La Proposición de Ley General de Salud Mental española inicia su camino con notables desacuerdos entre legisladores y la Sociedad Española de psiquiatría, ya que en su opinión no evita la estigmatización, olvida los trastornos mentales graves y está más centrada en intereses sociales, económicos y laborales de la población, que en la prevención y tratamiento de los pacientes. La ley ha recibido múltiples alegaciones, lo que puede retrasar su publicación hasta principios del próximo año.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, aludió el pasado día 10 de octubre, coincidiendo con el Día Mundial de la prevención del suicidio, al documento marco de Estrategia de Salud Mental que tendrá en cuenta las necesidades de presente y de futuro, alineado con los principios del Plan de Acción Europeo en Salud Mental 2021-2025 que impulsa el Comité permanente de la OMS-Euro. Este plan contará con una dotación presupuestaria de 100 millones de euros en los próximos cuatro años, anunció el día anterior el propio presidente, Pedro Sánchez.
La estrategia, según recoge brevemente la nota del Ministerio, constituye el marco global dentro del cual se incluirán las distintas acciones que responden a una visión integral que combina prevención, diagnóstico y tratamiento de las personas con trastornos de salud mental.
Propuesta de Ley General de Salud Mental
Es concreto, la propuesta de Ley General de Salud Mental, presentada a finales de septiembre por el partido político Unidas Podemos, que cogobierna en coalición en España, hizo su entrada en el Congreso, en espera de ser votada en el Consejo Interterritorial y de tener en consideración o no las múltiples alegaciones que ha recibido y que podrían modificar la misma, además de dilatar algunos meses su publicación definitiva que se espera para principios del año 2022.
Si nos adentramos y analizamos el documento, donde se incluye el esbozo de la estrategia española de salud mental, aborda en su primer capítulo los derechos de las personas a la atención para los problemas de salud mental en el sistema sanitario de una forma integral con derecho a la prestación sanitaria, educacional y social, así como los derechos a la no discriminación y a la autonomía de la persona con problemas de salud mental.
También incide en el derecho a una información veraz y completa y a un consentimiento debidamente informado y contempla el uso de estrategias de voluntades anticipadas y el nombramiento de una persona referente elegida libremente que acompañe al paciente durante su recuperación.
Protocolo de prevención del suicidio
Un pilar fundamental lo constituyen prevención, detección precoz y atención a la conducta suicida, donde el Ministerio de Sanidad se compromete a elaborar un protocolo particular. También contempla mejorar la detección de estas ideas suicidas por parte de todos los profesionales sanitarios con una formación específica para la prevención del suicidio, así como la implementación de un registro de las tentativas de suicidio para contribuir a su mejor vigilancia epidemiológica.
Otro capítulo novedoso desarrolla la salud mental en la infancia y la adolescencia, lo que califica como una prioridad para todos los agentes sociales. Hay que recordar que hace pocos meses el Ministerio aprobó la nueva especialidad de psiquiatría infantil y del adolescente. Se trata de asegurar la accesibilidad al apoyo en la salud mental en el ámbito educativo. Contempla además las patologías que ocasionan las conductas adictivas por la utilización de las tecnologías de la información y comunicación, el ciberacoso escolar y otras. Se implementarán también programas específicos de prevención primaria y promoción de la salud mental en los centros de atención primaria, en centros educativos y en los servicios sociales, dirigidos especialmente a la población infanto-juvenil y sus familias, identificando y abordando factores de riesgo psicológicos y sociales.
Ratios de profesionales requeridos
Un artículo más profesional concreta las ratios mínimas de profesionales de salud mental que el Sistema Nacional de Salud debe garantizar un mínimo de 18 psiquiatras, 18 psicólogos clínicos y 23 enfermeras y enfermeros especialistas de salud mental por cada 100. 000 habitantes.
Otro artículo reseña las campañas de lucha contra el estigma que suponen estas patologías, aunque en este caso sin demasiadas precisiones.
Se recoge también el delicado tema de la atención libre de coerción y los tratamientos involuntarios, para posibilitar la regulación y tender a la eliminación de la contención mecánica y otras formas de coerción, farmacológicas o de otro tipo. Establece no proceder al ingreso en contra de la voluntad del paciente, salvo los supuestos restringidos y tasados en que lo determine una ley orgánica y siempre previa autorización judicial. Las comunidades autónomas, dentro de sus competencias, crearán registros centralizados para ingresos forzosos.
Programas para afectados por la COVID-19
El documento no se olvida de la pandemia que aún nos amenaza, incluyendo también un artículo específico para la atención de las personas afectadas por la COVID-19, con la elaboración de programas específicos para identificar patologías en salud mental derivadas de la pandemia. Promover estudios de investigación respecto la infección por SARS-CoV-2 y a la propia situación pandémica. Se comprometen a velar por que la atención y preservación de la salud mental de la población, especialmente de los colectivos más vulnerables.
Finalmente, se articula la Estrategia Española de Salud Mental, que es el instrumento para planificar y coordinar las actuaciones públicas en materia salud mental en cumplimiento de los principios y objetivos establecidos en esta ley, y tendrá una duración quinquenal, aunque será reevaluado bienalmente. Se crea también el Centro Estatal de Salud Mental, como órgano colegiado adscrito al Ministerio de Sanidad, al que corresponderá el asesoramiento técnico y la evaluación de las actuaciones públicas en materia de la salud mental en los ámbitos estatal y autonómico.
Posicionamiento crítico de la Sociedad Española de psiquiatría
Por su parte, la Sociedad Española de psiquiatría se ha mostrado muy crítica con lo plasmado en la Proposición de Ley General de Salud Mental y ante la admisión al trámite de la misma, trabaja en su posicionamiento de forma consensuada con otras sociedades científicas, pero ha creído conveniente adelantar algunas observaciones plasmadas ya en su página web.
El problema principal de esta propuesta de ley es que, de aprobarse, conseguirá lo que en teoría dice querer evitar: por un lado, la estigmatización de los trastornos mentales y de la salud mental frente a otras áreas de salud; por otro lado, al no distinguir entre síntomas y trastornos mentales se conseguirá la psicologización y psiquiatrización de fenómenos que nada tienen que ver con los trastornos mentales como los define la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Amnesia para los trastornos mentales graves
Manifiestan que en todo el documento no se habla de los trastornos mentales graves, que son los que ocupan el quehacer principal de la atención en salud mental de nuestro país y los que sufren las carencias del sistema en número de profesionales: recursos intermedios, listas de espera, plazas de hospitales de día y centros de rehabilitación, políticas de integración en la vida laboral, etcétera.
Además se citan continuamente los malestares psicosociales y los malestares de la vida cotidiana, continúa el texto de la Sociedad Española de psiquiatría, pero no se nombran ni una vez la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el autismo, las demencias o los trastornos obsesivos-compulsivos.
Asimismo, la Sociedad Española de psiquiatría cuestiona si esta ley busca realmente la prevención y el mejor tratamiento y cuidado de estas personas o se usa la terminología salud mental para otros intereses alejados de las necesidades reales de las personas y más cercanos a aspectos sociales, económicos y laborales del conjunto de la población.
Una ley plagada de apriorismos falsos
Es contundente al señalar que la ley está plagada de apriorismos falsos y contrarios a los datos y evidencia de años de investigación en este campo. Lo que no hace más que reforzar la idea de que esta es una ley más del ámbito de la filosofía y sociología que de los trastornos mentales; al menos como los entiende la OMS y el resto del mundo civilizado.
Señala también que se intenta dar la impresión de que los trastornos mentales son producto de problemas sociales, dando una explicación reduccionista a un problema mucho más complejo. Si fuera como aparece en el texto, los países más desarrollados tendrían menos trastornos mentales y esto no solo no es cierto, sino que en muchos casos es lo contrario.
En resumen, para la Sociedad Española de psiquiatría la propuesta de ley está impregnada de aseveraciones que provienen de terrenos alejados a la atención clínica de los trastornos mentales, y confunde sistemáticamente la respuesta adaptativa del ser humano a las dificultades o la mera aparición de síntomas (cansancio, descontento, preocupación, malestar, etc. ) con los trastornos mentales.
Se refleja una serie de aspectos específicos contenidos en los diversos artículos de la ley que ponen de manifiesto la discordancia entre el legislador y la sociedad científica, que evidencia imprecisiones y omisiones matizando y avalando sus comentarios con bibliografía contrastada y evidencia científica.
Equiparar la inversión a la media europea
Por último, las personas con trastornos mentales de este país necesitan que en los presupuestos generales del Estado se incremente la inversión en la prevención y tratamiento de los mismos, asimilándolos al menos a la media de la Unión Europea y que no se les estigmatice (ni a ellos ni a los profesionales de la salud mental) ni se les utilice para proponer leyes que conseguirán lo contrario de lo que en teoría se pretende.
