han acompañado a la implantación de salas de consumo de drogas ilegales en varios países, con especial hincapié en las experiencias de Madrid, Barcelona y Bilbao, pero haciendo también referencia a otros casos, como los de Sydney, Ginebra o Vancouver. Y señalando cómo estas estructuras resultan representativas de los panoramas políticos, sociológicos y asistenciales en que nacen, que quedan retratados en ellas.

Abstract

Drug consumption facilities, beyond being innovative interventions in terms of harm reduction, and independently of their technical achievements or failures, reveal themselves as scenes where drugs policies, and general politics, are brought to trial. Scenes generally of conflict, that contribute to clarify the true contents under “well-speaking” discourses of technical correctness –and those of political correctness; that compel to relocate in a sense of crude reality the viability of interventions usually born surrounded by polemics, and to publicly justify them in the face of vehement, pro as well as counter, public opinion sectors.

This paper intends to briefly analyse, from first-hand experiences as well as from literature and media evidence, the political conjunctures and conflicts that accompanied the emergence of DCR’s in several cities, with a special focus on the cases of Madrid, Barcelona and Bilbao, but also in comparison among, and to, those of Sydney, Geneva or Vancouver as the most recently born premises in the international scope. Mainly to point out how these facilities come out as representative of the political, sociological and public health panoramas where they were born, and that remain portrayed by such centres.

Las primeras salas de consumo de drogas surgieron por primera vez en Holanda y Suiza en los años 80 (Wolf et al. , 2003; de Jong & Weber, 1999) como innovación desde la perspectiva conocida como reducción de riesgos y daños , en la que este país se considera uno de los pioneros principales; en los 90 se incorporó Alemania a esta corriente novedosa entre las políticas de drogas. Las salas pioneras surgieron de forma no oficial, a partir de iniciativas ‘militantes’ de profesionales que vieron la necesidad urgente de intervenciones que, más adelante, acertarían a discernir las autoridades a cargo de las políticas sanitarias y los representantes políticos.

Con el tiempo que ha pasado, y la escasa presencia en literatura internacional -en inglés- de estos eventos, entrevemos hoy que en el ambiente progresista de la época, la implantación de estas estrategias de intervención sólo llegaron a generar polémica en su tiempo en el marco local, aun estando bien integradas en un marco más amplio de intervenciones planificadas y coordinadas desde los organismos de salud pública. De Jong y Weber (1999) señalan la importancia del marco de las políticas locales en la previsión de éxito o fracaso para las salas de consumo de drogas como servicios sanitarios.

Actualmente vivimos una “segunda ola” en otros países, en los que se están implantando salas de consumo desde ópticas y panoramas políticos, sanitarios y sociológicos diferentes de los que vieron nacer las salas pioneras. Es interesante detenernos a analizar cuáles son los nuevos condicionantes para el éxito o fracaso de estas nuevas intervenciones, y para ello convendría realizar una sucinta comparativa de los procesos de implantación de diversas salas de consumo. He elegido como ejemplos internacionales los de las salas de Sydney (MSIC), Ginebra (Quai 9) y Vancouver (Insite), para después pasar a analizar en rasgos generales la situación sociopolítica de las salas de consumo en el Estado Español.

Salas de consumo de reciente implantación en Australia, Suiza y Canadá

Sydney, Australia

A finales de 1998, un grupo de presión integrado por profesionales, agentes sociales y algún representante político decidió establecer una “sala de tolerancia” (T-Room) en el sector de Kings Cross de Sydney, que concentraba el mayor volumen de muertes por sobredosis y transmisión de enfermedades por vía parenteral de la ciudad, del estado de Nueva Gales del Sur y de toda Australia (Wodak et al. , 2003). La apertura “militante” de este espacio, aun siendo de poca utilidad en su momento para los habituales usuarios de shooting rooms del barrio, sirvió como detonante de un movimiento que culminó en la definitiva tramitación, tras repetidos fracasos, de una ley de exención en el Parlamento regional (Parliament of New South Wales, 1998) para las salas de consumo e inyección de drogas ilegales. La primera sala de consumo de la ciudad fue gestionada por las Hermanas de la Caridad durante apenas unos meses, con el veto expreso de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (INCB) de la ONU, y se cerró tras la prohibición expresa a las monjas desde el Vaticano, por parte del cardenal Ratzinger, de seguir con dicho programa. A continuación, el programa se negoció y fue asumido por una organización socio-benéfica de la Iglesia Unitaria australiana, que ya había participado en las actividades de defensa de este centro.

La sala de consumo del Medically Supervised Injection Centre funciona desde mayo de 2001 –establecido como proyecto piloto con duración inicial prevista para cuatro años–, y cuenta con los mejores diseños de proyecto y evaluación públicamente disponibles de toda la literatura internacional sobre salas de consumo (MSIC Evaluation Committee, 2001 y 2003).

El proceso que llevó a la implantación de una sala de consumo en Vancouver está recogido de manera excelente en el excelente documental “Fix: The Story of an Addicted City” (Nettie Wild, 2002)1, una pieza que merecería la pena difundir en nuestro país.

Ginebra, Suiza

En diciembre de 2001 –poco después de la Primera Conferencia Latina sobre reducción de Daños, celebrada en Barcelona– se puso en marcha el “centro de acogida con posibilidad de inyección” Quai 9 en el barrio Grottes, y detrás de una estación de autobuses regionales. Era la culminación, al igual que en Sydney, de un largo proceso de concertación comunitaria, de negociación política y de debates parlamentarios. En este caso, en un proceso ejemplarmente pacífico y participativo, y ejemplarmente suizo, donde siempre se manejaron razonamientos y motivaciones pragmáticas en una dinámica sin estridencias.

Los excelentes informes de los gestores del centro, la organización Groupe sida Genève, dan fe de una extraordinaria sensibilidad tanto en la atención a la población drogodependiente como en su vigilancia constante hacia la integración del dispositivo en los entornos sociales tanto general como en la comunidad vecinal inmediata, e igualmente están disponibles a través de Internet (Groupe sida Genève, 2003).

Vancouver, Canadá

Se puede decir que la sala de consumo que actualmente opera en el Downtown Eastside es un mérito atribuible ante todo a los propios usuarios de drogas: es un logro “desde la base” como pocas experiencias desde las originarias en los basements de Amsterdam y Rotterdam, en Holanda. Tras una campaña de protesta desarrollada por la asociación VANDU (Vancouver Area Network of Drug Users) en relación a la situación de la enorme población drogodependiente de la ciudad, y principalmente por las impresionantes cifras de morbilidad y mortalidad a que se veían sometidos, surgió un clima de debate ciudadano centrado en la posibilidad de implantar el que sería el primer servicio de estas características de toda América. Durante un tiempo, entre diciembre de 2002 y abril de 2003, funcionó sin autorización una sala de consumo gestionada por la asociación.

Al mismo tiempo, los movilizadores del debate fueron Dean Wilson y Ann Livingston, líderes de VANDU, y el entonces alcalde conservador de la ciudad Philip Owen, que en poco tiempo dio un giro de 180 grados en su forma de entender el problema de las drogas… razón por la que su propio partido acabó desbancándolo de la candidatura para la siguiente legislatura municipal. Así y todo, la semilla que dejó este debate público y la movilización ciudadana acabó floreciendo con el siguiente consistorio conservador, que acabó por obtener una exención legal del parlamento regional y otorgar un presupuesto holgado. Igualmente, se ha aprobado una planificación más progresista para las políticas de drogas de la región de British Columbia, que está ganando adeptos día a día en los sectores políticos de las demás regiones canadienses (MacPherson & Rowley, 2001). La sala de consumo Insite fue inaugurada oficialmente el 15 de septiembre de 2003.

En cuanto a las salas de consumo en el Estado Español. . .

En estos ejemplos recientes hemos visto algunas de las características que De Jong y Weber (1999) ya señalaban como fundamentales para la sostenibilidad de servicios como las salas de consumo de drogas: se trata de centros implantado tras procesos de negociación comunitaria, y en los que se tuvieron cuidadosamente en cuenta tanto la misión de salud pública entre población consumidora de drogas como las cuestiones relacionadas con la preservación del orden público. Pero ante todo, la consolidación e integración de dichos centros deriva de un rasgo bien específico: se trató de procesos participativos, en los que muy diversos sectores y actores sociales (políticos, policiales, vecinales; comerciantes, profesionales y usuarios, e incluso religiosos) tuvieron ocasión de exponer y negociar las reglas de juego para que nadie se hallara agraviado por estas intervenciones de salud pública.

¿Cuál ha sido el caso para las salas de consumo en el Estado Español? Podemos adelantar que, hasta hace poco, muy distinto. No se puede decir que nuestras primeras salas de consumo hayan surgido como resultado de procesos “comunitarios”, de participación ciudadana democrática. Este hecho es, por sí solo, demostrador de la escasa garantía de sostenibilidad de las mediáticamente denominadas –sin jamás recibir enmienda tal uso, desde instancia oficial– “narcosalas” españolas.

Madrid: DAVE (poblado de Las Barranquillas)

La sala de consumo DAVE –Dispositivo Asistencial de Venopunción– se estableció en el poblado chabolista de Las Barranquillas en la primavera de 1999, como iniciativa de la Agencia Antidroga de la C. A. de Madrid, y con el pleno apoyo y apuesta personal del entonces presidente autonómico, Ruiz Gallardón, ante la sociedad y los medios de comunicación, pero también en contra de numerosas voces discrepantes en su propio partido y entre sus opositores políticos, y pese a las opiniones abiertamente contrarias del entonces alcalde de Madrid y del propio Presidente del Gobierno, José María Aznar, y su gabinete. Establecida según criterios muy similares a los planteados para la sala de Sydney, puesto que se trata de un servicio estrictamente medicalizado, de supervisión sanitaria de las prácticas de inyección de diez usuarios simultáneamente. No existe la menor posibilidad de cuestionar los procedimientos sanitarios ni la calidad de cuantas intervenciones que en su seno se llevan a cabo: se trata de un centro en que toda actividad se halla rigurosamente controlada y protocolizada, y correspondería a un tipo de sala de consumo cien por cien “formalizada”, o “especializada” según la sencilla clasificación de Wolf, Linssen & de Graaf (2003). 

Barcelona: EVA en Can Tunis (y otra sala de consumo en el barrio del Raval)

Algunos de los miembros del programa Can Tunis de Barcelona tuvimos ocasión de conocer en mayo de 2001 la experiencia del DAVE de Madrid y, empujados sobre todo por el entusiasmo del equipo y el empeño personal de nuestro médico, Dr. Manel Anoro, decidimos impulsar la creación de un espacio de consumo en este desdichado barrio barcelonés, aun a sabiendas de que no dispondríamos de ningún apoyo presupuestario por parte de la administración que subvencionaba el programa. Empezamos a gestionarlo bajo un simple entoldado de unos nueve metros cuadrados, en condiciones precarias y multiplicando las ocupaciones de los miembros del equipo sanitario. Cuando, con el tiempo, recibimos un nuevo autobús para nuestro programa móvil, decidimos destinar el antiguo furgón a sala de consumo… con lo que mejoraron sensiblemente los problemas y conflictos que hasta entonces habíamos padecido operando dicha intervención de reducción de daños en un espacio tan poco adecuado como una tienda de campaña.

Con todo, el EVA –Espacio de Venopunción higiénica Asistida, que puede albergar a cinco usuarios simultáneos– ha venido funcionando desde septiembre de 2001 con más pena que gloria, con enormes trabas y dificultades desde el propio programa y desde la administración pública, y actualmente está a punto de caer en paralelo al desmantelamiento inminente del barrio de Can Tunis. La historia edificante, aunque poco ejemplar del EVA de Can Tunis ya ha sido publicada anteriormente y descrita con más detalle: véanse Anoro et al. , 2003 (dos referencias).
Recientemente, desde noviembre de 2003, funciona en el barrio del Raval una nueva sala de consumo, gestionada conjuntamente por el Ayuntamiento y una ONG, con capacidad para un solo usuario, y que de momento se perfila como único dispositivo destinado a acoger la demanda de un espacio de inyección higiénica en Barcelona por parte de inyectores de drogas, tras la próxima desaparición del de Can Tunis.

Ambas salas barcelonesas, a diferencia de las de Madrid, Bilbao y el resto de ciudades del mundo que disponen de estos servicios, son perfectamente desconocidas para los medios de comunicación y el público general, aun a pesar de figurar en todos los “elencos” de salas de consumo conocidos entre la comunidad internacional de profesionales de drogodependencias. 

Bilbao: Centro de Consumo de Menor Riesgo

Gestionada por la organización Munduko Medikuak–Médicos del Mundo, y patrocinada por la Dirección de Drogodependencias del Gobierno Vasco, este centro, que acoge una sala de inyección con capacidad para seis usuarios simultáneamente y quizá próximamente acogerá la primera sala de consumo inhalado/ fumado del Estado, es sin duda un ejemplo a seguir sobre implantación según los principios establecidos internacionalmente (ejs. : “Consumption rooms as a professional service…”, 1999; Schneider & Stöver, 2002).

Los procesos de implicación con el vecindario, de la clase política de la C. A. de Euskadi, la coordinación con los servicios sociales y sanitarios y las organizaciones del campo de drogodependencias de su entorno, y las estrategias de planificación y evaluación diseñadas asientan las bases para un futuro realmente prometedor. Otro rasgo distintivo es que se ubica en pleno centro de la ciudad –a diferencia de Can Tunis y Las Barranquillas–, en ubicación accesible y normalmente visible para la mayoría de ciudadanos de Bilbao; conocida por el público a través de los medios de comunicación y con el pleno respaldo público de las administraciones – a diferencia de las salas barcelonesas–. El CCMR bilbaíno empezó a funcionar en noviembre de 2003, y cuenta con la asesoría de expertos suizos.

En las primeras salas de consumo estatales, de Madrid y Barcelona, se advierten algunos problemas fundamentales que pueden afectar a su sostenibilidad. El primero, es la ubicación de estas salas en reductos de marginalidad que tienden a cronificar las situaciones de marginación, de forma que acaban formando parte del entramado de alejamiento y exclusión de la vida social normalizada que en definitiva genera la mayor parte de los problemas que afectan a los drogodependientes. Esta no es una situación buscada, dado que el enfoque desde la reducción de daños que aconseja “salir a buscar al consumidor activo de drogas allí donde esté” hace que toda intervención de acercamiento tenga que implantarse en zonas de exclusión, donde el status quo ha inducido un conveniente “vacío de control” que mantenga bien apartados a los toxicómanos de los espacios del ciudadano “normal”.

Otro problema, derivado en buena medida de esta adaptación al estado de cosas, es que no ha mediado ninguna concertación social; no ha habido necesidad de negociar con vecindarios –quedando siempre claro que los de los barrios donde se venden drogas no son interlocutores políticos aceptables–, y ello la “imposible” participación de la población usuaria de drogas más marginal, principal destinataria de elección de estos centros, en función de sus circunstancias y sus modos de vida, deja la responsabilidad (planificación, ejecución, evaluación) de estas intervenciones únicamente en manos de técnicos y cargos de las administraciones, y sólo su interpretación de resultados es tenida en cuenta. Con lo cual, todo el proceso de actividad y evaluación viene a convertirse en algo así como un ejercicio de solipsismo.

Además, y centrándonos ahora en el caso de Barcelona, el ejercicio del secretismo y las consignas de silencio hasta hoy mismo habituales escamotean al público no sólo la existencia efectiva de las salas de consumo, sino también los argumentos que justifican su necesidad, y el conocimiento de sus beneficios para la salud del drogodependiente –que siempre es un ciudadano, y además hijo, padre, amigo, etc. , de otros ciudadanos que pueden tener interés en su supervivencia–, y para la salud pública y la seguridad, en general. Ocultar conscientemente estas intervenciones equivale a cometer la inconsciencia de negar oportunidades para la salud tanto al drogodependiente como al resto de la sociedad. Y, también, suponen un déficit democrático. En la mente de algunos profesionales de drogodependencias barceloneses permanece aún, imborrable, la expresión de un conocido político de la ciudad según la cual “hay ciertas cosas que no debe ver el ciudadano”.

Otra perla del mismo tipo de pensamiento la proporcionó el gerente de los servicios sociales de la ciudad cuando manifestó a la prensa que: “cuando desaparezca Can Tunis, desaparecerán los yonquis” (El Periódico de Catalunya, marzo de 2002).

Las salas de consumo de drogas ilegales, además de intervenciones novedosas desde la perspectiva de reducción de riesgos y daños, e independientemente de sus logros o fracasos en el plano técnico, constituyen per se escenarios en los que se ponen a prueba tanto la política general como las políticas específicas (en inglés, policies, en distinción de politics) referidas al “problema de la droga” y a la asistencia a colectivos vulnerables. Escenarios generalmente de conflicto que contribuyen a clarificar los verdaderos contenidos tras los discursos ‘bienhablantes’ de la corrección técnica y, sobre todo, de la corrección política; que obligan también a resituar en un sentido de realidad cruda la sostenibilidad de intervenciones que surgen entre polémicas, y a justificarlas en público ante sectores de opinión vehementes tanto a favor como en contra.

Las salas que contemplamos en el Estado Español contemplan, según todo lo visto hasta aquí, clasificaciones específicas desde la perspectiva de su integración sociopolítica. Podríamos calificar el DAVE madrileño como una iniciativa “tecnocrática”, muy en consonancia con el signo y la actitud política de la administración que lo sustentó. La sala EVA barcelonesa procede de una acción principalmente “militante” de apenas un puñado de profesionales que tuvieron que hacer lo que, por imperativos del entorno en que trabajaban, y de conciencia, ninguna administración ha estado dispuesta a apoyar o financiar oficialmente. La otra anónima sala de consumo barcelonesa responde quizá algo más a un impulso “tecnocrático”, si bien no ha seguido ningún criterio científico de los establecidos y publicados hasta fecha, y desde luego igualment carente de la valentía de un respaldo público, efectivo y decidido por parte de la administración.

Finalmente, la sala de Bilbao se constituye como un esfuerzo democrático, desde los planos de politics y policies simultánea y coordinadamente, para generar una iniciativa de salud pública con una razonable y necesaria raigambre en la sociedad. Vaya para los compañeros de Bilbao, y todos los actores y sectores sociales implicados en este estimulante proceso, nuestra más sincera y cordial felicitación. Desde allí están generando un nuevo espíritu, cosmopolita y racional, que ha de servir de ejemplo para las políticas de drogas en todo el Estado Español.

Pero no bastaría simplemente con generar nuevas “políticas”: sigue faltando un elemento de sostenibilidad fundamental para las estrategias relacionadas con la reducción de riesgos y daños, que consiste esencialmente en emprender reformas legales. Reformas que puedan incidir no sólo en el desempeño de intervenciones, sino también en la gestión de políticas de drogas con exigencia y control político y técnico de los resultados… e incluso, si no es mucho pedir, reformas que acaben cuando menos con la persecución legal al usuario de drogas, como generadora básica de muchos de sus problemas sociales que, inevitablemente, acabarán siendo también sanitarios. Aún hoy es el día en que muchas de las intervenciones más avanzadas en este sector de drogodependencias se sostienen únicamente sobre la existencia de lagunas legales y de una difusa tolerancia, por desinterés, de las autoridades que hacen “vista gorda” hacia actividades con poco encaje en la legalidad pero que se permiten como mal menor. Ya es tiempo de que se examine con lupa, y se convierta en foco de interés y escrutinio social y político, todo lo que se hace en drogodependencias.

Con todo lo aquí analizado, pretendo transmitir el mensaje de que las salas de consumo de drogas ilegales acaban resultando ser micro-representaciones de los panoramas políticos, sociológicos y asistenciales en que nacen. A partir de aquí, corresponde a cada lector decidir por su cuenta cómo esos entornos e instituciones sociales y políticos quedan retratados a través de las salas de consumo, y cuáles son los calificativos a aplicar según los casos.

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REPORTAJES TV

- “Me estoy quitando” (1999). Dirs.: Gran Wyoming, Pere Joan Ventura, Georgina Cisquella. Emitido: 19-12-1999. Telecinco, emisión estatal.

- “Al marge” (2001). Dir.: Óscar Pérez. Emitido: 1-6-2002. “Gran Angular”, TVE-2 Catalunya.

- “FIX: The Story of an Addicted City” (2002). Dir: Nettie Wild. Canada Wild Productions.