Con el número de casos y fallecimientos en descenso pronunciado gracias a la vacunación, el abordaje de pacientes con secuelas a causa de la COVID-19 se ha convertido en uno de los temas centrales de discusión de la Comisión de Sanidad y Consumo gracias a una PNL presentada por el grupo Popular. Según defendía el texto de la formación, se instaba al Gobierno a crear a una estrategia de atención integral y multidisciplinar a los afectados por la pandemia de COVID-19 en el SNS en un plazo de seis meses. Sin embargo, el Congreso ha terminado por tumbar la propuesta al no poner de acuerdo a los socios del Ejecutivo en cuanto a la conveniencia de la iniciativa.
La portavoz popular en la Cámara, Elvira Velasco, ha expuesto así la situación de las personas que sufren de COVID persistente una vez superada la infección, “personas que han sufrido complicaciones posteriores a la fase aguda de la enfermedad, tanto relacionadas directamente, como las asociadas a las largas estancias hospitalarias”.
“Hablamos de unas 50 secuelas: fatiga, dolor de cabeza, disnea, pérdida de cabello, niebla cerebral, descompensación en el control de la presión arterial… casi la mitad sufren problemas respiratorios“, ha precisado. Según Velasco, debido a esta amplia variedad, “requieren de una atención con criterios de equidad, que no sea en función del código postal”.
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De cara a su buen abordaje, la diputada ha puesto de relieve la importancia de las Unidades de seguimiento post-COVID, en marcha en diversos hospitales. “Están realizando un seguimiento integral del paciente y además van a permitir recolectar datos que permitan descifrar su origen, actividad y duración, así como realizar ensayos clínicos para ofrecer estrategias farmacológicas eficaces y adaptadas a esta nueva realidad”, ha reseñado.
Secuelas en la Estrategia de Cronicidad
Desde VOX, Mercedes Jara se ha mostrado de acuerdo en lo primordial de establecer una atención post-COVID con idénticas características en todo el territorio nacional, si bien ha reseñado que esta habría de centralizarse en atención primaria, “que debe detectar estos casos y crear un registro de los mismos”. Al mismo tiempo, Jara ha señalado la necesidad de “implicar a los especialistas correspondientes y crear un registro nacional de pacientes con secuelas, pues del mayor conocimiento de este problema se pueden sacar conclusiones”.
Sin embargo, tanto socialistas como Podemos han rechazado la propuesta popular, enmendando la misma y apuntando a la actualización de la Estrategia de abordaje de Cronicidad del SNS para la mejora de la calidad seguridad y equidad en la atención del paciente crónico con especial atención a los pacientes afectados por COVID-19. “Lo que debemos plantear es seguir los consejos de la Comisión de Reconstrucción y considerar la sanidad como una inversión pública y no como gasto”, ha esgrimido la portavoz morada, Rosa Medel.
En última instancia, el grupo Plural se ha opuesto también a una propuesta al no ver “utilidad” en una estrategia estatal en este sentido, dado que las autonomías ya trabajan a este respecto “desde hace meses”. “Muchas CC. AA, como Cataluña, cuentan con Unidades post-COVID para atender a estos pacientes y trabajar en su rehabilitación”, ha subrayado Concepció Cañadell.
La conducta suicida, un consenso a medias
La Cámara Baja también ha albergado el abordaje y prevención de la conducta suicida a través de una PNL presentada por el grupo Socialista, cuyo contenido ya avanzó esta publicación. Aunque la proposición ha sido aprobada, los 19 votos a favor y 15 abstenciones -y ningún voto en contra- han evidenciado posturas aún distantes entre los diversos actores respecto a esta problemática de salud pública, a pesar de encontrar acuerdo en su fondo. De su parte, Ana Prieto, portavoz de Sanidad, ha remarcado que “el suicidio tiene todavía mucho de tabú social”.
“Con una predisposición ascendente a nivel global, es la décima causa de muerte en Europa […] En 2016 fue la segunda causa principal de muerte en la población de 15 a 29 años. En España, creció en 2019 un 3, 7% respecto al año anterior, según datos del Instituto Nacional de estadística (INE)”, ha referenciado Prieto. Además, el suicidio “tiene una enorme repercusión emocional social y económica en el entorno de las personas fallecidas”, ha añadido.
Así, la diputada del GPS ha señalado los retos a los que ya se enfrenta el Gobierno a este respecto, a los que se pretende dar respuesta enmarcados dentro de la actualización de la Estrategia de Salud Mental. “El objetivo es proporcionar una herramienta que permita mejorar la salud mental de la población y avanzar en la prevención y en la detección precoz de las conductas suicidas, en especial en la infancia y en la adolescencia”, ha expuesto.
“Es una situación a la que se enfrentan también las familias que sufren un suicidio, que sufren doblemente: el dolor de la pérdida y la incomprensión del entorno”, ha apoyado Guillermo Díaz, portavoz de Sanidad de Ciudadanos en el Congreso. “Creemos que un Plan Nacional de prevención para el suicidio tiene que contemplar medidas de sensibilización, información y concienciación“, ha añadido el diputado naranja.
Desde Podemos se han mostrado “contentos” con la PNL registrada por la incorporación de protocolos específicos y tenida en cuenta de recogida de datos. “Ello permite, posteriormente, llevar adelante estudios amplios que contemplen toda la constelación de factores que rodean a la conducta suicida”, ha señalado Medel, quien ha precisado la existencia de un metaanálisis de 55 estudios internacionales que indica que los trastornos mentales han aumentado durante la pandemia, así como las conductas suicidas.
“En la Comunidad Valenciana la demanda de ayuda psíquica aumentó durante la pandemia. Psicólogos sin Fronteras afirma que el 53% de las llamadas telefónicas que fueron recibieron habían sido remitidas desde el centros de salud y hospitales del sistema público valenciano que no podía atender esas demanda. Por eso consideramos que un servicio gratuito telefónico, atendido por profesionales de salud mental, es una medida concreta y eficaz, al igual que el resto de medidas que propone la PNL”, ha apuntado la portavoz morada.
Madrid como ejemplo, según el PP
Durante la primera jornada de investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, la lideresa regional avanzó el desarrollo de un Plan específico de prevención del suicidio en la autonomía, algo que ha sido rescatado por el también popular, Juan Antonio Callejas, como ejemplo a tener en cuenta a nivel nacional.
“Se pondrá en funcionamiento en 2021; da una fecha concreta, contiene estrategias de prevención y detección precoz, posee líneas de actuación coordinadas en todos los niveles asistenciales -primaria, hospitalaria y SUMMA 112- y plantea acciones en diferentes niveles, con atención a poblaciones de riesgo y vulnerables como recomienda la OMS”.
Además, Callejas ha subrayado la necesidad de ampliar las plantillas de equipos multidisciplinares para responder al desafío de la salud mental. “Nos hacen falta más psicólogos clínicos, más psiquiatras, y más enfermeras y enfermeros especializados. El Ministerio tiene que ampliar las plazas PIR, MIR y EIR”.
Según ha expresado el diputado del PP, las personas con tendencias suicidas necesitan una atención personalizada y un seguimiento continuo y prolongado en el tiempo. “Un tema novedoso es que hay que implementar el análisis de datos y Big Data para la prevención y la anticipación para las conductas suicidas”, ha añadido.
Dotación presupuestaria y trabajo regional
Por su parte, el grupo Plural ha valorado positivamente las medidas de prevención de la conducta suicida que señala la PNL y el hecho de hacerlo con las CC. AA. “No obstante este refuerzo de los equipos de salud mental y estas medidas de sensibilización e información las asumirían los sistemas sanitarios de las comunidades, por lo que entendemos que tendrían que ir acompañadas del correspondiente refuerzo presupuestario para poder atender correctamente estas necesidades y no profundizar más en la infrafinanciación de la sanidad”, ha apuntado Cañadell.
Un trabajo regional en el que también ha ahondado Xavier Eritja, representante en la Cámara del grupo Republicano, enfatizando el trabajo que autonomías como Cataluña vienen desempeñando en este ámbito y sus planes al respecto. “Más que el despliegue de la estrategia entendemos que lo que hace falta ahora es un trabajo previo de coordinación en todo caso”.
Así, Eritja ha incidido en el compromiso de Pere Aragonés como presidente del nuevo Gobierno de Cataluña para la creación de un Plan Integral de Salud Mental y Emocional, “que ha insistido en establecer como prioridad el fortalecimiento de los servicios básicos esenciales en este ámbito”. “Este Plan va a ser transversal y va integrar diversos departamentos del nuevo Ejecutivo para actuar de manera conjunta ante un incremento el año anterior de un 127% de casos vinculados a trastornos de ansiedad, un 33% de depresión y otros trastornos mentales y un 195% de casos de suicidio”, ha explicado.
Finalmente, el portavoz del grupo Republicano ha reflexionado en la importancia de reforzar la cartera de salud mental en la atención primaria como estrategia de salud comunitaria y de prevención. Además, ha apuntado que la PNL no recogía cómo se iba a financiar la estrategia. “Creemos que es importante marcar el hecho de que necesita un fondo para financiarse”, ha culminado.
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