La salud mental es, para la Organización Mundial de la Salud, “un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad”. Forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y se ha convertido por fin, a raíz de la pandemia y quizás gracias a ella, en una prioridad social ineludible: así lo demuestran iniciativas políticas recientes como el plan de acción presentado por Pedro Sánchez el pasado 9 de octubre y la proposición de ley sobre salud mental cuya tramitacion fue aprobada por el Congreso de los Diputados el 28 de septiembre, y que servirá para incrementar de forma significativa el número de profesionales dedicados a la salud mental en nuestro sistema sanitario.
“La pandemia ha tenido consecuencias nefastas en muchos aspectos de la salud mental. Han aumentado las patologías asociadas al estrés, sobre todo los trastornos de ansiedad generalizada, los miedos patológicos al contagio y la fobia social, o los trastornos de conducta alimentaria, por ejemplo”, señala la doctora Arantxa Duque Moreno, directora del grado en psicología de VIU. Una crisis sanitaria cuyas repercusiones a nivel educativo, social, laboral, empresarial y de salud hacen que se empiece a hablar no ya de pandemia, sino de sindemia (un término que hace referencia al daño producido por la interacción de dos o más enfermedades). “Según un estudio del Consejo Nacional de psicología, un 40% de las personas ha sufrido síntomas de depresión moderados o graves, y un 30% ha presentado problemas de ansiedad. Además, un 50% puede desarrollar estrés postraumático tras la pandemia”, afirma Jordi Boix Baró, CEO de Psonríe. “La psicología no solo nos ayuda a aliviar y tratar una gran variedad de problemas y trastornos del comportamiento, sino que además nos prepara para acontecimientos vitales, nos ayuda a desarrollar nuestro potencial y entrenarnos a nivel emocional”.
Ya en 2018, un informe del Defensor del Pueblo instaba a solucionar de forma urgente las carencias de la atención pública en salud mental, que cuenta en España con una ratio de seis psicólogos por cada 100. 000 habitantes, tres veces menos que la media europea, de 18. Una deficiencia que puede llegar a ocasionar “el empeoramiento de muchas patologías mentales, por implicar largos intervalos temporales entre consulta y consulta que pueden llegar a ser de meses”, reclama Duque. Insuficiencias que, precisamente, pretende atajar una nueva ley que, impulsada desde Unidas Podemos, contempla alcanzar en un plazo de cuatro años una ratio mínima de 18 especialistas en psicología y psiquiatría, así como de 23 enfermeras por cada 100. 000 habitantes, garantizar unos tiempos máximos de espera, medidas de prevención frente al suicido y otras en el ámbito laboral y de la salud de los menores; aunque cuenta también con la oposición de la Sociedad Española de psiquiatría con respecto a algunas de sus aspectos.
Desafíos y oportunidades de futuro
Solucionar la carencia de profesionales pasa, necesariamente, por aumentar las plazas de psicólogo Interno Residente (PIR) convocadas cada año, y que son “claramente insuficientes para atender la demanda de los aproximadamente 200 especialistas que dejan la actividad profesional por razón de edad cada año. Se calcula que, desde 1999, se han perdido aproximadamente más de 2. 000 profesionales”, explica José Antonio Luengo, decano del Colegio Oficial de la psicología de Madrid. Aunque estas plazas de psicología Clínica han ido aumentando progresivamente a lo largo de la última década (de 136 en el año 2010 a 198 en 2020 y 204 en 2021), siguen siendo, a juicio de los expertos consultados, muy insuficientes.
Luengo señala, además, otro campo de batalla cuya reforma considera esencial: la presencia de psicólogos en el ámbito de la atención primaria, un proceso que ya se ha iniciado en algunas comunidades autónomas pero que “debe regularse y ampliarse de manera significativa” para responder “de manera precisa, preventiva y ajustada a las necesidades iniciales ligadas al malestar psicológico de las personas”. Una medida que, apunta, no solo aliviaría la importante carga asistencial que suponen los trastornos mentales para el sistema sanitario en España, sino que conllevaría un ahorro significativo en términos sociales y de costes. Mejorar el diagnóstico preventivo y de detección temprana “ayudaría a evitar que algunos problemas se cronifiquen, y detectar a tiempo otros que podrían evitarse”, cuenta Boix.
El PIR, no obstante, no es el único itinerario posible para los graduados en psicología, que pueden acceder al sector privado tras completar un Máster en psicología General Sanitaria (habilitante) y que disponen de un amplio abanico de posibilidades de especialización a través de posgrados en psicología Educativa, psicología Laboral, psicología Forense, psicooncología, neuropsicología o psicología en la infancia y la adolescencia, entre otros muchos campos. “Las repercusiones [de la pandemia] en los centros educativos difícilmente están pudiendo atenderse de manera proporcionada y equilibrada, por la irrupción cuantitativa y cualitativa de desajustes emocionales en el alumnado que se han puesto de manifiesto desde la incorporación de la actividad presencial”, esgrime Luengo. Una carencia que, denuncia, no tiene visos de solución a corto plazo, “con la importante consecuencia en la salud mental de niños, niñas y adolescentes, sin olvidar el impacto en el profesorado”. “La pandemia, además, ha hecho que aumenten los trastornos de conducta en la población infantil y adolescente”, apunta Boix.
En el entorno educativo, la atención psicológica puede “ayudar a mejorar los sistemas de aprendizaje de los alumnos y las metodologías de enseñanza de los profesores”, mientras que en el entorno laboral “tiene un papel cada vez más importante en la gestión emocional de directivos y empleados, para mejorar la productividad de empresas y startups”, argumenta Boix. “Los empleados más felices trabajan de forma más eficiente y generan un impacto positivo en las organizaciones”.
Para el decano de los psicólogos madrileños, este no es sino un ejemplo de unas insuficiencias que afectan a muchos otros colectivos, desde los entornos laborales al ámbito de la intervención en las poblaciones más vulnerables y desfavorecidas por razones sociales, culturales y económicas, en personas con enfermedad mental grave, discapacidad, enfermedad física grave y cronificada o en contextos de violencia de género. Un marco donde se sitúa también “la atención a la población infanto-juvenil, con especial relevancia en la etapa de la adolescencia; la respuesta a las necesidades de los mayores en situación de soledad no deseada; las situaciones de violencia o abuso; la exclusión social o las situaciones ligadas a una escasa esperanza de futuro”.
La atención psicológica ‘online’
La aceleración de la transformación digital impulsada por el coronavirus también se ha hecho notar en el campo de la psicología, donde la pandemia ha provocado un crecimiento del 200 % en el número de consultas online, según datos de Psonríe, una iniciativa surgida hace cuatro años con la intención de facilitar y normalizar la atención psicológica, reduciendo los costes, evitando los desplazamientos y facilitando la conexión del paciente, que puede hablar con su psicólogo desde cualquier lugar en el que se sienta seguro, ya sea por chat o por videoconferencia: “Hay mucha gente que lo necesita, pero que no da este paso por problemas económicos, falta de tiempo, vergüenza, prejuicios o porque no saben que tienen un problema”, cuenta Boix.
En este sentido, continúa Boix, la terapia online facilita el acceso a la misma de personas que viven en entornos rurales y con dificultades para acceder a un profesional, así como de muchos colectivos vulnerables como el LGTBI o las mujeres víctimas de violencia de género, “proporcionando un apoyo psicológico que es parte fundamental del proceso de desestigmatización de estos grupos”.
