El pasado 17 de septiembre el Congreso de los diputados admitió a trámite la proposición de Ley General de Salud Mental. Al exponer los motivos de esa ley se dice que “los servicios públicos de salud constituyen uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar”, afirmación con la que no puedo estar más de acuerdo. También estoy de acuerdo con que los recursos son insuficientes y con la necesidad de eliminar el estigma asociado a la enfermedad mental, aunque yo voy un poco más allá de lo que va la ley. El estigma no solo aparece al diagnosticar la enfermedad mental: el estigma impide los diagnósticos e impide aplicar los tratamientos adecuados.
Y estos son los únicos acuerdos que tengo con esta ley, ya que estoy con la Confederación de Salud Mental y con otros agentes sociales en que, tal y como está propuesta, la ley está mal planteada. Además, la salud mental debe estar dentro de una ley general de sanidad, como bien proponen la mayoría de los usuarios. El problema principal de esta propuesta de ley es que incrementa, sin quererlo, el estigma de la enfermedad. Y, además, no diferencia síntomas mentales de enfermedad mental, con lo que se corre el riesgo de generar yatrogenia.
Pero tenemos que trabajar con estos mimbres y en el ánimo de ser constructiva paso a señalar brevemente algunas de las cuestiones que en mi opinión deben modificarse.
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Hace bien la ley en reconocer el origen multicausal de la enfermedad mental, pero hace mal al poner en primer lugar el origen histórico. Hablar de filosofía está fuera de contexto y, además, la filosofía es debate y no opinión única. Banalizar la salud perjudica a los afectados. Pretender que el peso social (que existe en todos los parámetros de salud, como es muy bien conocido) es lo más importante en el origen de la enfermedad mental estigmatiza, discrimina y, sobre todo, es falso. El origen de la enfermedad mental de acuerdo a la ciencia es el producto de la interacción biológica, psicológica y social. La propuesta de ley ridiculiza en algunos momentos lo biológico, utilizando la palabra “biologicista”.
Sin embargo, son las personas vulnerables las que padecen más el impacto de los factores ambientales. Y el ambiente es desde el trauma infantil al consumo de cannabis y desde la soledad hasta los problemas en el pre y periparto. Nada de ello tiene que ver con la historia, salvo si incluimos como historia la vida personal y la vida social de los individuos, tal y como somos. Es llamativo también que no se aluda al consumo de sustancias, con el enorme peso que tiene tanto en el desarrollo de las enfermedades (de todo tipo) como en la mortalidad precoz, la resistencia a los tratamientos y la cronicidad.
Con respecto a la organización de los Servicios de Salud Mental, la proposición de ley hace afirmaciones que son simplemente erróneas. Dice que la Reforma Psiquiátrica organizó los recursos para disminuir sintomatología y nada más, fundamentalmente a través de tratamientos farmacológicos. Si acudimos a un centro de salud mental nos encontraremos allí con profesionales de diversos tipos, y ninguno de ellos prescribe solo tratamientos farmacológicos: empezando por los médicos psiquiatras, que de acuerdo al Real Decreto de formación están habilitados para hacer psicoterapia, y la hacen; siguiendo por los psicólogos clínicos, las enfermeras de salud mental, las asistentes sociales, los auxiliares y monitores y los administrativos. De 15 personas que puede haber en un centro de salud mental, solo 6 pueden prescribir fármacos; por no hablar de los hospitales de día, centros de rehabilitación comunitaria y otros, donde las proporciones de médicos suelen ser menores aún. ¿Pero acaso no se deben prescribir fármacos? Esos fármacos, autorizados por el Ministerio de Sanidad, tienen una eficacia probada y se utilizan de acuerdo con las guías clínicas.
Trabas para impedir las recurrencias
Pero la ley es osada y va más allá. Así como todas las guías clínicas hablan de prevención de recurrencias mediante prescripción farmacológica en algunos trastornos mentales graves, la ley previene contra esta práctica común en Medicina, conminando a la burocratización de la asistencia, debiendo enviar informes previos a dicha prescripción a “la defensoría de la persona con problemas de salud mental”. Poner trabas a un tratamiento que se asocia al mejor control de la enfermedad mental grave y, por ello, a menor riesgo de suicidio e, incluso, menor mortalidad general en enfermedades como la depresión, la esquizofrenia o el trastorno bipolar no solo es una temeridad, sino que supone una discriminación de la psiquiatría respecto al resto de las especialidades médicas.
La sociedad necesita más cultura de salud mental. Está claro que los políticos no son una excepción. La propuesta de ley pone en evidencia que está escrita por personas que no tienen la formación adecuada o que no han sido suficientemente asesorados. Esperemos que rectifiquen.
